El Gobierno pierde la batalla legal contra los jueces que investigan la corrupción socialista

Nulidades, recursos, recusaciones y expedientes disciplinarios del CGPJ. El Gobierno de Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, lo ha probado todo, hasta la fecha sin éxito, en su intento por desacreditar la labor de los jueces y magistrados que se encargan de investigar las causas de corrupción que salpican al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno. La última entrega, el escrito con el que la Fiscalía, este mismo jueves, ha salido una vez más en defensa de su mujer, Begoña Gómez, para oponerse a que el juez Juan Carlos Peinado continúe, durante seis meses más, las pesquisas que la han dejado al borde de ser enjuiciada por un tribunal popular.

Así las cosas, la resolución por la que esta misma semana, el instructor del caso de prorrogar, hasta abril de 2026, las diligencias abiertas contra Gómez por cinco presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos, ha sido impugnada por el Ministerio Público al entender que, siendo una causa prevista en la modalidad del jurado popular, no está sujeta «a las limitaciones de los plazos» de instrucción; si no que tiene «sus propias especialidades y secuencias probatorias de acuerdo a la ley reguladora».

Y es que, tras el aval de la Audiencia Provincial de Madrid (APM) a que el juez Peinado continúe con las averiguaciones necesarias para acreditar la presunta malversación cometida en la utilización de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para sus asuntos profesionales privado de la mujer de Sánchez, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decretaba la continuidad de la causa durante medio año más, con el fin de garantizar que se recibirá toda la información pendiente.

Contra las quejas de Félix Bolaños

De hecho, fue la misma APM la que dio el visto bueno a que, en el marco de las pruebas que se están practicando en torno a Begoña Gómez, Peinado citase a declarar como testigo al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Un revés legal que, de nuevo, y en contra del relato oficial del Gobierno sobre los excesos del magistrado madrileño, calificó de «necesario, útil y pertinente» dicho interrogatorio por cuanto como ex secretario general de Presidencia fue el superior jerárquico responsable de la asesora Álvarez. Si bien los magistrados de la Sección 23 del órgano supervisor entendieron que dicho trámite se pudo, también, efectuar por escrito, valoraron la «adecuada» «inmediatez» de la práctica presencial del mismo sobre el que, dejaron claro, «nada» se puede objetar.

No era la primera vez que Bolaños trataba de afear el trabajo del juez Peinado. De hecho, el Ejecutivo socialista reconoció, en septiembre de este mismo año, que había presionado al Consejo General del Poder Judicial para que le expedientara, previa apertura de las correspondientes diligencias informativas, por su investigación a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Y lo hacía en boca del propio titular de Justicia al asegurar que le «preocupan las actuaciones judiciales incomprensibles» e instando a que el CGPJ «resuelva, cuanto antes» sus quejas contra el magistrado. Una posición ante la cual jueces de todas las sensibilidades volvían a exigir respeto y moderación al poder político, en sus críticas a la labor de sus compañeros.

El «fraude de ley» del hermano

Tampoco corrían mejor suerte las maniobras con las que el Partido Socialista de Extremadura trataba de sustraerse a la acción de la Justicia ordinaria, aforando, de manera exprés, y en un claro «fraude de ley» al secretario general del partido regional y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, tras la renuncia de cuatro diputados de la lista electoral.

La maniobra, orquestada con el objetivo de arrastrar ante el Tribunal Superior de Justicia tanto a Gallardo como a David Sánchez, hermano pequeño del presidente del Gobierno, para ser juzgados por sendos delitos de prevaricación y malversación, fracasó, devolviendo la causa penal a la instructora, la juez Beatriz Biedma, a la que tanto las asociaciones judiciales, como el TSJE, como el CGPJ defendieron en bloque, tras los bulos y las presiones recibidas por su decisión de procesar al 'hermanísimo'.

Y es que, en su caso, no sólo los tres magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del organismo judicial superior avalaron su instrucción, sino que, de paso, cargaron con dureza contra quienes habían tratado de usar las instituciones en su propio beneficio. «Aforamiento no es impunidad», afearon al PSOE y al propio Gallardo quien, incluso, se permitía asegurar que la jueza «busca promocionarse a mi costa» con la intención de «no perder el goloso caso del hermano del presidente del Gobierno».

El Supremo, en el punto de mira

En la misma línea del relato separatista, durante el juicio celebrado contra la causa especial del 'procés' de Cataluña, el Gobierno ha ido cargando las tintas del relato del lawfare, también, contra los dos magistrados del Supremo que se han puesto al frente tanto de la instrucción contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como de la trama PSOE que mantiene la lupa sobre las andanzas de tres de los que fueran hombres de confianza de Sánchez: José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán.

Así las cosas, tanto el juez Ángel Hurtado, primero, como más recientemente Leopoldo Puente, se han sumado a la lista de profesionales en el punto de mira de un Ejecutivo que, una y otra vez, señala a los instructores incómodos para las causas que salpican de corrupción los aledaños de La Moncloa y Ferraz.

Si el pasado mes de junio era el turno del juez Hurtado, tras dictar el auto de procesamiento contra el titular de la Fiscalía que «de quién depende», de Sánchez, en base a los indicios racionales de criminalidad que planean sobre la presunta revelación de secretos en la que incurrió García Ortiz con el propósito de «cerrar el círculo» y «ganar el relato» al novio de Isabel Díaz Ayuso; ahora, le ha tocado a su compañero de la Sala Segunda de lo Penal, Leopoldo Puente.

No en vano, el Gobierno que cargó las tintas contra Hurtado por estar «haciendo cosas difíciles de entender» o cargar las tintas contra una resolución de «aurora boreal», ha salido en tromba, en las últimas horas, contra el «estupor» manifestado por Puente, en su última resolución, sobre el hecho de que un imputado, como José Luis Ábalos, pueda seguir ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados, con capacidad de legislar y ejercitando la acción del Ejecutivo del que ha formado parte. Una observación que desencadenaba la amenaza de 'recusación' del magistrado, pese a los nulos visos de prosperar que tendría el intento.