El PP propone en el Senado elevar los requisitos de la ley penitenciaria para la progresión de grado de los condenados por terrorismo

El Partido Popular lleva este miércoles al Pleno del Senado para su toma en consideración una iniciativa que busca modificar la ley penitenciaria para endurecer los requisitos para la progresión de grado para las personas condenadas por delitos de terrorismo.

Los populares denuncian en el texto registrado en la Cámara Alta que «existe una estrategia política» del Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita el apoyo de Bildu, que consiste en otorgar beneficios penitenciarios a presos de la banda terrorista ETA, «en forma de acercamiento masivo de dichos presos a cárceles del norte de España, progresión de grado, o beneficios penitenciarios en general, disfrazado bajo una apariencia de legalidad y tratamiento individualizado, utilizando los vacíos legales o realizando interpretaciones favorables a dichos presos, tanto de la Ley Orgánica General Penitenciaria como del Reglamento penitenciario».

Así, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo propone, por un lado, modificar el artículo 72.6 de la citada ley, en concreto sustituir el término 'autoridades', que se deja en este caso a la interpretación, señalan los populares, de la administración penitenciaria dependiente del gobierno, por «autoridades policiales y judiciales». Con este cambio el PP pretende que «sean las autoridades encargadas de investigar, perseguir y juzgar los delitos de terrorismo las que acrediten si el preso está colaborando o no, y que, en definitiva, para obtener la progresión de grado, se dé una colaboración efectiva y real con las autoridades policiales y judiciales, que posibilite el esclarecimiento de dichos delitos y se acabe con la impunidad», recoge el texto.

Y, por otro lado, plantea modificar ese mismo artículo de manera que estos requisitos se exijan para la progresión de cualquier grado para los que están condenados por terrorismo. Apuntan, en este sentido, que en estos momentos para progresar del primer al segundo grado por estos delitos solo se exige «la premisa de la aceptación de la legalidad penitenciaria», algo que, según denuncia el PP, es ambiguo y está conllevando que los presos de ETA tengan beneficios penitenciarios sin haber pedido perdón a las víctimas o haber colaborado con la Justicia.

Asimismo, el PP quiere derogar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario –que, como señala el partido en el texto, permite que se adopte un modelo de ejecución de pena «en el que se puedan combinar aspectos de los grados»– e incluirlo como un apartado en el artículo 62 de la ley penitenciaria. Busca que en él «se incluya este supuesto de combinar aspectos de distintos grados en función del tratamiento individualizado de cada penado, pero incluyendo la misma previsión que para la progresión de grado, es decir, perdón a las víctimas, signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y colaboración con las autoridades policiales y judiciales en el esclarecimiento de los delitos pendientes de resolver». Y que dicha medida de carácter excepcional tenga la autorización del juez de vigilancia penitenciaria «con carácter previo y no ulterior, como hasta ahora».