La fontanera del PSOE alardeó de tener material de un prostíbulo para hundir a mandos de la UCO que investigan al Gobierno

Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, alardeó en una reunión con Rubén Villalba, un mando policial que formó parte de la trama de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo, de que contaba con «material sensible» contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha podido saber El Debate, Díez afirmó que la información procedía de un prostíbulo y que, de salir a la luz, haría caer a los agentes encargados de investigaciones que afectan al Gobierno.

La reunión entre Díez y Villalba se celebró en octubre de 2023 en un bar del municipio madrileño de Leganés. Durante la conversación, Díez detalló la información que poseía afirmando tener material comprometedor para perjudicar a mandos de la UCO que investigan el entorno político y familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Debate ha tenido acceso a un documento redactado por Villalba tras finalizar la reunión en el que se sostiene que club de alterne podría neutralizar investigaciones clave relacionadas con el Ejecutivo.

Si bien Díez no verbalizó un chantaje explícito, sí insinuó que poseía información sensible que podría hacer caer a mandos de la UCO. El mensaje, según el escrito, colocaba esa información encima de la mesa como una advertencia, un mecanismo con capacidad de daño y uso potencial de información privada contra agentes concretos. En paralelo, señaló a mandos de la UCO como objetivos prioritarios a «quitarse de en medio» mostrando una voluntad de presión para doblegar o desacreditar las líneas de investigación que afectan al entorno político y familiar del presidente.

El prostíbulo al que se refiere Díez es el club D´Angelo situado en el Paseo de la Castellana en Madrid. Este local se encuentra a escasos metros de Castellana 180, uno de los establecimientos de Sabiniano Gómez, suegro de Sánchez. La información transmitida por Díez acredita que sabía del potencial destructivo de ese material, y que, según se desprende de sus afirmaciones, el objetivo era hundir a mandos de la UCO que investigan causas sensibles. Con ello, se buscaba desactivar el avance de las investigaciones que afectan directamente al Ejecutivo.

La intencionalidad que se desprende de ese escrito era usar el material como arma para hacer caer a los investigadores activando la información en el momento oportuno. El fin era desprestigiar, señalar y forzar relevos en mandos clave para golpear la credibilidad de quienes dirigen las investigaciones. Este desgaste institucional se presenta como un mecanismo para neutralizar la independencia de la Guardia Civil en las causas que afectan al Gobierno.

Díez, como desveló El Debate, también aseguró haber escuchado una llamada entre el empresario Víctor de Aldama y su abogado, José Antonio Choclán. En caso de confirmarse la existencia de escuchas sobre comunicaciones abogado-cliente, el impacto jurídico sería sísmico, ya que afectaría a la cadena de custodia y activaría la nulidad de actuaciones, lo que podría hacer descarrilar procedimientos enteros. El precedente más conocido es el del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, inhabilitado en 2012 por ordenar grabaciones ilegales entre investigados y sus letrados. El Tribunal Supremo consideró que aquellas escuchas vulneraban el derecho de defensa y contaminaban el proceso, lo que forzó la anulación de pruebas y actuaciones.

El próximo 17 de noviembre, Leire Díez está citada a declarar junto al empresario Javier Pérez-Dolset en el marco de la investigación que lleva el fiscal Ignacio Stampa. Ambos están investigados por un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, por su implicación en tramas que afectan directamente a altos cargos del Gobierno. A partir de ahí, los implicados seguirán aportando pruebas de cómo operan estas redes para presionar investigaciones clave.