Vicente Fernández y Leire Díez, unidos por la SEPI de Sánchez y Montero

La detención de Vicente Fernández Guerrero por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es un nuevo golpe a la línea de flotación del Gobierno de Pedro Sánchez que emergió de la moción de censura a Mariano Rajoy. Fue justo en aquella época, cuando Fernández Guerrero fue nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en junio de 2018, tras haber sido un estrecho colaborador de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, cuando él era Interventor General de la Junta y ella ejercía como consejera de Hacienda y Administración Pública en Andalucía.

Desde su presidencia, uno de los primeros cambios se produjo en el Grupo ENUSA, participada al 60 % de la SEPI, sustituyendo al ingeniero industrial José Luis González por José Vicente Berlanga Arona como consejero ejecutivo, por el único mérito de haber coincidido en Valencia con el recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, además de tener el carnet de militante del Partido Socialista.

En ese momento fue cuando Vicente Fernández Guerrero cruzó su camino con Leire Díez, que fue contratada por Berlanga como responsable de Comunicación de la empresa que juega un papel clave en la gestión de residuos radiactivos. Díez sería clave buscando información sobre la jueza Mercedes Alaya, que había ordenado abrir la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar por la que se imputó a Guerrero por ser en aquella época secretario general de Industria de la Junta.

Rescate de Air Europa

Así Guerrero, que no llegó al año y medio en la SEPI, puso su cargo a disposición de la ministra de Hacienda, en octubre de 2019, y estuvo esperando que diera fruto los supuestos trabajos de la fontanera del PSOE para volver a reincorporarse a la empresa de titularidad pública si no continuaba imputado. Finalmente, no pudo ser, y Montero nombró para dirigir los designios de la SEPI, en marzo de 2021, a otra persona de su máxima confianza, Belén Gualda.

En ese periodo de tiempo que no hubo presidencia en la SEPI fue cuando se produjo el polémico rescate a la aerolínea Air Europa (475 millones de euros), aprobado en 2020, con el trámite más rápido y con las presiones de la supuesta organización criminal que estaba en el núcleo del PSOE —«Air Europa es el primer punto de Hacienda», comentaba Koldo García a Víctor de Aldama como recoge uno de los informes de la UCO—.

Tras la caída de Ábalos, sin todavía conocerse los verdaderos motivos que tuvo Sánchez para cesarlo, Berlanga fue sustituido en Enusa, a finales de 2021, por Mariano Moreno, exgerente del PSOE, que pasó a cobrar 245.000 euros anuales, después de haber sido responsable de las cuentas de Ferraz. Y Leire Díez fue solicitada directamente por el entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, amigo íntimo del presidente del Gobierno, que la fichó como jefa del área de Relaciones Institucionales.

La carrera meteórica de Guerrero

La carrera de Guerrero (Málaga, 1973) desde que ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta, en 1999, con el número uno de su promoción, estuvo vinculada a Andalucía. En enero de 2013 fue nombrado presidente de la Agencia Andaluza de la Energía, puesto que compatibilizó con el puesto de secretario general de Innovación, Industria y Energía. Cesó de ambos cargos, en febrero de 2016, al ser fichado como Interventor General de la Junta de Andalucía, a propuesta de Montero, consejera de Hacienda del Gobierno de Susana Díaz, puesto para el que no tenía la cualificación requerida. Dos años y cuatro meses más tarde se convirtió de su mano en el presidente del Grupo SEPI, cuya cifra de negocio era entonces de 4.519 millones de euros con una plantilla de 78.442 personas.

Un mes antes de cesar en la presidencia de la SEPI, en septiembre de 2019, Fernández Guerrero solicitó su incorporación a los Servicios Especiales de la Junta de Andalucía al ser letrado por oposición. Y, en octubre de 2020, según el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), pasó como letrado a los Servicios Centrales en Sevilla, puesto del que solicitó la excedencia, en octubre de 2021, para incorporarse a Servinabar 2000.

Según fuentes del holding estatal, Fernández Guerrero era especialista en estructuras societarias, y en la empresa participada por Joseba Antxon Alonso, vinculado al PSOE de Navarra de María Chivite, y a Santos Cerdán por un contrato privado, pudo realizar el entramado societario de la empresa, que recibió el contrato de 72 millones de euros para reformar el túnel de Belate. De ese dinero, al menos seis millones acabaron en la constructora investigada, donde estuvo hasta febrero de 2023. Según la investigación de la UCO, Guerrero habría sido detenido por desviar comisiones ilegales de contratos públicos.

Un patrimonio desproporcionado

Otro punto inexplicable de Vicente Fernández Guerrero es el incremento desproporcionado de su patrimonio «abonado al contado». Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado, en julio de 2025, en la que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, se mencionó que entre 2017 y 2024 adquirió «un patrimonio inmobiliario valorado en unos diez millones de euros», por los que tendría inscritos en el Registro de la Propiedad distintos inmuebles: «Un piso de 330 metros cuadrados en la urbanización de lujo de Puerta de Hierro, en Madrid; dos chalets en El Aljarafe, Sevilla; y tres viviendas en Marbella, entre la primera y segunda línea de playa, además de dos garajes y dos trasteros», como da cuenta detalladamente en exclusiva El Debate.