Sánchez decide por decreto ir al choque contra Israel

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió ayer ir al choque diplomático contra el de Benjamin Netanyahu, precisamente el día en que un español de Melilla era asesinado junto a otras cinco personas en un atentado en Jerusalén este cometido por dos terroristas palestinos.

La de este lunes fue una jornada maratoniana que comenzó con la declaración institucional del presidente anunciando un paquete de nueve medidas contra Israel como castigo por lo que calificó de «genocidio» y terminó con el Ejecutivo español llamando a consultas a su embajadora en el país, Ana María Salomón. Ello después de que el Gobierno de Netanyahu acusara de corrupto al de España y prohibiera la entrara en el país a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego.

Sumar, Podemos, Bildu, ERC y el BNG preferían la retirada de Salomón o directamente la ruptura de relaciones diplomáticas, pero habrían sido decisiones más drásticas y más difícilmente revocables. Los socios de izquierdas del presidente ya dejaron claro que no se conforman, aunque aplaudieron que el PSOE vaya por buen camino.

Parte de las decisiones que desgranó Sánchez irán el próximo martes al Consejo de Ministros (iban a ir al de hoy, pero quedan flecos), que aprobará un real decreto ley para blindar jurídicamente el embargo de armas a Israel y prohibir la compra venta de cualquier munición o equipamiento militar. «La historia no juzgará la indiferencia con matices. La historia va a ser implacable, y juzgará la indiferencia. España no puede ser cómplice de esta barbarie», advirtió el líder del Ejecutivo por la tarde, en un acto en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

De la proposición de ley al decretazo

A la coalición gubernamental le han entrado las prisas y ha decidido, otra vez, recurrir a la figura del decretazo (constitucionalmente reservada para casos de «extraordinaria y urgente necesidad») para introducir un cambio legal que comprometerá también a los gobiernos futuros. Inicialmente, la previsión del Gobierno era apuntalar la figura del embargo a través de una proposición de ley de Sumar, ERC y Podemos que fue admitida a trámite en el Congreso con el voto favorable del PSOE en mayo y que Sánchez y Yolanda Díaz acordaron impulsar en una reunión que mantuvieron en julio. Pero, a la vuelta del verano, el socio minoritario decidió que prefería el camino corto, el del Consejo de Ministros, y el presidente se lo concedió.

Varias de las medidas son de dudosa implantación y no menos dudoso alcance, a pesar de la solemnidad con la que el presidente prometió que España hará lo que esté en su mano para detener el «genocidio». «Esto no es defenderse, ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo indefenso y quebrantar todas las leyes del derecho humanitario», denunció.

Entre ellas, la de prohibir la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. El Gobierno de España no podrá impedir que Estados Unidos lo siga haciendo a través de sus bases en Rota y Morón de la Frontera. El Convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos estipula que la administración norteamericana no tiene por qué informar a la española del destino del armamento que hace escala en alguna de esas dos bases.

Tampoco está nada claro que el Gobierno de España pueda prohibir, por su cuenta y riesgo, las importaciones procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. Una medida que ya antes que Sánchez anunciaron los primeros ministros de Irlanda y Eslovenia, pero que en ninguno de los dos casos se ha materializado aún. No en vano, como recordó este lunes la exeurodiputada española Eva Poptcheva, la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea. El artículo 3.1.e del Tratado de funcionamiento de la UE.

«La UE mantiene un Acuerdo de Asociación con Israel, jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros, incluida España. Dicho acuerdo solo puede ser suspendido, total o parcialmente, en el seno de la Unión Europea, nunca por parte de un Estado miembro», recordó Poptcheva. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lleva meses reclamando a la UE que suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel, en cumplimiento de su artículo 2, que vincula su mantenimiento al respeto de ambas partes a los derechos humanos y a los principios democráticos. Sin embargo, sin éxito.

Por lo que respecta a la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes, este veto ya se viene aplicando, aunque de manera intermitente. El episodio más sonado se produje en noviembre, cuando el Gobierno denegó la escala en Algeciras de dos buques que, supuestamente, llevaban armamento para Israel. La Administración de Donald Trump reaccionó encargando una investigación a la Comisión Marítima Federal.

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo señaló que «Israel tiene que cumplir el derecho internacional» y que su actuación en Gaza es «inadmisible». Pero recriminó a Sánchez que en ningún momento haya exigido a Hamás la entrega de los rehenes.