García Ortiz activa la Fiscalía para legitimar la propaganda de Sánchez sobre el 'genocidio' en Gaza

Una instrucción «instrumental» para dar «apariencia de soporte jurídico» a lo que, en realidad, es «mera propaganda» del Ejecutivo socialista, aseguran los expertos sobre la última ocurrencia del procesado Álvaro García Ortiz que, este jueves, activaba la Fiscalía para investigar los presuntos delitos de genocidio que el Gobierno de Israel estaría cometiendo en la franja de Gaza contra el pueblo palestino. Para la mayoría de los expertos –exfiscales, ex magistrados penalistas y catedráticos de Derecho Internacional Público– se trata de un anuncio sin más recorrido que dar «cobertura» al anuncio político de Pedro Sánchez al boicot del Gobierno que dirige Benjamín Netanyahu.

No en vano, hasta la fecha, ninguna institución oficial ha declarado que se trate de un genocidio lo que, «desde un punto de vista técnico, no lo es», apuntan varios juristas. Sin restar gravedad a lo que está sucediendo en un conflicto armado que se prolonga ya durante dos años, la realidad es que «no se cumplen los requisitos previstos en Derecho Internacional» sobre las muertes de los civiles palestinos, que el grupo terrorista Hamás cuantifica en cerca de unos 65.000.

A pesar de ello y de que «ningún tribunal español tiene competencia para enjuiciar», si así se determinase, las atrocidades de la franja de Gaza, que en todo caso tendrá que decretar la Corte Penal Internacional (CPI), García Ortiz decidía poner en marcha la maquinaria para avalar los anuncios políticos de Sánchez, al respecto de la política internacional española, en el caso de Israel.

Es más, muchos de los expertos en la materia, consultados por este diario, suscriben que «difícilmente se podrá judicializar» una investigación que asumirá en primer término la fiscal de Sala de Memoria Democrática, y predecesora de García Ortiz en el cargo de fiscal general, Dolores Delgado. Ni siquiera aunque al equipo de trabajo se haya incorporado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Y es que, precisamente, el pasado mes de junio, era su propio Departamento el que rechazaba investigar al primer ministro israelí, Netanyahu, por crímenes de Lesa Humanidad en el asunto del abordaje al barco de una 'flotilla' similar a la que, hasta hace unos días, navegaba Greta Thunberg.

Sin embargo, también cabe recordar que fue el propio Alonso quien rectificó la postura de la Audiencia Nacional en la causa que se seguía, en su día, contra los Comités de la Defensa de la República (CDR) por terrorismo y que él mismo se encargó de rectificar y revocar la calificación dada por el fiscal asignado al caso, bajo su supervisión, tras las elecciones generales del 23-J.

Reunión con su homólogo palestino

Durante los últimos meses, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha venido haciendo hincapié en la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática que dirige su amiga y mentora Dolores Delgado. De hecho, en la inauguración del curso formativo La protección internacional de los Derechos Humanos, que tuvo lugar el pasado 2 de junio, en la Fiscalía General del Estado, en Madrid.

Una Fiscalía, dijo entonces del Departamento en cuestión, que «trabaja mucho para la gente, para que personas concretas, con actuaciones individuales, vean satisfechos sus derechos de justicia, reparación, garantía y no repetición», al tiempo que resaltaba la relevancia tanto de la formación como de la «especialización» en el Ministerio que todavía dirige.

En dicho contexto, García Ortiz hacía referencia expresa a la situación de Gaza, aprovechando la reunión de trabajo que minutos antes de la inauguración del curso había mantenido con su homólogo palestino Akram Al-Khatib, en la que ya le mostró su plena disposición a colaborar, y que se dirigió a los participantes de la jornada agradeciendo la solidaridad del pueblo español con el suyo.

García Ortiz estuvo acompañado, entonces, por la propia Delgado, así como por los fiscales adscritos a esta Fiscalía de Sala Virginia García Aller y Eduardo Navarro y la directora del Centro de Estudios Jurídicos y también fiscal, Laura Cambero.