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Paco Salazar, en una imagen de archivo

Paco Salazar, en una imagen de archivoPSOE

Nuevo escándalo socialista

Las denuncias anónimas contra Paco Salazar no impiden al PSOE enviarlas a Fiscalía como pretexta Sánchez

El propio Pedro Sánchez ha descartado la posibilidad de poner en conocimiento del Ministerio Público las acusaciones vertidas por varias trabajadoras, a través del canal interno, contra el 'quinto' del Peugeot

El 'caso Salazar' ha abierto en canal al PSOE en una de las dos banderas de Pedro Sánchez tras su llegada a La Moncloa: el feminismo. Las denuncias instadas contra el que ya ha sido designado como el 'quinto' del Peugeot, por varias trabajadoras dependientes de él, a través del canal interno de la formación, han provocado un tsunami entre los socialistas donde, las voces más críticas, señalan desde hace días la obligación de Ferraz de trasladar el presunto acoso sexual a la Fiscalía. Una opción que, sin embargo, descartaba el propio presidente del Gobierno, asegurando que se trataba de escritos anónimos y que, como tales debían respetarse.

Sin embargo, los expertos consultados por El Debate han apuntado cómo pese a la confidencialidad de la que disponen las denunciantes a título 'empresarial', ésta no es en modo alguno incompatible con la obligación que tienen en el partido de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público para que abra una investigación de oficio. Si bien es cierto que al tratarse de un supuesto delito contra la libertad sexual, que afectaría a víctimas mayores de edad, para que el mismo prospere necesitaría de la existencia de una querella planteada por éstas, de forma directa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Código Penal.

Por el contrario, cabe indicar que el perdón de las mujeres afectadas, una vez puesta en marcha la maquinaria, no tendría ningún efecto que seguiría el curso del procedimiento.

En el mismo sentido, algunos especialistas en la materia han señalado a este diario que, si la actuación legal prospera, teniendo en cuenta la dimensión política y social que ha adquirido el asunto, el propio PSOE «podría ser imputado» y, en su caso, declarado «responsable civil subsidiario» de las actuaciones de Salazar, si se demuestra que existiendo denuncias, en conocimiento de la formación, éstas fueron silenciadas, «tapadas» o «deliberadamente ocultadas» por los responsables orgánicos de su tramitación, gestión y seguimiento a nivel partido.

El hecho de que desde Ferraz se hubiese escuchado a las denunciantes, se las hubiese asesorado y se hubiese dado el paso de «acompañarlas» a presentar la correspondiente denuncia, incluso cuando el presunto autor de las agresiones fuese un hombre fuerte de Sánchez, «habría ayudado» al PSOE a disipar, desde un primer momento, las sombras de las sospechas según las cuales trató de minimizarse lo ocurrido y de cerrarse sin consecuencias reales.

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