El modus operandi de Begoña Gómez: borrado de «metadatos», «fraude» en los contratos de Barrabés y «gestiones» privadas de su asesora en Moncloa

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, recomendó a las empresas de su gurú de cabecera, y codirector de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Barrabés en varias adjudicaciones de la entidad pública Red.es que, de acuerdo con el diagnóstico de la Intervención General del Estado (Igae), ya en manos del juez Juan Carlos Peinado, estuvieron plagadas de irregularidades.

Un escenario en el que la situación procesal de Gómez, investigada en este asunto por un presunto delito de tráfico de influencias, se complica en un inesperado giro de los acontecimientos al que se suma el «fraude de ley» en las concesiones ganadas por Barrabés.

No en vano, según apuntan todas las irregularidades detectadas por el Igae, ente dependiente de Hacienda, aunque los pliegos de las licitaciones a las que se presentó el empresario aragonés no preveían la ponderación del valor de las cartas firmadas por Begoña Gómez, éstas terminaron por computarse como un elemento más, de carácter subjetivo, que mejoró la puntuación final de las UTE (Uniones Técnicas de Empresas) de Barrabés. Frente a ello, el resto de las ofertas sufrieron «instrucciones» negativas, mientras éste ayudaba a la mujer de Sánchez a impulsar su cátedra en la Complutense, asunto para el que ambos se reunían en La Moncloa.

Es decir, la intervención de Gómez adulteró el resultado inicial de unas concesiones que, ni por criterios económicos, ni de acuerdo con la solvencia técnica acreditada, favorecían inicialmente a las propuestas de Barrabés. Mientras tanto, el resto de los aspirantes recibieron una «actitud pasiva». De hecho, cerca de la mitad de ellos quedaron purgados ya en la primera ronda.

Por lo tanto, ha quedado en evidencia cómo el peso final de los criterios subjetivos a las candidaturas –en ausencia de un órgano externo que debió haber estado compuesto por un comité de expertos en la materia, que juzgase sin injerencias– benefició al gurú de Begoña Gómez en lo que la Intervención General del Estado califica como «un fraude de ley» con el que se forzó que la decisión final sobre cada uno de los proyectos, dotados en total con más de 10 millones de euros, se acordase únicamente por la entidad pública Red.es cuya dirección, cabe recordar, es designada por el propio Gobierno.

Borrado de «metadatos» en el proceso

Así las cosas, el informe de 303 páginas remitido por la Igae al juez Peinado pone de manifiesto las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de Red.es al empresario que confió, profesionalmente, en la mujer de Pedro Sánchez, y desvela el mecanismo de borrado que se utilizó, supuestamente, después para complicar la «trazabilidad» de los documentos que permitieron que las empresas avaladas por Begoña Gómez quedar regadas dichas adjudicaciones públicas.

«En los encabezamientos de los documentos previos figura el nombre del técnico que aparentemente los elaboró. Dichos documentos previos carecen de firma y sus metadatos han sido borrados, por lo que no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos, ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos que habrían sido quienes examinaron las ofertas asignando a cada oferta las puntuaciones que consideraron adecuadas, que no coinciden en determinados casos con las que figuran en el informe de valoración que se presentó en la Mesa de Contratación", reza el dossier planteado por la Intervención de Hacienda.

«Algunos de dichos documentos en los que no han sido borrados los metadatos parece haber modificaciones en fechas posteriores a la emisión de los informes técnicos y a la reunión de la Mesa de contratación en la que se efectuó la valoración de las ofertas. En uno de ellos, figura una anotación de la que parece deducirse que la valoración recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo», apostilla la Igae.

Un modus operandi, el borrado de los rastros relevantes, que se suma al borrado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos; y, al de la ex asesora de Presidencia que contribuyó a eliminar el rastro de las conversaciones en las que se pedía al ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que exhibiese un mail confidencial del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, si bien finalmente la imagen del mismo fue publicada unos minutos antes de su utilización política en la Cámara parlamentaria.

El uso particular continuo de la asesora

A la ayuda «irregular» prestada por Begoña Gómez al crecimiento en la facturación de su mentor Barrabés quien, a su vez, la respaldó en la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que ambos codirigieron en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), hay que sumar el revés recibido por la mujer de Pedro Sánchez, en su relación con el centro docente, de la mano de los mails aportados al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio, en la pieza separada en la que está imputada por malversación de caudales públicos.

En este caso, era un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) el que afloraba cómo la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, la funcionaria Cristina Álvarez, pagada con dinero público, se encargaba del «seguimiento» continuado, al menos entre abril de 2021 a junio de 2024, de las «gestiones» relacionadas con dicha cátedra. Lejos de los «favores ocasionales» con los que la mujer de Sánchez trató de justificar –en su última declaración– que la asesora figurase en reuniones, correos y comunicaciones con más de una decena de empresas implicadas en la financiación del proyecto educativo. Una ayuda que, sin embargo, a juicio de la Fiscalía no constituyó delito alguno.

Sin embargo, los agentes ponían sobre la mesa del juez Juan Carlos Peinado cómo Álvarez intervino en la captación de fondos, mantuvo contactos con los patrocinadores, más allá de la mera coordinación de la agenda de su jefa y «amiga»; y, participó de forma recurrente en el traslado de los convenios de colaboración firmados con varias empresas del Ibex 35, sobre los que solicitó adendas y modificaciones. Y, todo ello, desde su propio correo corporativo pero, también, desde la cuenta habilitada a Begoña Gómez por la Universidad Complutense en los que, sin embargo, estampaba su propia firma.

En todo momento, además, redactaba las comunicaciones en primera persona del plural: «Me pongo en contacto con usted para ofrecerle», «quedamos a la espera», «espero que esta propuesta le resulte atractiva» o «creemos» que su empresa «sería una candidata ideal»,... Y, así, hasta con una decena de compañías entre las que se encontraban Mercadona, Reale, Google, Mindway, la Cámara de Comercio de España, la Fundación Once, Pacto Mundial Red Española, Indra, Human Age Institute, CEAP, KPMG o Caixabank.