La Fiscalía detalla el «convenio criminal» que convirtió a Koldo en «testaferro» de Ábalos para delinquir

Koldo García Izaguirre, el hombre de confianza de Santos Cerdán designado como asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, terminó convirtiéndose más en un «asistente» que desarrolló «un buen número de tareas de muy diversa índole», tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas, mientras su jefe se mantuvo en el cargo.

El escrito de acusación preliminar de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se solicitan penas de prisión de 24 y 17 años respectivamente para ambos, define a Koldo como el «alter ego» de Ábalos «durante su mandato» ministerial, hasta el punto de que, «tanto en el propio MITMA como en el seno de otras Administraciones Públicas, se sobreentendía» que era el «fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor».

En el documento consignado por el Ministerio Público en el Supremo como respuesta al procesamiento decretado para ambos por el magistrado Leopoldo Puente, junto con el principal comisionista de la trama Victor de Aldama- se detalla cómo Koldo García «manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos». Unos fondos que «con frecuencia se confundían» con los propios, «actuando de facto» como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos.

En el desarrollo de la trama, apunta Anticorrupción, fueron determinantes las «relaciones personales» mantenidas entre los tres principales acusados, Koldo, Aldama, Ábalos- que «pronto vieron la oportunidad de obtener un común beneficio económico».

Esto es, la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón, apunta cómo «los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el partido socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama».

Ábalos, y en su nombre Koldo, se encargó de facilitar a Aldama el acceso preferente a la Administración para realizar las gestiones que precisara para las empresas de la trama y en su beneficio

Con este fin de enriquecimiento, «cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz».

Así, La Fiscalía atribuye a José Luis Ábalos –«a quien tanto Koldo García como Víctor de Aldama consideraban el jefe»–«la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el MITMA y su directa influencia cuando era precisa, aprovechándose en lo demás de los oficios de su hombre de confianza, Koldo García».

Mientras tanto, Víctor de Aldama «fue la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también investigado Koldo García Izaguirre y sobre el mismo José Luis Ábalos Meco, garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos» de suministros, como los de material sanitario y mascarillas, en pandemia, para su empresa Soluciones de Gestión.

Cabe recordar que estos pedidos están siendo fiscalizados judicialmente en lo relativo a las partidas solicitadas y pagadas por los gobiernos regionales de Canarias, por aquel entonces en manos del hoy ministro Ángel Víctor Torres, y la actual presidenta del Parlamento, Francina Armengol, en Baleares.

«En la organización así conformada, Víctor de Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García», relata con toda precisión la Fiscalía en su escrito al Supremo, para instar penas de más de 20 años en el caso del exministro.

Los integrantes de la organización descrita acordaron, por lo tanto, «la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». En su misión, los tres acusados eran apoyados «de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios del MITMA, como por distintas personas del entorno empresarial de Víctor de Aldama y por familiares de Koldo García», pese a lo cual ninguno de ellos tiene la condición de investigado en la presente causa especial.

El pacto «criminal» orquestado por Aldama, Ábalos y Koldo nació, además, «con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas» que partían, sin embargo, «de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García» del Ministerio de Transportes.

Hasta entonces, la «cohesión» de la organización que integraban el trío de acusados no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino, también, «en la facilitación» a Aldama «de una interlocución privilegiada en sus relaciones; claro está, con el MITMA, pero también con otros departamentos ministeriales y con diferentes Administraciones Públicas, realizando a tal fin cuantas gestiones fueron precisas».

Entre las primeras maniobras señaladas por Anticorrupción, figura «la emisión por el gabinete del ministro José Luis Ábalos de certificados de movilidad durante el estado de alarma declarado con ocasión de la pandemia de COVID-19», cuando el confinamiento estaba activo para todos los ciudadanos. Para ello, «entre las gestiones realizadas con otros ministerios, se cuenta la recomendación que Koldo García hizo para que Víctor de Aldama se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública; finalmente, las encomiendas llevadas a cabo ante otras Administraciones incluyen la intervención de Koldo García para que la sociedad cuyos intereses representaba Víctor de Aldama suministrara material de protección sanitario a los servicios de salud canario y balear».

Un piso en Castellana como garantía

Antes de entrar en el castigo penal que la Fiscalía ha instado para las tres patas de la trama, queda constatado cómo el 24 de abril de 2019 Aldama y Ábalos «celebraron un contrato de arrendamiento con opción de compra, que expiraba el 14 de febrero de 2024», de un piso propiedad del primero, ubicado en el Paseo de la Castellana, en pleno centro de Madrid. Los dos socios en la trama, fijaron una renta anual de 30.000 euros anuales, a descontar de los 750.000 euros del precio fijado para la adquisición (muy por debajo del de mercado) que Ábalos nunca consumó y, por tanto, tampoco pagó.

