La Abogacía de Madrid confirma la petición de cuatro años de prisión para García Ortiz e inhabilitarle como fiscal general

Para el acusado Álvaro García Ortiz, «por ser el autor del delito previsto en el citado artículo 417.2 del Código Penal», de revelación de secretos, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) reitera su petición de una «pena de prisión de cuatro años, multa dieciocho meses a razón de 150 euros diarios, y suspensión de empleo o cargo público por tres años. Adicionalmente, pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado» cargo que ostentaba «al tiempo de la comisión de los hechos punibles».

Así ha respondido la Abogacía madrileña al juez instructor del Supremo, en la causa especial que se sigue contra "nada más y nada menos que el Fiscal General del Estado, la autoridad máxima del Ministerio Público, tras el plazo de tres días concedido a las partes personadas, una vez se confirmó el sobreseimiento del proceso para la inicialmente coimputada fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez.

Además, en el documento remitido al magistrado, al que ha tenido acceso El Debate, el ICAM insiste en la necesidad de cuantificar una «responsabilidad civil» derivada de la actuación de García Ortiz sobre la que, sin embargo, «en atención a los intereses de la profesión que ejerce la Corporación que representamos, y la naturaleza de acusación popular» no han querido pronunciarse en concreto.

«Lo que no implica que no apreciemos su existencia; quedando a resultas de lo que se interese al respecto» por el resto de las partes y, en especial, de los abogados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, como perjudicado directo.

Una vez más, como ya sucediese antes de verano, al término de la fase de instrucción del procedimiento que se sigue contra García Ortiz, la Abogacía madrileña insta al magistrado Hurtado para que «dicte auto de apertura de juicio oral contra el acusado D. Álvaro García Ortiz».