Sánchez ignoró a sabiendas la Ley de Seguridad Nacional durante el apagón como ya hizo con la dana y los incendios

Tenía la obligación de activar una respuesta nacional ante lo que él mismo definió legalmente como catástrofes bajo su mando y, sin embargo, por tres veces ignoró su responsabilidad y prefirió esperar a que evolucionaran los acontecimientos. Lo hizo con la catástrofe en la Comunidad Valenciana, con los incendios que asolaron media España en verano y, tal y como demuestra este periódico documentalmente por primera vez, con el gran apagón que dejó España en negro la pasada primavera.

Tres graves sucesos han marcado a España en el último año. Una dana catastrófica segó la vida de más de 200 personas hace un año; un apagón sumió al país en el caos en abril y unos incendios devastadores asolaron gran parte del noroeste peninsular en el verano. Todas fueron situaciones críticas y todas tienen en común una cuestión: que Sánchez ignoró a sabiendas el instrumento legal que él mismo aprobó en 2021 por el que se obliga a ponerse al frente de todas ellas, según ordena la Ley de Seguridad Nacional (LSN)y toda su normativa de desarrollo, con aquella a la cabeza.

Pedro Sánchez ni siquiera manejó la posibilidad de gestionar la crisis del apagón como un asunto de Seguridad Nacional y ahora Presidencia del Gobierno se ha visto obligada a reconocerlo, en cumplimiento del fallo dictado por el Consejo de Transparencia que ha amparado la investigación de este periódico, tal y como recoge la resolución 1091-2025 del pasado 19 de septiembre.

Y es que la definición de situación de interés para la Seguridad Nacional regulada en el artículo 23 de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre y el Real Decreto 1150/2021 de 28 de diciembre por el que Pedro Sánchez aprobaba su Estrategia de Seguridad Nacional no ofrece duda legal alguna a este respecto.

La situación de interés para la Seguridad Nacional es «aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley».

Sin embargo, Sánchez no recurrió a ella en ninguno de los casos, eludiendo sus responsabilidades como máximo dirigente del país, y así lo ha tenido que confesar Presidencia del Gobierno, pese a intentar esconder la dejación de funciones del Gobierno durante meses. En el caso del apagón, Moncloa, en un escrito firmado por su directora jurídica, Beatriz Rodríguez, este 13 de octubre, se ha visto obligada a reconocer que el presidente no se planteó siquiera valorar el apagón que dejó a España a oscuras durante horas, pese a que él mismo no descartó la hipótesis de un ciberataque.

Ni de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno; ni desde el Consejo de Ministros, el Centro Nacional de Inteligencia, Abogacía de Estado, Fiscalía, Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, como tampoco del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, Pedro Sánchez solicitó informe alguno ante un supuesto de tal gravedad, que dejó España a oscuras y sin información alguna durante horas, para valorar si debía decretar como jefe del Ejecutivo la situación de emergencia nacional, competencia exclusivamente suya según dispone el artículo 15.c de la LSN. Pedro Sánchez omitió a sabiendas aplicar el régimen legal porque así lo quiso, tal y como reconoce en exclusiva la documentación que obra en poder de El Debate.

Esta confesión no ha llegado por iniciativa de Moncloa. Una vez más se ha visto obligada a hacerlo después de tener sobre la mesa una resolución del Consejo de Transparencia, tramitada a instancias de El Debate, y un requerimiento expreso para su cumplimiento, evidenciando de nuevo la opacidad reinante en el Gobierno y la falta de transparencia ante la gestión de situaciones críticas.

Según la resolución 1091/2025 del CTBG, dictada este 19 de septiembre, la máxima Autoridad Administrativa del Estado en materia de acceso a Información Pública y fiscalizadora de la Transparencia con la que actúa, entre otros, el Gobierno, no se podía obviar la cuestión ante el «indudable interés público» que reviste, ya que precisamente, esa información permite «conocer cómo se han adoptado las decisiones en relación con un incidente que ha tenido importantes consecuencias para la ciudadanía».

De hecho, aunque Sánchez, en un vídeo de 2022, señaló que «nunca va a haber apagones en España», la realidad es que sucedió algo que, en palabras del presidente aquel 28 de abril, «no había pasado jamás. Se perdió el 60% de la electricidad en cinco segundos», desatando el caos, ya que durante aquel día no fue capaz de dar un diagnóstico claro de lo que estaba pasando y por qué había pasado, alentando cualquier hipótesis, incluido el ciberataque.

Además, pese a no haber invocado la Ley de Seguridad Nacional, ese día sí que se celebraron dos reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad Nacional, que fueron seguidas de otras cuatro, entre el 29 y el 30 de abril, una de ellas presidida por Felipe VI, para intentar demostrar una imagen de unidad a la ciudadanía y que tenía todo bajo control.

