El Observatorio contra la Violencia de Género informó al Gobierno en tres ocasiones de fallos en las pulseras antimaltrato

El escándalo surgido en torno a las deficiencias de funcionamiento en las denominadas pulseras anti maltrato no hace más que incrementarse. Tras conocerse las consecuencias sufridas por las mujeres víctimas de violencia, una vez cambiado el proveedor de la tecnología correspondiente por decisión del Ministerio de Igualdad, son cada vez más las entidades que insisten en que se informó al Gobierno de los riesgos, pero que también se alertó sobre los fallos que se estaban produciendo en la geolocalización de los agresores y en el volcado de dichos datos en tiempo real en el sistema Cometa, coordinado con los cuerpos policiales.

La última en sumarse a las advertencias ha sido la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del CGPJ Esther Erice, quien ha remitido una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en respuesta a la misiva enviada la semana pasada, a su vez, por ésta, en relación con los dispositivos electrónicos de control. En dicha misiva, Erice ha recordado que si bien la instalación de dichos terminales es una de las medidas de protección de las víctimas prevista por los órganos judiciales (y que las incidencias que se puedan ocasionar deben comunicarse al servicio competente de su gestión), no son ni los juzgados y tribunales, ni el Consejo General del Poder Judicial los encargados de fiscalizarlos.

En todo caso, Erice ha demostrado que las notificaciones sobre incidencias que recibieron en el Observatorio fueron «trasladadas a los organismos competentes» para «garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas». Y, así sucedió, explica la jurista, en varias ocasiones a lo largo de este mismo año.

El Observatorio elevó al Gobierno un total de dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia de Granada reportando diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante sendos oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente; y, lo mismo sucedió con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado al organismo adscrito al Ejecutivo el 27 de febrero de 2025.

Así las cosas, la cuestión relativa a los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos fue tratada «de forma exhaustiva» en la reunión del Pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año, tal y como ha recordado la vocal del Consejo del Poder Judicial.

«En el curso de dicha reunión», señala la carta, «intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse». En concreto, por parte del Observatorio «se interesó de quién gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas».

En esa misma ocasión, se dio cuenta por parte del Observatorio de la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, iniciativa que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo y de cuyo resultado está previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará previsiblemente octubre.

Será entonces cuando la institución ponga en conocimiento del resto de Administraciones de las conclusiones que sobre las disfunciones advertidas en el sistema, algunas de las cuales se alcanzaron en las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, aprobadas el pasado 25 de marzo y de las que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo siguiente dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Erice ha finalizado su carta confiando en que «la información aportada sea de utilidad para una mayor protección y seguridad de las víctimas» y reiterando «el firme y leal compromiso del Observatorio y del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la violencia de género».