El presidente de los eslóganes no ha aplicado ni una de las 46 medidas contra la corrupción que prometió

En su comparecencia del miércoles en el Congreso, Pedro Sánchez dedicó poco tiempo a hablar de la corrupción, estando como está el PSOE siendo investigado por la Audiencia Nacional por una posible caja B. Y lo poco que dijo no se compadece con la realidad. Porque el presidente presumió de que el casi medio centenar de medidas que ha anunciado su Gobierno desde 2024 en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y mejora de la calidad democrática están «aprobadas o en fase avanzada de tramitación», cuando en verdad ninguna ha pasado del papel al BOE. Ni de las 31 que contenía el Plan de Acción por la Democracia de septiembre de 2024; ni de las otras 15 del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción del pasado 26 de agosto.

Ese día, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se creó la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, al frente de la cual se situó la vicepresidenta María Jesús Montero. Casi tres meses después, la comisión no se ha reunido ni una sola vez. También se iba a constituir una Agencia Independiente de Integridad Pública como «órgano central de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la corrupción» que, por ahora, sigue siendo un enorme castillo en el aire. El pasado enero, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación. Sin embargo, de ahí no ha pasado el Ejecutivo: la metodología está hecha; lo demás, no.

Los socialistas se comprometieron a reformar el Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate sobre el Estado de la Nación, al que Sánchez no se somete desde 2022, pero no han movido un dedo al respecto. Al contrario, el PP registró una proposición de ley en noviembre de 2024 y el PSOE la tiene bloqueada en el trámite parlamentario. También prometieron crear una comisión parlamentaria sobre desinformación, pero no la han creado.

Ni una ley en vigor

De las leyes y reformas de leyes previstas en ambos planes no hay ni una sola en vigor. Algunas ni siquiera han llegado aún al Consejo de Ministros como anteproyecto. Es el caso de la anunciada reforma de la Ley de Publicidad Institucional. También, de la reforma de la Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar.

Tampoco hay ni rastro de la reforma del Código Penal para endurecer las penas y crear nuevos delitos contra la Administración. A este último respecto, en julio Sánchez anunció que las empresas condenadas por corrupción no podrían trabajar para las administraciones cuando, en realidad, eso ya existe: el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público prevé la prohibición de contratar con personas jurídicas condenadas por ciertos delitos.

El presidente también se comprometió a una reforma de la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos para establecer auditorías obligatorias si la financiación pública de estos supera los 50.000 euros y reducir a 2.500 euros la cifra a partir de la cual tienen que publicar y explicar una donación. Al respecto, solo hay un borrador elaborado por el Ministerio de Félix Bolaños, que no ha sido elevado al Consejo de Ministros para una primera lectura. El Debate lo desveló en febrero: es parcialmente ad hominem contra Vox porque pretende dificultar las formas de financiación extranjera y por la vía del merchandising, que son dos recursos utilizados por el partido de Santiago Abascal.

La mayoría de las leyes y reformas prometidas están en fase de anteproyecto, muy embrionaria. Es decir, el Consejo de Ministros ha aprobado un borrador que, después, tiene que ser sometido a los órganos consultivos y a los trámites públicos. Es el caso de la Ley de Administración Abierta, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 8 de octubre. Lo irónico es que prevé extender el régimen de incompatibilidades y de obligaciones que ya rige para los altos cargos del Gobierno a buena parte del personal eventual que trabaja para este. Es decir, a los asesores. Sin embargo, el personal contratado para asistir a la familia del presidente, empezando por el que asiste a Begoña Gómez, quedará exento de la norma. El anteproyecto pretende habilitar un sistema de auditorías ciudadanas para el sector público estatal, después de los casos de corrupción en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

También está en la fase de anteproyecto la ley orgánica que ha de regular el derecho al secreto de los profesionales de la información -tras el caso del fiscal general del Estado- y de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Y lo mismo pasa con la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación, que el Ejecutivo pretende ampliar a medios digitales e influencers: el Gobierno tiene aprobado un anteproyecto desde el pasado mes de diciembre.

El anteproyecto de la reforma de la Ley del Régimen Electoral General fue aprobado el pasado mes de julio, para que las empresas demoscópicas tengan la obligación de publicar los microdatos y que los debates electorales sean obligatorios. También hay un anteproyecto de la ley sobre servicios digitales, que entre otras cosas crea un registro público estatal de medios de comunicación controlado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta tendrá la capacidad de enviar inspecciones y multar, con un régimen de sanciones que irá hasta los 600.000 euros.

Sánchez prometió, asimismo, crear secciones especializadas contra la corrupción en cada tribunal de instancia y más plazas y medios en la Fiscalía Anticorrupción. De momento, lo único que hay es que, a principios de octubre, la Fiscalía General del Estado activó los trámites para crear dos unidades especializadas y 79 nuevas plazas.

En lo que más prisa se ha dado el Gobierno es en aprobar y enviar al Congreso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y porque esta prevé dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales y limitar la acusación popular. Aun así, con la precariedad parlamentaria que padece, las probabilidades de que prospere en las Cortes son prácticamente nulas.