La estrategia de Sánchez sigue un patrón que pasa por ignorar una normativa que le coloca como máximo responsable de las crisis nacionales y así, evitar tomar el mando y hacer frente a las consecuencias, como ya ocurrió con la dana. De hecho, El Debate ya publicó que el presidente asumió por decreto el mando de las catástrofes climáticas, pero llegado el momento, incumplió la ley para renunciar a la gestión de la catástrofe y cargársela a la Comunidad Valenciana, no exenta tampoco de responsabilidad, mientras Sánchez era recibido con todos los honores en una visita a La India.

Además, siguiendo ese mismo patrón, Moncloa también intentó ocultar por todos los medios si valoró la situación y si Sánchez tenía algún informe en su poder que le desaconsejara recurrir a esta normativa para hacer frente a la catástrofe y, así, poder movilizar todos los medios disponibles. De hecho, tal y como relató El Debate, una vez más el CTBG le obligó a ello, mediante resolución 301/2025 del 17 de marzo.

En un documento que obra en poder de este periódico, fechado el 1 de julio, la directora jurídica de Moncloa intentaba excusar la inacción de Sánchez, explicando que, por «tratarse la DANA o gota fría de una emergencia o catástrofe natural, encuentra respuesta en nuestro Derecho ordinario de situaciones excepcionales a través de la aplicación de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil».

Lo que no dice es que el Gobierno elevó en el 2019 la Protección Civil a la categoría de elemento esencial para la Seguridad Nacional, de manera que Moncloa realiza una auténtica confesión de dejación de funciones, pues Sánchez eludió su responsabilidad al respecto, que ahora deja en manos de Fernando Grande Marlaska, como ministro del Interior, y por tanto a la cabeza del organigrama de Protección Civil, pese a que el presidente disponía de las herramientas para hacerse cargo de la situación y actuar de forma mucho más inmediata, desplegando todos los recursos de los que dispone y con carácter previo a la llegada de la Dana.

Pero tras la dana y el apagón llegó el verano y con él los incendios que asolaron el noroeste de la Península durante el mes de agosto, cuando el presidente disfrutaba de sus vacaciones en La Mareta y, desde allí, de nuevo Sánchez abandonó sus funciones al no recurrir una vez más al Sistema de Seguridad Nacional pese a tener la competencia y también la obligación de hacer frente a un desastre, dejando en manos de Marlaska, con una respuesta casi idéntica a la referente a la tragedia ocurrida en Valencia.

De hecho, Presidencia asegura, de nuevo, en otro escrito en poder de este periódico del 22 de septiembre, que «la respuesta frente a una emergencia o catástrofe natural, como son los incendios, corresponde al Sistema Nacional de Protección Civil, según dispone la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil», que coloca a Interior en lo más alto del organigrama.

Además, pese a las quejas de los gobiernos autonómicos y la impotencia de los vecinos, la resolución insiste en justificar la gestión de los incendios al asegurar que «se han activado los mecanismos de protección civil desde los organismos competentes de las Comunidades Autónomas y del Gobierno de España, no habiéndose activado para la gestión de esta crisis el Sistema de Seguridad Nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre)».

De esta manera, a raíz de la investigación desarrollada por El Debate, se ha comprobado cómo Sánchez, que tiene en su mano todos los instrumentos legales del Estado para poder gestionar las situaciones más críticas que se han vivido en nuestro país en el último año, simplemente no ha hecho uso de las atribuciones que solo a él le corresponden como presidente del Gobierno, pese a que la ley es clara: a una emergencia nacional le corresponde, obligatoriamente, una respuesta nacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por Sánchez en el 2021 otorga al presidente del Gobierno la capacidad y la obligación de declarar, mediante decreto, una situación de interés nacional que, en tiempo real, le permita al Estado movilizarse y coordinar al resto de las Administraciones para defender a la ciudadanía y al territorio de todo tipo de graves amenazas, desde las invasiones extranjeras hasta los ciberataques, -a los que Sánchez inicialmente vinculó el apagón-, la injerencia externa en procesos electorales y, entre otros desafíos, las catástrofes naturales, como la propia dana o los incendios forestales.

Además, en la misma norma se reconoce que el funcionamiento del sector energético es indispensable puesto que su perturbación tiene un grave perjuicio sobre los servicios esenciales, pero ni aun así declaró la situación de emergencia nacional, ignorando la legislación vigente que el mismo promulgó y con ella toda su responsabilidad en tres sucesos críticos que han marcado la historia reciente de nuestro país.

El «pontificado» internacional

Lo llamativo del asunto es que, mientras Sánchez tramita las catástrofes en España como un asunto doméstico de las Comunidades, especialmente cuando están gobernadas por el PP y parece moverle un interés partidista, se sirve de las mismas para pontificar fuera de España sobre las «emergencias climáticas» o la «transición energética»: se sirve de los dramas ocurridos aquí, gestionados desde la distancia, para reforzar su imagen de «apóstol» de la Agenda 2030, con un discurso muy ideológico que se salta sin embargo sus obligaciones legales.