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El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido junto con el ministro de Justicia, Félix Bolaños

De izquierda a derecha: Claire Bazy-Malaurie, presidenta de la Comisión de Venecia; Cándido Conde-Pumpido, Félix Bloaños y el presidente emérito de la misma, Gianni BuquicchioTribunal Constitucional

VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional

Conde-Pumpido ensalza al ministro Bolaños como exponente del compromiso del Gobierno con la independencia judicial

Apenas un día después de que el Consejo de Ministros diese luz verde al proyecto de ley con el que el Ejecutivo socialista entrega la instrucción a la Fiscalía y convierte a su titular, penalmente procesado, en un poder casi omnímodo

El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha presentado hoy, en la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebra estos días en Madrid y de la que es anfitrión, como gran acto previo de su despedida. Pese a los inconvenientes con los que Conde-Pumpido se topaba con el contrato asignado sin concurso a la empresa inicialmente organizadora del evento –que, por lo tanto, resultó anulado, tal y como reveló El Debate en exclusiva– el titular de la Corte de Garantías ha logrado llevar a término su gran proyecto de promoción internacional, a las puertas de su jubilación.

Una ocasión en la que ha estado arropado por la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que se ha referido como «querido amigo» y cuya presencia ha ensalzado como expresión del compromiso del actual Gobierno con la supremacía de la Constitución, la defensa de los derechos y la independencia judicial.

Unas palabras que han chirriado en el sector jurídico que, hace apenas 24 horas, denunciaba la injerencia del Ejecutivo en la separación de poderes, tras aprobarse, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que entregará la instrucción a una Fiscalía, hoy por hoy, dirigida por un fiscal general procesado ante el Supremo; y, que dejará bajo mínimos tanto el control del Consejo Fiscal a las decisiones de su titular, como la figura de la acusación popular que, precisamente, ha dado origen a la totalidad de las causas de corrupción que salpican al entorno de Pedro Sánchez, en lo político y en lo familiar.

Aparentemente ajeno a las amenazas reales a las que se enfrenta el Poder Judicial, por la cada vez mayor injerencia de los otros poderes del Estado, Conde-Pumpido ha defendido la Justicia Constitucional como «elemento clave para la democracia, la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho», ante los representantes de los Tribunales y Cortes Constitucionales que participan en la cumbre.

Además, frente al presidente emérito de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, Gianni Buquicchio, y la actual presidenta del órgano Claire Bazy-Malaurie;ha destacado no sólo el «compromiso común» para preservar y fomentar la Justicia Constitucional a nivel mundial, sino, también, ha afirmado sentirse muy identificado, a título individual, con las resoluciones e informes de la Comisión, que en su último dictamen afeaba al Gobierno de Sánchez

Conde-Pumpido ha subrayado que el Congreso, titulado «Los derechos humanos de las generaciones futuras» y en el que se han dado cita un total de 85 delegaciones procedentes de países de los cinco continente, permitirá repensar los derechos bajo la luz de la justicia intergeneracional y abrir una nueva fase en el discurso histórico de los derechos humanos, transitando de la ética del individuo a la ética de la comunidad.

«Las distintas sesiones de trabajo –sobre medio ambiente, patrimonio cultural, nuevas tecnologías e independencia judicial– plantean retos globales para las jurisdicciones constitucionales, que pueden acarrear la merma de los derechos fundamentales o el retroceso de las democracias» y, por ello, «el objetivo del Congreso», según ha explicado Conde-Pumpido «es identificar denominadores comunes, detectar avances jurisprudenciales y entender que existe una obligación ética y una necesidad social de mirar al futuro, con el compromiso de dejar un legado satisfactorio a las generaciones venideras».

El veterano jurista gallego no ha ocultado su preocupación con el «avance de las nuevas tecnologías» como un riesgo real que puede «lesionar derechos de las personas», pero ha lanzado un mensaje optimista: «En ningún caso, el avance de la inteligencia artificial, de las redes sociales, etc., deben suponer una merma de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, o el retroceso de nuestras democracias o del Estado de Derecho".

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