La mitad de los españoles cree que sería mejor cerrar el Senado que mantenerlo con sus funciones actuales

El 49 % de españoles considera que es mejor cerrar el Senado que mantenerlo con sus funciones y atribuciones actuales, frente a un 16 % que no lo cree y un 35 % que no está ni a favor ni en contra de suprimir la Cámara Alta, según la encuesta realizada por Target Point en mayo. Si se compara con lo que respondían los encuestados hace cinco años, el porcentaje de ciudadanos que estaban a favor de cerrarlo ha disminuido casi un 15 %: en marzo de 2020 aproximadamente seis de cada diez consideraba que era mejor cerrar el Senado, un 13 % estaba en contra, y un 24 % ni a favor ni en contra.

Atendiendo a la posición que mantienen los encuestados en función del partido al que votan, los electores de Vox son los más partidarios de cerrarlo (68 %), seguidos del bloque de los votantes de los partidos nacionalistas (55 %) y de los del PSOE (54 %) y Sumar (51 %). No hay mucha distancia respecto a los porcentajes del PP (45 %), Se Acabó la Fiesta (44 %) y Podemos (43 %). En 2020, una amplia mayoría de los potenciales votantes de partidos nacionalistas se posicionaban a favor de cerrar esta Cámara (84 %), y en el resto de partidos el porcentaje que tenía esta postura no bajaba del 50 %: el 66 % en el caso de Vox y de Podemos se mostraba a favor; el 57 %, en el caso de PSOE y PP.

Tal como recoge la Constitución Española en su artículo 69, el Senado es la Cámara de representación territorial. Esta y el Congreso constituyen las Cortes Generales. Se elige cada cuatro años. Desde las elecciones de julio de 2023 cuenta con mayoría absoluta del Partido Popular (120 senadores). Cada provincia designa cuatro senadores; en el caso de las islas, a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) le corresponden tres, y a Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, uno a cada una. En el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cada una elige dos.

Junto al Congreso, de acuerdo con lo que establece la Carta Magna, el Senado ejerce el poder legislativo y controla la acción del Gobierno. Así, recibe del Congreso proposiciones de ley y proyectos de ley y cuenta con un plazo de dos meses para aprobarla, introducir enmiendas al texto o vetarlo (por mayoría absoluta) para su devolución a la Cámara Baja, y también puede proponer textos legislativos. También analiza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que procede de la otra Cámara y puede presentar enmiendas al mismo. Respecto a la función de control, acoge sesiones de control al Gobierno, puede formular preguntas al Ejecutivo, solicitar comparecencias del presidente o de los ministros, aprobar mociones o impulsar comisiones de investigación, como las que hay abiertas sobre el caso PSOE o la dana.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, defiende su «papel clave en la visibilidad del proyecto del PP y en destapar las vergüenzas del sanchismo»

Como han denunciado los populares, en estos momentos hay una veintena de leyes aprobadas por el Senado que, sin embargo, permanecen bloqueadas en el Congreso. Pero además de ello, la formación de Alberto Núñez Feijóo viene recriminando al Ejecutivo su «desprecio» a la Cámara Alta por la recurrente ausencia tanto de Pedro Sánchez como de los ministros en la sesiones de control. El presidente del Gobierno lleva sin acudir desde marzo de 2024. Tanto es así que el PP ha presentado, y aprobado el pasado junio, una reforma del Reglamento del Senado para, entre otras cosas, obligar al jefe del Ejecutivo socialista a acudir al menos una vez al mes y someterse a las preguntas de la oposición.

«Frente a la anomalía democrática a la que pretende conducirnos el sanchismo, nosotros le respondemos con más Senado que nunca», subrayó Alicia García, la portavoz del Grupo Popular en esta Cámara, durante su intervención en el Congreso del partido. Y defendió que el Senado «ha tenido un papel clave en la visibilidad del proyecto del PP y en destapar las vergüenzas del sanchismo con una intensidad jamás vista en la historia democrática», defendió, al tiempo que denunció el «ataque despiadado» a esta Cámara desde el Gobierno.