¿Por qué es imposible la reforma constitucional del Gobierno sobre el aborto?

Un brindis al sol. La última propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para desviar el foco de atención de los asuntos que salpican de corrupción al Ejecutivo y al PSOE, pasa por iniciar los trámites de una reforma imposible de la Constitución con la que, presuntamente, se trata de blindar el aborto, pese a que actualmente ya está regulado en la denominada 'ley Aído' que el Tribunal de Garantías declaró ajustada a nuestro ordenamiento.

El relato oficial es que el aborto ha de quedar protegido frente a las iniciativas legislativas si la 'derecha' llegase al poder, pero lo cierto es que el nuevo proyecto socialista no saldrá adelante, porque no cuenta con el respaldo de una mayoría agravada suficiente, en tanto en cuanto la aritmética parlamentaria exige que el Partido Popular (PP), como mínimo, apoye una iniciativa que no está dispuesta a avalar.

Por el momento, todo se reduce a un acuerdo del Consejo de Ministros y un anteproyecto de reforma, tal y como han anunciado en la rueda de prensa posterior al mismo, de este martes, las titulares de las carteras de Igualdad, la reprobada Ana Redondo, y de Sanidad, Mónica García. Sin embargo, ambas son conscientes de que más allá de la cortina de humo, la tramitación es tan complicada como inviable: tiene que pronunciarse el Consejo de Estado con el preceptivo dictamen -si bien este es consultivo y no vinculante-; y, posteriormente, habrá de sortear la aritmética de las Cortes Generales en las que no podrá prosperar sin sumar los votos de los populares que ya han mostrado su rechazo.

Y es que, de acuerdo con los mecanismos previstos para su modificación, la Constitución exige alcanzar unas mayorías cualificadas, frente a la mayoría simple habitual, en cualquiera de las dos vías previstas que, sin los de Alberto Núñez Feijóo, es inviable por mucho que los de Sánchez hayan insistido en que se trata de una inclusión expresa de la «interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43, relativo a la protección de la Salud». La ocurrencia incluye ampliar el apartado 3 de dicho ítem de forma que se imponga a las Administraciones la obligación irrevocable de garantizar el derecho al aborto, gobierne quien gobierne en el Estado, en los diferentes estratos.

Cabe recordar que este argumento es una reinterpretación de una idea que ya volcó Sumar en el debate público, en 2024, y que, precisamente, el PSOE rechazó en aquel momento ante la falta de consenso suficiente, entre los socios parlamentarios y la aritmética del Congreso, para sacarla adelante con éxito.