Ábalos pide anular su procesamiento por la trama de mascarillas porque está «abocado a un cadalso»

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha reclamado al Tribunal Supremo este miércoles que revoque el auto del juez por el que propuso juzgarle, junto a su exasesor ministerial Koldo García y el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por la trama de las mascarillas, alegando que está «abocado a un cadalso».

En un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exministro, el exfiscal Carlos Bautista, pide a la Sala de lo Penal del Supremo que «declare la nulidad del auto recurrido o, subsidiariamente, se acuerde dictar auto de sobreseimiento provisional». Niega que haya cobrado comisiones y defiende la legalidad de los contratos. Asimismo, considera «evidente» que el exministro, «al compás de una instrucción desequilibrada, se ve abocado a un cadalso en el que solo puede forcejear inútilmente clamando por su inocencia».

El abogado sostiene que la base del auto «son las declaraciones del imputado Aldama en sede judicial sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias sacadas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 marcadas manualmente en color rosa y en color verde». Y denuncia que «la práctica de una conformidad parcial o material resulta totalmente contraria al derecho al debido proceso, tal y como es reconocido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

«Toda la investigación habida hasta el momento se basa en la declaración de un 'pentito' y en una hoja de anotaciones por él elaborada, no se sabe si 'ex profeso' para la causa, pues no se ha determinado siquiera la antigüedad del escrito», añade.

Ábalos señala que De Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', habría alcanzado un «acuerdo» con la acusación para «incriminar al resto de los investigados a cambio de beneficios penales y penitenciarios».

«Dicho sea de paso, choca que, en un mundo en que incluso un adolescente con un teléfono móvil es capaz de realizar grabaciones videográficas de los momentos más inconvenientes de un tercero, no exista un soporte gráfico de sus afirmaciones», agrega.

Necesidad de diligencias

La defensa critica que se ha cerrado la investigación de esa parte del 'caso Koldo' sin darles acceso a material y sin poder practicar más diligencias, apuntando como «especialmente trascendente el disco duro encontrado en el domicilio de Koldo García, propiedad de mi representado».

«No se devuelven las evidencias incautadas –ninguna–, cuando resultan ser utilizadas» por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para «formular sus hipótesis», recrimina, así como que se les «impide también el acceso a las mismas que hubiera podido desmontar las ansias literarias del relato acusatorio», lo que conduce a «indefensión» y «ejercer una defensa a ciegas».

A su juicio, que se dictara el auto por el que se propone juzgarles «sin previamente tener acceso a los dispositivos forenses cercena de forma brutal el derecho de defensa y el derecho utilizar los medios de prueba necesarios para ésta».

La defensa acusa al magistrado instructor, Leopoldo Puente, de «asumir a pies juntillas el relato de la fuerza actuante y omitir sistemáticamente la práctica de las evidencias solicitadas», lo que califica como un «palmario vicio procesal»: «No se sitúa como un árbitro imparcial –director jurídico de la investigación–, sino como un director jurídico del equipo policial, que asume su tesis acusatoria sin objeción alguna».

Entre las diligencias solicitadas incluye que se pida a Transportes que certifique los «folios» que usaba, para descartar que se refiriera a dinero; las mascarillas sobrantes que tenía, y que informe si facilitó «a terceros ajenos» el acceso a las dependencias donde se guardaban, así como que aporte «todos los certificados de entrada, salida y control» del material sanitario, entre otras.

Sospecha que hubo una investigación «clandestina»

Devolver dispositivos intervenidos y practicar nuevas diligencias son, al entender de Ábalos, necesarias para comprobar si hubo una investigación «clandestina» en su contra, apuntando que «existía mucho antes de que se formalizara oficialmente».

El abogado indica que hay episodios en la investigación realizada por el Supremo que muestran «una tónica general de falta de respeto de la inmunidad» parlamentaria como diputado, refiriéndose a «la intervención», por la UCO, «de la correspondencia» que le remitía un ex alto cargo de Transportes por mediación de Koldo y Joseba García.

«La Guardia Civil establece un operativo para hacerse con un envío de un alto cargo del Gobierno dirigido a un diputado, entonces presidente de la Comisión de Interior del Congreso y aforado, por tanto viendo de este modo perturbado el ejercicio de su representación popular», precisa, reprochando que no es un episodio, «ni mucho menos, aislado».

También asegura que «ha habido consultas sobre las bases de datos de nuestro representado sin tener la consideración de investigado en ese momento y gozar de aforamiento».

Su hijo no es «custodio» de dinero

Además, Ábalos rechaza haber «dispuesto de grandes cantidades de efectivo», afirmando que, de ser así, «el gasto de tarjetas hubiera caído a cero». «Y esto no ha ocurrido», indica.

«Esas gigantescas cantidades –primero un millón, luego dos, y ahora parece que cinco, según declaraciones del 'pentito'– no aparecen por parte alguna. Sólo tergiversando los números se ha llegado a una cifra de apenas 95.000 en diez años, lo que hace una cantidad de apenas 9.500 euros al año», apunta.

Para el exministro, «una supuesta comisión por este importe debida a la adjudicación de material sanitario y otras facilidades ante distintas administraciones se antoja bastante ridícula».

A la vez, incide en que no hay «ninguna evidencia» para vincularle con los supuestos pagos de 10.000 euros mensuales que De Aldama daría a Koldo y afirma que su exasesor «adelantaba gastos que luego eran devueltos» por él. «Koldo no era una fuente de efectivo procedente de turbios orígenes», expresa, para añadir que «sigue adeudando a García parte de los gastos que fueron adelantados».

Y remarca que el ejercicio de la función pública que desarrolla un ministro «afecta al comportamiento habitual en la vida privada», ya que «prácticamente todo se convierte en actividad oficial», avisando de que mientras fue ministro «tuvo cubiertos prácticamente la mayoría de los gastos sin necesidad de realizar disposiciones bancarias ni desembolsos, una circunstancia que se extiende a cualquier otro miembro del Gobierno de España».

Ábalos también niega que su hijo Víctor haya recibido «cantidad alguna en metálico o de cuentas bancarias de ninguna 'trama' ni en España ni en el extranjero». «Como tampoco es custodio de una 'fuente de ingresos no declarados' o 'reserva de efectivo vinculada a su padre', ni gestor o testaferro de nadie», subraya.