La Complutense se negó a asesorar a Begoña Gómez sobre la venta de servicios de consultoría desde su cátedra

El informe confeccionado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos que el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio intercambió con la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, ha revelado cómo la colaboradora de la mujer del presidente del Gobierno mantuvo contacto con el centro académico, de manera directa y prolongada en el tiempo, al hilo de la cátedra de Transformación Social Corporativa que codirigía su jefa. Y, sin embargo, los resultados no siempre fueron positivos.

De hecho, de entre los 121 mensajes cruzados a lo largo de tres años que los agentes analizaron, a petición del magistrado Juan Carlos Peinado, se desprende cómo el intento de Álvarez por mantener una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM, para una solicitud de asesoramiento, resultó rechazada: «No podemos ofrecer asesoramiento a cuestiones o problemas que se les susciten a personas que no sean órganos de gobierno de la propia Universidad».

Sin bien los agentes no han sido capaces de identificar si, en un inicio, dicho encuentro fue planteado por la funcionaria o por la propia Begoña Gómez, sí señalan cómo fue Doadrio quien remitió la contestación «a Gómez y Álvarez, aunque en el cuerpo del correo se dirija únicamente» a esta segunda, en la misma fecha de la respuesta del gabinete técnico, el 2 de septiembre de 2022.

No se trataba de la única vez en la que tanto la mujer de Sánchez, como su asistente, como Doadrio se remitían correos en esta materia. De hecho, tres meses antes, era el propio vicerrector de Relaciones Institucionales quien se dirigía al Vicepresidente de Organización y Planificación de la Universidad planteado dos cuestiones: la primera de ellas acerca de «si la cátedra prestara un servicio de consultoría a »una empresa que pagase por ello; y, en segundo acerca «de la contratación de un profesor para abordar un tema específico».

Ninguna de ambas cuestiones tuvo recorrido alguno pero sí lo ha tenido ahora el hecho de que, en una nueva ocasión, la mujer de Sánchez fue la destinataria del mail de Doadrio, «manteniendo también como destinataria» a Álvarez, la funcionaria que, pagada con dinero público realizó, presuntamente, tareas dedicadas a favorecer los negocios privados de Begoña Gómez.

Así lo acredita la UCO a lo largo del informe policial que, este lunes, se entregaba al juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y en el que Álvarez se presenta como la encargada de las gestiones relacionadas con la cátedra de la esposa del presidente Pedro Sánchez en la UCM, de manera constante. La asistente de Gómez se implicó en la búsqueda de fondos, en las relaciones habituales con los patrocinadores, en el traslado de la información sobre las adendas de los convenios suscritos con algunas empresas vinculadas al proyecto académico, algunas de ellas pertenecientes al Ibex-35.

Un asunto para el que el magistrado instructor abrió una pieza separada en la que se investiga un delito de malversación de caudales públicos y en la que se encuentra imputada Gómez y su asesora junto con el delgado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín que, en caso de llegar a sentarse en el banquillo, serán enjuiciados a través de un tribunal popular.

Precisamente, en este sentido, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno ha presentado un recurso contra esta resolución del juez Peinado. Sostiene Álvarez que la decisión «desobedece» el criterio de la Audiencia Provincial, que negó «de manera expresa y tajante» que ella hubiera podido cometer el delito que pesa sobre ella ahora mismo.