La Audiencia Nacional ya rastrea los pagos en efectivo del PSOE a Pedro Sánchez

El pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocía que pudo recibir pagos en efectivo «en alguna ocasión» para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE, aunque en su declaración insistía en que se trataba de una práctica legal común, tanto para instituciones como para empresas.

Sin embargo, para el Supremo, en primera instancia, y ahora en la Audiencia Nacional, se ha puesto el foco sobre dichas afirmaciones, dentro del marco de la pieza separada sobre la presunta 'caja B' de los socialistas, para que proporcionen los datos sobre los pagos efectuados «a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios» que, entre los años 2017 y 2024 cobraron alguna cantidad en efectivo, desde el partido. Un listado que, por lo tanto, incluye al propio Sánchez, tal y como puntualizaba en un auto, ayer miércoles, el juez instructor Ismael Moreno.

En su resolución, el magistrado respondía a la consulta efectuada por los socialistas sobre la providencia inicial en la que, hace una semana, remitió a Ferraz una primera petición sobre los movimientos en metálico. Una solicitud que fue «suficientemente clara», incidía Moreno: todos los abonos realizados, por este método, entre los años 2017 y 2024, con sus soportes documentales correspondientes, sin excepción, con «independencia del destinatario».

Es decir, el partido socialista tendrá que facilitar al juez la información correspondiente a los pagos realizados en dinero contante y sonante, a todas las personas vinculadas con la formación, incluidos Sánchez y su equipo –aportando además los tickets, justificantes o soportes documentales que acrediten los mismos– y tendrá que hacerlo en un plazo de 10 días hábiles. En especial, tras conocerse, por las declaraciones del ex gerente de la formación Mariano Moreno, y de la secretaria de Santos Cerdán, Celia Rodríguez, que algunas de las cantidades en metálico de las que dispusieron en su sede, sirvieron para compensar gastos, presuntamente, adelantados por dos de los principales imputados de la trama que salpica de corrupción al partido, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, entre otros.

De hecho, fue el propio Moreno quien hizo saltar las alarmas en el Supremo, durante su comparecencia ante el magistrado Leopoldo Puente al afirmar que el PSOE se había servido de los servicios de una empresa externa para transportar, cada mes, importantes sumas de dinero en efectivo a su sede central, en lugar de atender a dichas cantidades vía transferencia. Una operativa de la que se benefició el propio Sánchez, a partir del 2017, fecha en la que llegó a la secretaría general del PSOE y un año antes de acceder a la Presidencia del Gobierno, a través de la moción de censura que ganó contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.