El ministro Torres se escuda en lo que no dice el informe de la UCO para tapar lo que sí dice

Ángel Víctor Torres recurrió este martes a una táctica que viene empleando el Gobierno con los informes de la UCO, en los que ya tiene dilatada experiencia: centrarse en lo que no ponen y pasar por alto lo que sí ponen. Eso y mostrarse como víctimas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática compareció por la tarde sabiéndose respaldado por el Ejecutivo, después de que tres horas antes la ministra portavoz hubiese afirmado en la sala de prensa de la Moncloa: «Por lo que estamos conociendo del informe, queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres. Conforme van avanzando los procesos judiciales se va conociendo la verdad y se descarta completamente la implicación del ministro Torres», según sostuvo Pilar Alegría.

Con el informe de los investigadores de la Guardia Civil ya completo, el expresidente de Canarias se jactó de que en sus páginas no aparece «nada»: «Ni de mordidas, ni de comisiones, ni de pisos en Atocha, ni de mujeres explotadas sexualmente». Luego añadió a la lista otra cuestión: «Pero ¿dónde están esas refinerías que se decía que yo traía de manera ilegal a Arucas?». Esto último se refiere a la trama de los hidrocarburos, que instruye la Audiencia Nacional y que entronca con la de las mascarillas porque Víctor de Aldama está en ambas.

El informe no señala que hubiera comisiones, pero tampoco que no las hubiera; no señala que el ministro Torres visitara piso alguno en Atocha, pero tampoco no lo hiciera; y no señala que hubiera fiestas con prostitutas, pero tampoco que no las hubiera. Y en esa ambigüedad se movió el expresidente de Canarias, que cuando fue preguntado si puede asegurar que no saldrá nada más se limitó a afirmar: «Ahí está todo, absolutamente todo».

En ese «todo» están los hechos probados a los que, por el contrario, Torres dedicó menos atención: sus presiones a subordinados para que la trama, a la que el Gobierno de Canarias había contrata con precios por encima de mercado, cobrase cuando antes. Su encuentro con Víctor de Aldama en el restaurante Jay Alai, al que en su declaración en la comisión de investigación del Senado dijo no conocer. Su estrechísima relación con Koldo García, con quien se desfogaba por WhatsApp: «Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica», le decía. Y sus quejas sobre el ministro Salvador Illa, ante las reticencias del entonces ministro de Sanidad a que Canarias comprara test de antígenos a una empresa de Aldama.

Al respecto de sus presiones, Torres llegó a amenazar -no directamente a ella- a la funcionaria que se interpuso en el camino de la empresa Soluciones de Gestión. Esta no quería desbloquear el pago de 837.300 mascarillas a la trama, que ascendía a unos dos millones de euros, porque el laboratorio de Sevilla había detectado que no cumplían los estándares exigidos. Según las explicaciones del ministro en rueda de prensa, lo que pretendía era evitar un problema legal al Gobierno insular por incumplimiento de contrato, puesto que este estipulaba que la mitad del dinero se pagaba al comienzo y la otra mitad al final.

Sobre su encuentro con Aldama se ratificó en que no tenía ninguna relación con él, más allá de un saludo puntual en un restaurante mientras él cenaba con José Luis Ábalos, y se jactó de que la UCO había dejado al empresario «en evidencia». De su enfado con Illa, Torres explicó que Canarias necesitaba que Sanidad autorizase esos test de antígenos para recuperar el turismo, pero el Ministerio no transigió. «Tuve importantes diferencias con el ministro», sostuvo.

Demanda contra Aldama

Torres anunció este martes la presentación de una demanda contra Aldama por intromisión a su honor, imagen e intimidad, e instó el PP a pedirle disculpas. Lo que sonó a cuando, en una comparecencia desde Bruselas el 19 de diciembre, Pedro Sánchez se preguntó que quién iba a pedir perdón al fiscal general una vez que la UCO no encontró mensajes incriminatorios en su teléfono móvil. Ni mensajes ni nada, porque fue borrado.

Con el anterior informe de la UCO, el de la situación patrimonial de Ábalos, el Gobierno y el PSOE hicieron lo mismo que Ángel Víctor Torres este martes: se apresuraron a proclamar que los investigadores no habían encontrado ni rastro de una caja B en el PSOE, cuando en realidad ni siquiera la buscaban: ese informe iba sobre las cuentas del exministro, no sobre las del partido.

De hecho, pasó casi un mes desde que se conoció el documento y hasta que el PSOE entregó al juez del Tribunal Supremo, motu proprio, los extractos bancarios del casi millón de euros que la formación retiró en efectivo entre 2017 y 2024. Y lo hizo justo un día antes de que declararan ante el instructor el exgerente y la secretaria que entregaba los sobres. Tan desencaminado iba el PSOE en su primera valoración que, el pasado viernes, el magistrado Leopoldo Puente pidió a la Audiencia Nacional que valore abrir una pieza separada por los agujeros negros de la contabilidad del partido.

En cualquier caso, Sánchez ya ha decidido que Torres no va a caer. Así que la versión oficial del Gobierno este martes era que están muy satisfechos porque el informe demuestra que el ministro actuó bien. Una vez, hace un año, en la sala de prensa de La Moncloa, Alegría tergiversó un dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid para que pareciera que los magistrados desautorizaban la instrucción de Juan Carlos Peinado, cuando en realidad era al contrario. Esos son los precedentes.