Begoña Gómez mintió ante el juez: sí cobró por dar 22 horas de clase y dirigir el máster vinculado a su cátedra

Begoña Gómez mintió ante el juez, a través de su abogado, al negar que cobrara por encabezar su polémica «cátedra» en la Universidad Complutense, creada ad hoc para ella tras citar al rector de la institución a una reunión en La Moncloa, que también financiaba el sueldo del alto cargo que hacía gestiones en favor de sus intereses privados. Así figura en los documentos oficiales de la propia entidad académica que hoy publica El Debate, demostrativos de que sí tuvo ingresos.

La defensa de la esposa del presidente ha presentado ante el juez Peinado un recurso con el que intenta librarse del juicio con jurado popular por malversación alegando que «no cobró» por dirigir la Cátedra de Transformación Social Competitiva, el ‘chiringuito’ que montó en la Universidad Complutense de Madrid y cuyos negocios la han terminado por sentar en el banquillo de los acusados. Una afirmación que es una verdad a medias, pues, aunque no cobró de la cátedra como tal, pues es una entidad de carácter académico, sí que percibió dinero por su labor como docente y codirectora del máster que se impartía desde su propia Cátedra, de la que ella fue nombrada directora el pasado 30 de octubre de 2020.

De hecho, tal y como ha venido publicando El Debate en base a la investigación que ha estado realizando durante varios años, la esposa del presidente del Gobierno estuvo percibiendo diferentes cantidades de dinero desde que comenzó su relación con la UCM allá por 2012, cuando comenzó a formar a técnicos en «fundraising», el concepto que engloba el aprendizaje en la captación de fondos públicos y privados para entidades y ONG. Este curso se transformó en máster y con ello aumentaron sus ingresos, que en el curso 2019/2020 ascendieron a 9.575 euros.

Esta fue su gran puerta de entrada al mundo universitario, que se amplió en octubre de 2020, cuando se creó la Cátedra de Transformación Social Competitiva, mediante un convenio de colaboración con dos empresas relevantes, Reale Seguros y La Caixa, a través de su fundación, y el máster asociado a ella, pese a que no poseía un título oficial para ello.

Así, durante el curso 2020/2021 ya percibió 3.080,00 euros por impartir 22 horas de clases, más 2.300 euros por codirigirlo, a lo que hay que sumar los 140 euros que le abonaron por ser miembro de un tribunal que evaluaba un trabajo de fin de máster, pese a no tener ninguna titulación oficial.

Además, esta situación se prolongó durante un segundo curso, el 2021/2022, cuando Gómez cobró 3.640 euros por impartir 26 horas de docencia, –a 140 euros la hora–, volvió a participar en otro tribunal por 140 euros, y finalmente percibió 4.352 euros por codirigir el máster.

De esta forma, Begoña Gómez se embolsó 13.652 en solo dos cursos por impartir el máster que daba sentido a la cátedra que ahora la coloca en el banquillo, aunque la UCM siempre negó una relación «laboral» con ella, pero sí que reconoció los pagos que se efectuaron y la designó atendiendo a lo que la Universidad considera «casos excepcionales», pese a lo alegado por su abogado en el recurso presentado ante el juez.

De hecho, la UCM intentó justificar su fichaje amparándose en que llevaba «colaborando con la UCM desde hace varios cursos en tareas de organización, dirección y docencia de estudios de formación continua, conducentes a la obtención de un título propio de la universidad. De esa manera, su trayectoria profesional viene avalada por su labor en la UCM, haciendo innecesaria la acreditación documental de hechos ya conocidos».

Además, aunque en el curso 2022/2023 no se impartió dicho máster, Gómez sí que gestionó dinero de la cátedra, pues, tal y como publicó El Debate, la esposa del presidente firmó dos facturas imputadas a la Universidad Complutense, por un importe total de 42.348,79 euros, para desarrollar una herramienta tecnológica de atención a las pymes.

De hecho, esta herramienta contó con la participación de 150.000 euros aportados en especie por tres compañías privadas de primera línea a las que podría haber accedido gracias a su condición de esposa del jefe del Ejecutivo; Indra, a través de su filial Misait, Google y Telefónica. Precisamente, este es uno de los puntos sobre los que se sustentaría la acusación de un presunto tráfico de influencias.

