Álvaro García Ortiz, el Estado contra el Estado

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) por el delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación. El Estado ha juzgado al Estado. Fiscales contra fiscales. Fiscales contra magistrados. Abogados del Estado contra guardias civiles. Periodistas contra periodistas. Altos funcionarios públicos contra periodistas. Fiscales contra abogados. Los cimientos del Estado a punto de caer. Todos contra todos: como le gusta a Pedro Sánchez, el protagonista ausente de este marco incomparable para el desapego y los antisistema que ha sido estos días la sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Desde la calle Fortuny, sede de su despacho, hasta la plaza de las Villa de París, que acoge al TS, García Ortiz recorrió entre aplausos pensionados de algunos de sus compañeros el camino al banquillo. Pero el banquillo quedó vacío porque el fiscal general, procesado por revelar secretos que juró proteger, no quiso apearse de sus dignidades, de su toga, de sus puñetas, y de sus condecoraciones.

Tenía que mostrar que él no es un vulgar chorizo, a pesar de que se ha acogido a los mismos usos y costumbres de los delincuentes: borró sus mensajes cuando la UCO le cercaba, se negó a responder al instructor y en su último interrogatorio, no quiso contestar a las acusaciones. Aunque se enfrenta a seis años de cárcel, doce de inhabilitación (es decir, el resto de su vida profesional) y 800.000 euros de indemnización, no es lo peor que ha tenido que arrostrar en estas últimas horas. El titular del Ministerio Público ha sido pregonado por la reina de las cloacas del PSOE. La simpar Leire Díez hablaba en su nombre ante el fiscal Stampa (que le grababa sin ella saberlo) para tranquilizarlo y hacerle saber que Ortiz estaba al tanto de sus tejemanejes. «Tu máximo jefe -le espetó a Stampa, al que intentaba sonsacar información contra servidores del Estado- lo va a saber y va a saber lo que tiene que hacer». Que la fontanera socialista hable en tu nombre y aventure las órdenes (de Sánchez) que va a cumplir, es un desdoro del que a uno le debe costar reponerse.

Además, Díez le llamó al procesado la «costilla de Lola», en elaborada definición, impropia de la ignota periodista de investigación, pero que revelaba una verdad incontrovertible. Álvaro le debe a Lola Delgado, su antecesora y amiga, haber llegado a la cúspide de la Fiscalía. Aunque luego ha hecho un auténtico máster para granjearse en primera persona el apoyo del presidente del Gobierno, el mismo que preside un hipotético tribunal popular que, como declaró el pasado fin de semana, ha escrito ya la sentencia: García Ortiz es inocente. Palabra de Pedro Sánchez.

Borró sus mensajes cuando la UCO le cercaba, se negó a responder al instructor y en su último interrogatorio, no quiso contestar a las acusaciones

Todo empezó un caluroso 28 de julio de 2022. García Ortiz compareció ese día en el Congreso para pasar el examen ante Sus Señorías, trámite previo a su nombramiento como fiscal general tras la renuncia de su inseparable Delgado. Cuando llegó a la carrera de San Jerónimo, le acompañaba ya una sombra muy oscura: la prescripción de la investigación del asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco. En 2017 el fiscal jefe de la Audiencia Nacional recibió una instrucción del propio García Ortiz, cuando llevaba el gabinete de Delgado, para que, de forma precipitada, cerrara la causa donde se investigaba a miembros de ETA por el asesinato del edil de Ermua. Las futuras y pasadas negociaciones socialistas con Bildu exigían pleitesía de las togas. Como cuando Cándido.

Ese día del sofocante julio madrileño, ante la Comisión de Justicia, García Ortiz dijo que iba a trabajar con «humildad». Procedía de la Secretaría Técnica. Su entonces jefa renunciaba al cargo por motivos médicos y le dejaba a él con el desempeño. Ambos habían cultivado una estrecha amistad que databa de 2013 cuando García Ortiz fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Pero el relevo nació envuelto en polémicas inacabables. Tras su designación por Sánchez a instancias de Lola, el CGPJ resolvió que Ortiz «no era idóneo» para el cargo. Luego, cuando el agradecido ahijado quiso compensar a su madrina como fiscal de Sala de lo Militar, el Supremo que ahora lo procesa anuló la decisión al apreciar «desvío de poder». Nada le salía bien a García Ortiz en los albores de su estrellato.

Hasta que llegó ese 13 de marzo del año pasado. «Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. Es imperativo sacarla». Diecinueve palabras escritas por el fiscal general del Estado dirigidas a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, (a la que le une una estrecha enemistad, como ha quedado demostrado en el juicio), le han convertido en el primer titular del Ministerio Público procesado. Aquella mañana tuvimos conocimiento de su propio puño y whatsapp de que las horas que le pagábamos tan generosamente las empleaba en ser un agente político de los intereses electorales de un partido. Para ello, según apuntó el instructor del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado que le envió a juicio, filtró el correo electrónico en el que un mes antes la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Díaz Ayuso, ofrecía el reconocimiento de sus delitos fiscales a cambio de un pacto de conformidad.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Álvaro había estado destinado en Menorca y, ya a comienzos de este milenio fue trasladado a Santiago de Compostela, donde el salmantino se labró una fama de profesional afable, riguroso y buen caricaturista, como recuerdan con humor los que le conocieron. Fue delegado de Medio Ambiente en Galicia, Comunidad donde asumió el sumario del Prestige, en el que se afanó por acusar a todo el PP. Finalmente no lo hizo. En esos años, protagonizó sonoros pulsos con el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, a cuenta de las tramas de incendiarios, que el hoy procesado siempre negó. Esa adscripción partidista a buen seguro le sumó muchos enteros para, al correr el tiempo, ser ascendido en Madrid, al igual que la medalla que se colgó batallando duramente contra su compañero de profesión Alberto Ruiz-Gallardón, cuando como ministro de Justicia del PP intentó reformar la carrera fiscal.

El daño a nuestro sistema judicial y a la reputación del Ministerio Público es ya abismal

Casado con una fiscal especializada en violencia de género y padre de dos hijos, Ortiz fue reprobado por el Supremo, rechazado por la cúpula de la carrera fiscal y su penúltimo servicio a la causa fue hace unos meses cuando hizo cambiar de criterio al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional que antes de las elecciones de julio de 2023 había dado por bueno un informe del Ministerio Público que calificaba como terrorismo la actuación del brazo armado separatista Tsunami -por el que está imputado Puigdemont, el casero de Sánchez-. La razón estaba en Waterloo: una de las exigencias que había puesto el forajido, tras los comicios de 2023, para prestar sus siete votos en el Congreso es que Sánchez concediera la amnistía a los miembros de Tsunami y de los CDR. Así que el Ministerio Público descartó el delito. El abogado general de la UE ha seguido esa línea. Misión cumplida.

Tras seis sesiones de vista oral, lo más sorprendente fue oír a Ortiz que los borrados de sus móviles se debían a su necesidad de garantizar la protección de datos. Nada menos. Y a la postre nos ha regalado una frase que, según él, le ofreció una persona desconocida: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende». No le faltaba razón. Empero, para un fiscal ni siquiera la verdad, si juró protegerla, ha de ser filtrada y usada como arma política.

Hoy tenemos claro dos cosas. El fiscal general del Estado no ha dimitido, pese a haberlo barajado, porque sigue siendo el cortafuegos de Moncloa. Y, desde el 14 de marzo de 2024, sabemos datos secretos de un ciudadano que nunca debimos conocer.