Varios inmigrantes menores en el polígono industrial cercano a la frontera de El Tarajal, en Ceuta
Los menores de Canarias, Ceuta y Melilla pasarán a la Península en los 15 días siguientes a su llegada
Baleares pide la contingencia migratoria para evitar le afecte el reparto de menores
Al Gobierno se le acumulan los menores a repartir entre las comunidades autónomas, excepto a Cataluña y País Vasco. Porque a los 3.000 menores que tiene pendiente de trasladar desde Canarias desde hace más de un año, se le suman los menores que lleguen a partir de este lunes a las Islas Canarias, a Ceuta y a Melilla y que no podrán permanecer en estos lugares más de 15 días desde su llegada. Es la principal medida que supone la declaración de contingencia migratoria que se aprobó para el archipiélago y para las ciudades autónomas el pasado viernes.
Y a todos estos hay que añadir los 1.000 solicitantes de asilo que el Supremo obligó a asumir al Estado el pasado mes de marzo y que todavía no ha cumplido el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que en aquella sentencia le dio tan solo 10 días de plazo.
El principal requisito que se ha establecido para aceptar la declaración de contingencia migratoria extraordinaria es que el territorio tenga el triple de menores acogidos de los que «en una situación normal» les correspondería, que está establecido en 32,6 migrantes por cada 100.000 habitantes. Y este requisito es cumplido por Canarias, Ceuta y Melilla.
El Ministerio de Juventud e Infancia declaró el pasado viernes, 29 de agosto, la contingencia migratoria en Canarias y en Ceuta y Melilla, tras la petición de estos tres territorios, de la que este martes se dará cuenta a una comisión interministerial liderada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, porque la declaración afecta a más de un territorio.
El problema de Baleares
Este mismo lunes, el Gobierno de Baleares ha solicitado que este otro archipiélago sea declarado también en contingencia migratoria extraordinaria. El problema es que Baleares no cumple los requisitos porque el Gobierno marcó como fecha para valorar la contingencia el pasado 31 de marzo y entonces la Comunidad Autónoma que gobierna Marga Prohens no alcanzaba ese criterio establecido.
Sin embargo, a partir de mayo, Baleares ha vivido una auténtica llegada masiva de pateras a través de la ruta argelina.
Ahí es donde Prohens pretende agarrarse a que, si bien el 31 de marzo no alcanzaba los parámetros mínimos, con esa llegada masiva de los últimos meses y las perspectivas que hay de cara al futuro, Baleares logrará esos requisitos mínimos.
Con esta petición de contingencia migratoria, lo que pretende Mallorca, más que que se lleven a los menores que acoge, es que el Gobierno central no les lleve más menores de los 3.000 que hay pendientes acoger en la Península desde hace un año.
La reubicación de los menores conllevará procedimientos individuales impulsados por las subdelegaciones de Gobierno de las comunidades de origen y que implican varios pasos, a los que el menor, la Fiscalía y la comunidad de destino pueden alegar antes de que se resuelva la nueva ubicación de cada menor, cuya tutela corresponderá a los territorios de destino.
A este sistema de reubicación se oponen diez comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, que han recurrido la reforma de la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional.