Decenas de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo cerca del Puerto de la Restinga, en El Hierro
Canarias, Ceuta y Melilla activan el reparto obligatorio de menores inmigrantes tras el colapso en sus centros de acogida
El decreto que regula la distribución forzosa entra en vigor este jueves: hasta 3.000 menores no acompañados serán reubicados en otras comunidades autónomas. El sistema cuenta con el rechazo del PP y varias autonomías socialistas
A partir de este jueves 28 de agosto, Canarias, Ceuta y Melilla podrán solicitar oficialmente que los menores inmigrantes no acompañados que llegan a sus territorios sean trasladados a otras comunidades autónomas, tras la entrada en vigor del real decreto aprobado por el Gobierno, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se trata del mecanismo legal que pone en marcha por primera vez la llamada «solidaridad obligatoria» entre regiones, demandada con insistencia por el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, ante el colapso de su sistema de acogida. El decreto establece el umbral de capacidad ordinaria de acogida por comunidad, y activa una reubicación forzosa para aquellas regiones que superen tres veces su límite de plazas.
Durante el próximo año, está previsto que se trasladen alrededor de 3.000 menores no acompañados a comunidades autónomas menos saturadas. Todo ello tras la reforma de la Ley de Extranjería, aprobada sin el respaldo del Partido Popular y con la oposición activa de varias autonomías, incluso gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha.
Así funciona el nuevo sistema de reparto: por población, renta, paro e insularidad
El decreto aprobado por el Gobierno establece que las comunidades y ciudades autónomas que superen tres veces su capacidad ordinaria podrán solicitar la declaración de contingencia. Una vez aprobada por el Ministerio de Juventud e Infancia, los menores serán derivados obligatoriamente a otras comunidades con menor saturación.
La capacidad ordinaria se fija anualmente y se calcula según el siguiente ratio base: 32,6 menores no acompañados por cada 100.000 habitantes, aplicando un reparto proporcional en función de la población total a 31 de diciembre del año anterior.
Este umbral se complementa con otros criterios secundarios para determinar el destino de los traslados: Renta per cápita, tasa de paro, dispersión geográfica, esfuerzo previo, insularidad y situación fronteriza.
¿Cuántos menores puede acoger cada comunidad?
Según la fórmula aprobada, estas son las capacidades ordinarias fijadas por el decreto:
Este nuevo sistema de reubicación busca descargar a los territorios más afectados por las rutas migratorias, especialmente el sur y el entorno de las fronteras marítimas, y trasladar parte de esa presión a regiones con mayor capacidad estructural y recursos disponibles.
Canarias ya declara la contingencia: «No podemos más»
Este miércoles, el Ejecutivo canario fue el primero en mover ficha: la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, firmó la solicitud de declaración de contingencia migratoria al Ministerio de Juventud e Infancia, el departamento que debe aprobar cada solicitud para iniciar los traslados.
Canarias, que cuenta con una capacidad ordinaria de 737 plazas, acoge actualmente a un número muy superior de menores inmigrantes. El archipiélago ha sufrido una oleada constante de llegadas irregulares, especialmente desde África, lo que ha desbordado tanto los servicios sociales como las instalaciones de protección.
Ceuta y Melilla, al límite: presión migratoria insostenible
También Ceuta y Melilla han iniciado los trámites para acogerse al nuevo sistema. La situación en ambas ciudades autónomas es crítica:
Ceuta, con una capacidad oficial de apenas 27 plazas, atiende actualmente a más de 510 menores, lo que supone un exceso del 629 % sobre el límite fijado por el decreto.Melilla, por su parte, debería acoger hasta 84 menores según el nuevo marco (el triple de su capacidad de 28 plazas). Sin embargo, en la actualidad atiende a 175 menores, más del doble de lo que permitiría incluso la situación de contingencia.
La consejera melillense de Políticas Sociales, Randa Mohamed, denunció que la presión migratoria ha convertido la situación en «insostenible» y urgió al Gobierno a activar cuanto antes el mecanismo de reparto.
Baleares también estudia activar el decreto… pero para no recibir menores
Aunque según los datos oficiales Baleares no cumple con el requisito de haber triplicado su capacidad —establecida en 406 plazas, frente a los 700 menores que ya tutela—, el Govern está buscando una fórmula legal para evitar acoger menores procedentes de otras regiones tensionadas, especialmente de Canarias, Ceuta y Melilla.
La Abogacía de las Islas ya trabaja en la elaboración de un informe jurídico que permita a Baleares solicitar la declaración de contingencia migratoria, alegando que los Consells insulares, responsables de la protección de menores, soportan una sobrecarga del 1.000 %.
El PP y varias comunidades socialistas, en contra del reparto obligatorio
Pese a que el decreto ya es una realidad, el Partido Popular ha mostrado su oposición frontal al mecanismo de derivación obligatoria. También lo han hecho varias comunidades donde gobierna, al considerar que no fueron consultadas adecuadamente, que no tienen capacidad presupuestaria, o que no comparten la reforma de la Ley de Extranjería que sustenta esta medida.
Además, Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, también ha manifestado rechazo al sistema por considerar que no garantiza recursos suficientes para una acogida digna y sostenible de los menores.
