La federación de la prensa critica la ley de secretos oficiales de Sánchez: «Es una amenaza al periodismo libre»

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha emitido este viernes una nota en la que critica la Ley de Información Clasificada que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros –y que sustituye a la vigente Ley de Secretos Oficiales– porque, algunos de sus aspectos suponen «una amenaza directa al derecho de acceso a la información y al ejercicio de un periodismo libre e independiente».

Desde esta entidad han respaldado el comunicado de la Asociación de Periodistas de Investigación de España (API), en el que manifiesta que si bien valora que «esta nueva norma suponga una actualización de la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968 —una legislación heredada del franquismo—, consideramos que algunos de sus planteamientos pueden suponer un riesgo para el ejercicio del periodismo y, en consecuencia, para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz».

«Uno de los aspectos más inquietantes de la nueva norma es la introducción de un régimen sancionador administrativo que contempla multas que van desde los 30.000 euros, en los supuestos considerados menos graves, hasta los 2,5 millones de euros en los más graves. Aunque esta vía sustituye a la penal —lo que en teoría representa un avance en términos de proporcionalidad—, en la práctica puede convertirse en un instrumento disuasorio para el trabajo periodístico de investigación, especialmente en contextos donde el acceso a información de interés público pueda chocar con la calificación de 'materia clasificada'», señala el texto de la API.

Así las cosas, la FAPE ha resaltado que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 preveía penas de prisión de entre seis y doce años para quienes difundieran o revelaran información clasificada como 'secreta'.

«Aunque claramente desfasada y contraria a los estándares democráticos actuales, dicha ley limitaba las sanciones a la vía penal. El nuevo enfoque administrativo, con sanciones económicas de gran envergadura, podría tener efectos igualmente intimidatorios, y más aún para medios independientes o periodistas autónomos con menos capacidad de defensa jurídica y económica», han agregado.

Además, el escrito manifiesta que «nos preocupa, además, la introducción del derecho a la libertad de información como mero criterio de graduación de las sanciones», dado que «este enfoque convierte un derecho fundamental en un atenuante, cuando debería ser un límite infranqueable en la ponderación del interés público frente a la protección de información clasificada».

Igualmente, se asegura que otra de las cuestiones que genera especial inquietud en la Asociación de Periodistas de Investigación es el amplio margen de discrecionalidad que el Proyecto de Ley otorga al Gobierno de Pedro Sánchez «para decidir qué información se considera clasificada». De esta forma, «según el texto planteado, el sistema se estructura en cuatro niveles –alto secreto, secreto, confidencial y restringido— y es el Ejecutivo quien, en la mayoría de los casos, determina qué documentos u operaciones quedan protegidos bajo estas categorías».

«Esta concentración de poder en manos del Gobierno para calificar la información, sin un órgano independiente ni mecanismos judiciales previos de control, plantea serios riesgos para la transparencia institucional. La posibilidad de que se utilice la clasificación como herramienta para impedir la publicación de informaciones incómodas o relevantes para el debate público representa una amenaza directa al derecho de acceso a la información y al ejercicio de un periodismo libre e independiente", han añadido.

Por consiguiente «la API reclama al Gobierno y al Parlamento una revisión en profundidad del texto durante su tramitación legislativa», debido a que «es imprescindible que se garantice la protección del periodismo de investigación como herramienta esencial de control democrático, que no se penalice el trabajo de quienes informan con rigor y responsabilidad, y que la nueva legislación respete plenamente los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública».