El vestíbulo de la estación de Atocha durante una de las múltiples incidencias en el servicio
Recordatorio de Bruselas
La Comisión Europea pone al Gobierno ante su responsabilidad en el caos ferroviario y no descarta intervenir
El comisario de Transporte recuerda al Ejecutivo que debe velar por el cumplimiento del reglamento sobre los derechos de los viajeros y se reserva la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador
Si no son los incendios es una avería en la catenaria. O un robo de cable de cobre. O un problema en una locomotora. Los retrasos y las cancelaciones se han convertido en la crónica diaria del servicio ferroviario. Una situación que, este verano, el fuego ha agravado aún más. La circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia estuvo interrumpida casi una semana, entre el jueves 14 y hasta el miércoles 20 por la tarde, por la cercanía de las llamas a las vías en algunas partes del trazado.
El PP ha dado la voz de alarma en Bruselas ante lo que considera una «preocupante degradación de la red ferroviaria española» y una vulneración del Reglamento europeo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de mirar para otro lado.
Los populares quieren que las autoridades europeas tomen cartas en el asunto. Por lo pronto, su llamada de atención ha servido para que la Comisión Europea recuerde al Ejecutivo español su obligación de supervisar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/782 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril y «adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los viajeros». De no hacerlo, el Gobierno de Ursula von der Leyen se reserva la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra España.
Así lo hace saber el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en dos comunicaciones remitidas a la delegación española del PPE en el Parlamento Europeo, los días 6 y 8 de agosto, a las que ha tenido acceso El Debate. En ellas, Tzitzikostas advierte de que «una infraestructura ferroviaria segura y que funcione correctamente es una prioridad estratégica para crear sociedades sostenibles e inclusivas», recuerda que la normativa europea es muy clara y pone la responsabilidad sobre los hombros del Ejecutivo de Sánchez.
«La Comisión desea señalar a Su Señoría que, en primer lugar, corresponde a los Estados miembros y, en particular, a sus organismos nacionales de ejecución supervisar de cerca el cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/782 y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los viajeros», escribe el comisario europeo de Transporte Sostenible. Y añade, a renglón seguido: «En cuanto a la Comisión, supervisa de manera más general si los organismos nacionales de ejecución y los Estados miembros implementan y aplican correctamente las normas de la UE sobre los derechos de los viajeros, y puede decidir incoar un procedimiento formal de infracción contra un Estado miembro cuando no sea el caso».
Una de las dos respuestas enviadas por el comisario europeo de Transporte al PP
El pronunciamiento de Tzitzikostas trae causa de varias preguntas por escrito que le formularon los eurodiputados del PP Borja Giménez y Carmen Crespo. En una de ellas, Giménez denunciaba que la «reiteración de fallos técnicos» en la red ferroviaria española «afecta gravemente a los derechos de los pasajeros previstos en el Reglamento (UE) 2021/782 y podría poner en entredicho la adecuada gestión de la infraestructura ferroviaria». Que, como recordaba Giménez, está cofinanciada en parte con fondos europeos.
Ante ello, el eurodiputado español planteaba al comisario tres cuestiones muy concretas. Una, si la Comisión Europea considera que el Gobierno de España está infringiendo los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. Dos, si tiene previsto «exigir medidas correctoras específicas, incluidas responsabilidades técnicas o contractuales». Y tres, qué instrumentos tiene previsto activar para «garantizar que los pasajeros sean debidamente indemnizados y protegidos frente a estos fallos reiterados».
La respuesta del comisario Tzitzikostas no cierra la puerta a una intervención futura de Bruselas si el servicio ferroviario español sigue empeorando. Pero, por lo pronto, recuerda que es tarea de los gobiernos nacionales velar por el cumplimiento de la normativa europea. Que, entre otras cosas, obliga a las compañías a ofrecer a los viajeros avituallamiento y, en el caso de interrupción prolongada, un transporte alternativo para llegar a su destino. En los últimos meses, se cuentan por cientos los testimonios de pasajeros afectados por diversas incidencias que no recibieron ni una cosa ni la otra.
«Los administradores de infraestructuras nacionales (en este caso, Adif) deben disponer de las herramientas y los conocimientos necesarios para restablecer un funcionamiento continuo lo antes posible, de conformidad con los marcos reglamentarios nacionales y de la UE aplicables», señala también el griego.
Si los problemas ferroviarios continúan, como los populares están convencidos de que lo harán, presentarán nuevas iniciativas en Bruselas a la vuelta del verano. Según fuentes del PP en la Eurocámara, para que la Comisión Europea no pierda de vista el deterioro del servicio ferroviario y se implique más.