A esto hay que sumar una licitación pública realizada por el propio Rectorado de la UCM para el «servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa», en la que la propia Gómez firma los pliegos técnicos de la contratación, desgranando cada una de las tareas que tendría que llevar a cabo la empresa adjudicataria, –Deloitte–, lo que le ha valido la imputación por un posible delito de intrusismo.

Begoña barajó convertir su cátedra en una empresa de consultoría

Es más, en el informe de la UCO de la Guardia Civil que analiza los correos que el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio intercambió con la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, se recogen consultas de la asesora a Doadrio, que este, a su vez trasladó al departamento jurídico de la UCM acerca de la posibilidad de que «la cátedra prestara un servicio de consultoría» a una empresa que pagase por ello.

La Complutense nunca respondió, pero la intención parece clara, convertir esta herramienta en un negocio con el que ganar dinero, y de ahí la idea de crear una web, que al saltar el escándalo fue clausurada, y también el hecho de que la propia Gómez crease una compañía con el mismo nombre que la plataforma de servicios para pequeñas empresas, Transforma TSC, lo que llevó al juez Peinado a imputarle un supuesto delito de apropiación indebida.

Sin embargo, en los documentos en poder de este periódico acerca de los objetivos de la cátedra no existe ni rastro de esta idea. En concreto, en la memoria de actividades del primer curso sí que se hace referencia al hecho de que «se pondrá en marcha y desarrollará la plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación, que facilite una aceleración dentro del proceso, que dará como resultado una maximización del impacto, la generación de nuevas oportunidades e inversiones», pero nunca la idea de convertirlo en un negocio.

De hecho, tampoco se refleja en el acta de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra celebrada en octubre de 2020, cuando se nombró codirectora a Gómez y explicó que el objetivo de la misma pasaba por implementar «programas formativos dirigidos a profesionales, tanto del tercer sector como en el sector privado».

Además, en este punto también hacía referencia a la creación de la plataforma tecnológica «de medición de impacto compatible para la gran y pequeña empresa, entre otras acciones que coadyuven a generar impacto social que propicie una verdadera transformación social competitiva», sin rastro alguno de que la posibilidad de crear una empresa al respecto con la que lucrarse, formando parte del programa de actividades de la Cátedra.

Gómez ya tenía en la UCM una coordinadora para las labores administrativas

Por otra parte, otro de los puntos alegados por la defensa de Gómez en su recurso ante el juez es que la asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada de malversación, mandó correos en nombre de la esposa del presidente, porque eran amigas y solo en labores de «auxilio administrativo» ya que «representan solo una mera parte mecánica de transcripción o traslado de mensajes dentro de toda la gestión administrativa realizada».

Sin embargo, lo que obvia el abogado en su recurso, es que en el entramado de la cátedra ya existía una persona que se encargaba de la coordinación de la misma y, por tanto, tenía labores administrativas. Se trata de Blanca de Juan que, en la relación de actividades realizadas entre enero y septiembre de 2023 que obra en poder de El Debate, figuraba como «coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid».

De hecho, la propia UCM ya trasladó al juez Peinado el pasado mes de mayo que la número dos de la mujer del presidente del Gobierno en la cátedra, Blanca de Juan, Coordinadora de la Cátedra, cobró del centro público universitario casi 19.500 euros por las citadas labores de coordinación y dar algunas horas de clase a los alumnos durante los dos cursos académicos 2020-2021 y 2021-2022.

Sin embargo, al igual que Begoña Gómez, nunca mantuvo ningún tipo de relación laboral con la universidad, sino que cobraba de la UCM con cargo al dinero que «autofinanciaba la cátedra», del que una parte procedía de las entidades privadas patrocinadoras.

De esta forma, toda esta serie de documentos desvelados por El Debate exponen a las claras algunas de las cuestiones que ponen en entredicho el papel de la esposa del presidente, pues aunque no cobró de la cátedra, que según establece el Reglamento de Creación de Cátedras Extraordinarias aprobado por la UCM en 2015 no dispone de personalidad jurídica y su gestión económica y presupuestaria solo corresponde a la Gerencia de la UCM, sí que lo hizo del dinero público de la Universidad tras impartir clases en ella; jamás mencionó a la UCM que pretendía montar una empresa a su costa; y pese a que ya tenía una coordinadora que cobraba de la Universidad por las labores administrativas, prefirió usar a la asistente de Moncloa, pagada con dinero público para todas estas labores.