La 'fontanera' del PSOE se niega a entregar al Senado el pendrive de las cloacas para no «revelar sus fuentes»

El pasado mes de septiembre, la Audiencia Nacional, abría diligencias para investigar el contenido del pendrive que Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE, entregó al ex secretario de Organización Santos Cerdán, con el resultado del presunto trabajo que hizo para las 'cloacas' de Ferraz. El órgano de Instrucción Central ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a los archivos contenidos en el USB que Díez remitía a su partido, antes del verano, y que éste, a su vez, derivó a la Fiscalía General del Estado.

Así las cosas, Díez ha rechazado entregar la la Cámara Alta, como pedía el Partido Popular, la información que supuestamente, recopiló para su entonces jefe, Cerdán, alegando que al hacerlo se vería obligada a revelar sus fuentes periodísticas, tal y como ha hecho constar en un burofax remitido a la Mesa parlamentaria a la que ha solicitado «amparo de sus secreto profesional».

«En relación con el requerimiento arriba señalado, de fecha 12 de septiembre de 2025, formulo alegaciones y solicito amparo de mi secreto profesional periodístico», arranca el documento al que ha tenido acceso El Debate.

Y, continúa: «He mostrado, como no puede ser de otra forma, respeto institucional y deber de comparecencia respeto a las funciones de control e investigación de esa Cámara conforme al art. 76.2 de la Constitución», pero, igualmente, «hago valer mi derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información, reconocido en el art. 20.1.d CE. Estos preceptos sustentan que no procede la entrega de materiales periodísticos ni la revelación directa o indirecta de fuentes, salvo supuestos estrictamente excepcionales previstos por la ley y con las debidas garantías».

Además, la fontanera se ha referido a la LO 5/1984 para insistir en cómo la norma ordena expresamente que las Mesas de las Cámaras salvaguarden el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales en las Comisiones de Investigación. «Por tanto, cualquier requerimiento de documentos que pueda identificar fuentes, revelar comunicaciones o exponer metodología periodística debe reputarse no exigible», ha incidido Leire Díez.

Al mismo tiempo en que defiende, en el escueto documento que la «protección del secreto de las fuentes es esencial para el libre flujo de información de interés público» como «lo ha reiterado el Tribunal Constitucional -p. ej., STC 30/2022, subrayando que su conculcación «destruye la confianza» en la garantía constitucional y coarta la información de interés público-, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Goodwin c. Reino Unido (27.03.1996), que exige cualquier limitación estrictamente necesaria, proporcionada y excepcional».

«A día de hoy», remarca la socialista, «la Constitución reconoce el secreto profesional y la cláusula de conciencia (desarrollada por LO 2/1997), y existe además un anteproyecto de ley orgánica para reforzar específicamente la protección del secreto profesional (aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 23/07/2025). Aunque aún no es ley vigente, muestra el estándar reforzado que se demanda: medidas solo con autorización judicial motivada y en supuestos límite (vida, seguridad nacional, pilares constitucionales)».

En conclusión, Leire Díez se opone a «entregar copia alguna de mi trabajo periodístico en cuanto implica revelar fuentes, contenidos no publicados, materiales de trabajo, metadatos, comunicaciones privadas, agendas, dispositivos o soportes periodísticos».