El abogado del novio de Ayuso en el Supremo: la nota de la Fiscalía fue una declaración «pública» de «culpabilidad»

La nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid a instancias del Ministerio Público, en la que se contenían datos confidenciales sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue «un relato público e institucional de confesión y culpabilidad» del empresario, «firmado y en boca» de la Fiscalía. En este sentido se ha pronunciado el abogado Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria, que ejerce la acusación particular en nombre de Alberto González Amador.

El letrado ha sostenido, en sus últimas conclusiones, tras la celebración del juicio, que el comunicado oficial difundida por el 'equipo de Fortuny', el 14 de marzo de 2024, fue confeccionada 'al alimón' por el fiscal general y su jefa de prensa, Mar Hedo, como ella misma reconoció durante su comparecencia, como testigo, en sede judicial, una vez el máximo titular de la Carrera tuvo en su poder toda la cadena de mails en los que se planteaba la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad penal respecto de los delitos tributarios que han terminado sentando a la pareja de Díaz Ayuso en el banquillo.

En el segundo punto de aquel texto, se dijo que dicho acuerdo instado por «el abogado defensor [Carlos Neira] reconocía la autoría del señor González Amador de dos delitos contra la Hacienda pública», recordaba Ramos al tribunal. Un contenido que, para el abogado, era innecesario si, como reconoció el propio fiscal general, el objetivo del mismo se limitaba a desmentir los «bulos» aparecidos en la noche del 13 de marzo de 2024 que apuntaban, en sentido contrario, a que la iniciativa de la propuesta había partido del Ministerio Público.

«Decir que no se propuso el acuerdo de conformidad» para defender la «verdad» a la que se refería ayer, durante su interrogatorio de parte García Ortiz, no requería «decir que el letrado» de la pareja de Ayuso había «reconocido el delito» en una comunicación que, por otra parte, el propio González Amador dijo no haber visto, conocido, revisado o leído, antes de su envío formal.

Por ello, queda claro para el letrado de la acusación particular que hubo una colaboración del Ministerio Público con el «relato político del Gobierno» al que se sumó para presentarle, sin haber sido condenado, como un «delincuente confeso» ante la opinión pública. Una tesis para la que se apoya en el hecho de que algunos cargos vinculados al Ejecutivo, como la ex jefa de gabinete del ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Pilar Sánchez Acera, o el ex secretario de Estado de Comunicación, Francésc Vallés, «impulsasen el uso» del correo, en formato imagen, por parte del entonces líder de los socialistas madrileños, en el parlamento autonómico, contra su rival política.

Tal fue así que, antes de que esto sucediese, se aseguraron de contar con el respaldo de un medio de comunicación como El Plural, para que el pantallazo pudiera ser usado por Lobato, minutos después en la Asamblea, «sin consecuencias legales para ellos». Una maniobra de «blanqueo», ha denunciado Ramos, que vulneró el «deber de sigilo» del Ministerio Fiscal que no tiene la misma consideración, ni las mismas consecuencias, para los «medios que utilizan los políticos para la revelación» de datos.

La Fiscalía y el «juicio paralelo»

A esta posición, se sumaba la intervención del representante del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Ignacio de Luis, personado en el procedimiento, como acusación popular, quien calificaba la nota institucional de la polémica, difundida el 14 de marzo de 2024, como un elemento a través de la que «la propia Fiscalía» descendió «al juicio paralelo».

Se trataba de «compensar informativamente» otros asuntos judiciales que afectaban de manera negativa al Gobierno, tanto en el ámbito político, el 'caso PSOE', o familiar del presidente, el 'caso Begoña', explicaba en su turno el abogado y ex fiscal Juan Antonio Frago, en representación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Frago ha aludido, como hito clave para acreditar su afirmación, a la llamada de cuatro segundos registrada en el móvil de García Ortiz, el 23 de marzo de 2024, la noche de la filtración, con el periodista Miguel Ángel Campos, que fue el primero en publicar, minutos después, el contenido literal del mail confidencial, en la Cadena Ser.

El abogado de APIF tampoco ha desaprovechado la ocasión de poner en valor la actuación de la fiscal Almudena Lastra, la titular de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, que se negó a participar en la «espiral frenética» de mensajes cruzados en el seno de la Institución, hasta dar con todos los correos que, después, se utilizaron para alimentar la nota de prensa. De hecho fue Lastra quien advirtió a su compañera de la sección Provincial, Pilar Rodríguez, que llegó a ser coimputada en la causa, de que los iban a «filtrar». Frago ha advertido que, diciendo «la verdad» ante el Tribunal, la fiscal madrileña «se ha jugado su futuro profesional» dado que no será «renovada en el cargo» que ocupa actualmente, por el fiscal general contra el que declaró.

Mientras tanto, el resto de las partes acusadoras, entre las que se encuentran el sindicato Manos Limpias y el Foro Libertad y Alternativa, han solicitado al Tribunal la condena del fiscal general. Ambas han coincidido en señalar que García Ortiz actuó para «perjudicar a un adversario político» y que, cuando fue imputado, se apresuró a «borrar los datos» que lo acreditaban, en una decisión que no fue «casual», entre otras cuestiones porque el reseteado de su terminal se produjo, precisamente, el 16 de octubre de 2024 y no en otro momento, el mismo día en el que supo que estaba siendo investigado de manera formal.