Las claves del juicio al fiscal general: el futuro de García Ortiz en manos del testimonio de los periodistas

Dieciocho meses después de que saltase la polémica, tras la publicación de una noticia que informó sobre cómo «la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita los delitos fiscales mientras judicializa el caso», el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará desde este lunes en el banquillo de los acusados. Será el primer responsable del Ministerio Público que comparezca procesado y aforado por su cargo ante el Supremo (TS) y lo hará por, presuntamente, incurrir en un delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso a los que tuvo acceso, precisamente, por su condición profesional.

La clave del procedimiento será, como en todas las causas penales, desvirtuar la presunción de inocencia que asiste a García Ortiz, como a cualquier otro reo, para determinar si el 'email' que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, con Fiscalía encargada de su investigación por presunto fraude tributario, puede atribuirse de forma directa e inequívoca –y no sólo indiciaria– al fiscal general del Estado.

Una de las pruebas de cargo más relevantes será el testimonio de los periodistas citados y, para ello, conocer si mantienen y aseguran su versión sobre cómo, antes de que se emitiese la nota de prensa oficial, ya disponían de toda la información del empresario que, el 13 de marzo de 2024 adquirió dimensión pública en una pieza periodística que para el instructor, el juez Ángel Hurtado, desató un «frenético intercambio» de mensajes y llamadas en el seno de l Ministerio Fiscal pero, también, una intensa actividad en los medios de comunicación para verificarla.

Fue entonces cuando García Ortiz se puso en contacto con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, con el objetivo de que intentase recabar de Julián Salto, el fiscal del caso contra González Amador por delitos fiscales, la cadena de correos electrónicos que, a su vez, se hubiera intercambiado con Carlos Neira, el abogado del empresario en esa misma causa.

Hicieron falta varios intentos porque Salto se encontraba en un partido de fútbol, en el estadio Metropolitano, asistiendo al encuentro de Champions entre el Atlético-Inter de Milán que se disputaba aquella misma noche, en la noche del 13 al 14 de marzo. Finalmente, a las 21:59 horas, el fiscal general los recibió en su cuenta personal de Gmail, como desveló en exclusiva El Debate, aunque no estaban todas las comunicaciones.

A las 22:10, se publicó la primera información que reflejaba que había sido la defensa de González Amador quien buscó el pacto con Fiscalía, sin ofrecer más detalles ni citar 'email' alguno.

Poco después, a las 22:27, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, envió a un chat de periodistas el contenido de otro correo clave para la causa: el que Salto envió el 12 de marzo de 2024 al abogado del empresario para decirle que, aunque el caso por delitos fiscales ya estaba judicializado y, por tanto, ya no dependía de Fiscalía, eso no sería «obstáculo» para llegar a un acuerdo.

Sobre las 23:00, García Ortiz se dio cuenta de que no tenía la cadena completa porque le faltaba ese 'email' del 12 de marzo. Y, tras nuevas gestiones, recibió ese correo a las 23:46.

Entretanto, la 'Cadena SER' informó del 'email' del 2 de febrero, el que contenía el ofrecimiento de confesión. Lo hizo primero a las 23:23 en antena, haciendo referencia al correo y su contenido. Ya a las 23:51, publicó en web la información avanzada, con extractos de ese mensaje electrónico.

Al día siguiente, también después de una sucesión de llamadas y mensajes, Fiscalía acabó publicando a las 10:22 horas un comunicado donde se daba detallada cuenta del intercambio de correos entre el fiscal y el abogado de González Amador.

Fue esa nota de prensa la que propició que el novio de Díaz Ayuso presentara el 21 de marzo de 2024 una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos pero dirigida contra Pilar Rodríguez y Salto.

Paradójicamente, cuando el 16 de octubre de ese año el TS, a instancias del TSJM, encausó a García Ortiz por revelación de secretos, no lo hizo por ese comunicado, al considerar que no contenía «información indebidamente revelada» porque la misma ya había sido difundida por la prensa, situando ya el foco en la presunta filtración de los 'emails'.

Dos semanas después, el 30 de octubre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían de forma simultánea en los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, para llevarse sus dispositivos electrónicos, en un registro inédito que duraría más de diez horas y del que saldrían las principales evidencias.

De los elementos incautados, la Benemérita concluyó que el mismo día que el TS abrió causa a García Ortiz éste borró hasta dos veces sus chats de WhatsApp y que, una semana después, cambió de móvil. En su declaración como imputado, el fiscal general achacó ambos comportamientos al protocolo de seguridad exigido para quien guarda, como él, datos «ultrasensibles». Algo desconocido para el resto de los miembros de la Carrera, incluso, para el responsable de datos de la Fiscalía General del Estado que, también, declaró durante la fase de investigación.

A lo largo de los ocho meses que duró la investigación, hubo tres imputados: Rodríguez, García Ortiz y su hombre de confianza, Diego Villafañe, con quien repartía los asuntos en curso, a través del procedimiento de dación de cuentas; y, los hechos investigados fluctuaron desde el comunicado a la supuesta filtración del 'email' del 2 de febrero o de la existencia de una investigación fiscal contra González Amador.

Hurtado solo empujó a juicio a García Ortiz y Rodríguez bajo el convencimiento de que él, con la necesaria ayuda de ella, filtró a la Cadena SER el 'email' del 2 de febrero para ganar el «relato» a 'El Mundo'.

Señaló como indicios la cronología de los hechos, por las horas en que García Ortiz recibió la información relevante y cuándo se comenzó a publicar en prensa, y el «borrado» que hizo el jefe del Ministerio Público tanto de sus mensajes como de sus cuentas de correo.

Además, sostuvo que García Ortiz actuó esa noche por «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Hurtado también llegó a esta conclusión por la cronología, de la que infirió que, «paralelamente» a esos intensos contactos entre el denominado «equipo de Fortuny», «desde Fiscalía General del Estado» y «antes» de que se difundiera en prensa, se envió copia del 'email' a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Sin embargo, la Sala de Apelación corrigió al magistrado porque tal afirmación «no ha sido acreditada con suficiencia», dejando fuera de la causa esas supuestas instrucciones del Gobierno. También exoneró a la fiscal al fijar que actuó movida por la obligación de informar a su superior sobre un asunto importante. En todo lo demás, avaló las tesis del instructor que ha llevado a García Ortiz a sentarse, hoy, ante la más alta magistratura de nuestro país.