La UCO acredita que la asistente de Moncloa trabajó para los negocios privados de Begoña Gómez

El atestado presentado por los agentes del Grupo 3 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Juan Carlos Peinado no deja lugar a dudas: la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, trabajó de manera recurrente para los negocios privados de su jefa y «amiga». Cabe recordar que ambas están investigadas por un delito de malversación de caudales públicos.

Así se desprende del informe policial al que ha tenido acceso El Debate y que, como ya había adelantado en primicia, se refiere al análisis de un total de 121 correos, de los 235 iniciales que fueron cribados, intercambiados por Álvarez con el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, al que reportaba de manera habitual y frecuente, durante el tiempo en el que la mujer de Pedro Sánchez era directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva en el ente académico.

Entre todas las comunicaciones ordeñadas por la UCO, ubicadas entre los días 16 de marzo y 12 de junio de 2021, se encuentran tanto los mensajes de «entrada como de salida» de Doadrio «en su interacción con la cuenta de correo» de gmail manejada por la asesora Cristina Álvarez y «vinculada a su nombre de contacto», confirman los agentes. «Si bien, no se tratan exclusivamente de comunicaciones entre ambas personas, sino que en su mayoría participan también otros interlocutores emisores y destinatarios, tanto de manera directa como en copia- con implicación en los asuntos que en ellos se tratan» y en las que también intercedería la cuenta de correo asociada por la Complutense a la propia Begoña Gómez, bajo la nomenclatura «Begoña Gómez Fernández.Fundraiser».

En todas ellas la materia tratada , en cuestión, será «la cátedra» dirigida por la mujer de Sánchez y las «funciones desempeñadas en primera instancia» por su asistente de Moncloa, al respecto de las mismas, vinculadas a la búsqueda de fondos, para la financiación de la misma, contactos con los proveedores -entre los que se encontraban empresas como Reale, Mercadona, Caixabank y diferentes empresas del Ibex35-, así como los cambios, adendas y formalización de diferentes convenios suscritos con otras entidades como, por ejemplo, la Cámara de Comercio o la Fundación ONCE.

«Buenas tardes Juan Carlos: A continuación, te adjunto el documento que nos ha pasado Mindway, y que te he comentado por teléfono para firmar con la Cátedra. Lo vemos muy extenso cuando la UCM ya tiene algo firmado con ellos. Queremos algo que sobre todo deje constancia, en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC y por otro lado que no pueda utilizar los contenidos, la generación de videos, píldoras. ejercicios ni estructura del Máster en caso de rescisión o resolución de contrato por cualquiera de las partes, incluida la UCM. Un cordial saludo y quedo a la espera de un documento. Mil Gracias. Cristina Álvarez», escribía la asistente de Begoña Gómez al vicerrector de la UCM, en febrero de 2022.

Un patrón que se repitió en el caso de Google, empresa que se vio concernida en los trámites necesarios para poner en marcha el software de la cátedra de Gómez y en cuya gestión fue la propia Álvarez la responsable de solicitar a Doadrio la designación de un interlocutor válido entre el centro formativo y la compañía.

No sería la única vez en la que la asistente de Begoña Gómez intervino entre Google y la UCM, sino que los agentes han contabilizado cuantiosos mensajes con motivo, por ejemplo, del «sponsorship agreement» suscrito entre ambos entes. Al igual que sucedería en otros ejemplos como Indra o el Centro Nacional de Información sobre la Evolución Humana (CENIEH) que se interesó por la actividad de la cátedra de referencia y en la que la respuesta remitida por Begoña Gómez incluía, también, a su asesora Álvarez.

En contra de la versión aportada por Gómez sobre que se trató de «favores» puntuales de Álvarez, en su última comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, los agentes han puesto sobre la mesa que el «seguimiento» era una constante. Por ello, hoy mismo, el magistrado también ha ordenado requerir los e-mails del África Center, dependiente del Instituto de Empresa (IE), en los que presuntamente habría intervenido la funcionaria de Moncloa que está imputada por malversación en la pieza separada de la causa principal que, en caso de prosperar, será enjuiciada por un tribunal popular.