Y, advierte la Fiscalía, de que dicha situación se produjo porque la venta del piso «nunca fue esa la pretensión de los contratantes».

Al contrario, «el contrato encubría como negocio jurídico real una fiducia de garantía de un crédito que José Luis Ábalos tenía al cobro de unas comisiones -ilegales, desde luego- de tal manera que mientras subsistía la obligación el acreedor mantenía la propiedad fiduciaria de la cosa (en este caso la ventajosa opción de compra) y una vez extinguida la deuda (el pago de las comisiones), se hacía exigible su obligación de restituir la propiedad».

Pagos en efectivo de 10.000 euros al mes

«En el desarrollo del descrito convenio criminal entre los tres» acusados, insiste Anticorrupción en que, al menos desde el mes de octubre de 2019, Víctor de Aldama comenzó a entregar a Koldo García 10.000 euros mensuales, en efectivo, lo que continuó haciendo hasta julio de 2022. Dichos pagos, se ejecutaron «en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos», dado que la cuantía estaba pensada para su reparto entre ambos.

Las indicadas cantidades eran entregadas en Madrid personalmente por Aldama a Koldo y, con frecuencia, también a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, quien, «siguiendo instrucciones de este, se prestaba a recibir el dinero como mero intermediario del cobro».

«Como se ha dicho, Koldo García Izaguirre, en nombre de José Luis Ábalos y con su anuencia, realizaba gestiones de intermediación con los niveles más altos de la Administración Pública a solicitud de Víctor de Aldama, quien buscaba un beneficio económico para sí mismo o para terceros de su confianza, que se garantizaba mediante el pago periódico de importantes sumas de dinero a ambos servidores públicos», describe con precisión el escrito de la Fiscalía.

Los 'enchufes' de las ex amantes

Por si no fuese suficiente todo lo anterior para sentarle en el banquillo, José Luis Ábalos Meco, «prevaliéndose de su cargo de ministro de Fomento y de la consiguiente posición de superioridad jerárquica sobre el resto de autoridades y funcionarios de dicho ministerio, ejerció, siempre a través de Koldo García Izaguirre, una presión moral eficiente sobre sus subordinados para promover la contratación de Jessica Rodríguez García en dos empresas dependientes de este Ministerio».

En concreto, Koldo García, siguiendo instrucciones de José Luis Ábalos, se puso en contacto en febrero de 2019 con Isabel Pardo de Vera, por aquella época presidenta de ADIF y Alta Velocidad, que eran entes empresariales «adscritos» al entonces denominado Departamento de Fomento, para que Jessica Rodríguez García fuera contratada en Ineco.

Precisamente gracias a las gestiones de Pardo de Vera, Jessica terminó contratada en Ineco desde el día 1 de marzo de 2019 hasta el día 28 de febrero de 2021, en funciones administrativas a desarrollar, precisamente, en un proyecto para Adif, «sin que hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que acudiera un solo día a su centro de trabajo o trabajara telemáticamente ni prestara, en definitiva, actividad profesional de ninguna naturaleza», denuncia Anticorrupción.

Prevaliéndose de su cargo en Fomento, y de la consiguiente posición de superioridad jerárquica sobre el resto de autoridades y funcionarios, Ábalos ejerció, siempre a través de Koldo García Izaguirre, una presión moral eficiente sobre sus subordinados para promover la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas dependientes de su Ministerio

A pesar de ello, durante todo ese tiempo, Jessica cobró «una retribución total de 34.477,86 euros. Así las cosas, Koldo García», en cumplimiento de los deseos de José Luis Ábalos, se ocupó «de que la joven» pudiera eludir toda actividad laboral en la empresa pública que le pagaba su salario, sin despertar demasiadas sospechas entre sus superiores, al conseguir que la relación laboral se estableciera bajo la teórica dependencia funcional de su hermano Joseba García Izaguirre, también empleado en dicha institución.

Finalizado el contrato con Ineco y «sin sujetarse tampoco a ningún proceso de selección relevante, Koldo García, siguiendo una vez más las instrucciones de José Luis Ábalos, desplegó nuevamente su influencia para que Jessica Rodríguez García fuera contratada, también, por Tragsatec».

«La relación laboral» con esta segunda compañía arrancó el día 2 de marzo de 2021, «apenas dos días después de terminar su vinculación con Ineco, y se extendió seis meses, hasta el 1 de septiembre del mismo año, percibiendo por todos los conceptos una retribución total de 9.500,54 euros». También, en esta ocasión, el trabajo de la ex amante de Ábalos era de administrativa, siendo asignada a su Presidencia, uno de los 'fraudes' que, precisamente, ha llevado al exministro de Transportes a sentarse en el banquillo, en próximas fechas.