Las claves del caso de la fontanera Leire Díez: sus maniobras contra la UCO e intentos de soborno de fiscales

Leire Díez saltó a la fama hace unos meses y desde entonces es conocida como la supuesta fontanera del PSOE. Imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y de cohecho, ha sido detenida este miércoles, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

Todo comenzó con la publicación de varias grabaciones que recogían las intenciones de Díez: buscar información comprometida de la Fiscalía, de la Unidad Central Operativa (UCO) y de algún juez. En definitiva, a todos aquellos que se encuentran investigando la presunta corrupción que asola al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dentro de estas maniobras, la exconcejal y exmilitante socialista tenía en su punto de mira, entre otros, al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, y al fiscal anticorrupción, José Grinda.

El anonimato de Leire Díez llegó a su fin el pasado mes de mayo y con la rueda de prensa que dio el pasado 4 de junio en el Hotel Novotel de Madrid. Esta comparecencia ante los medios fue excéntrica en todos los sentidos. En ella, Díez aseguró en todo momento que estaba realizando labores de periodismo de investigación, a pesar de que haya podido cometer delitos, como revelan los audios publicados.

«Creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Ni fontanera ni cobarde. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones», aseguró la presunta fontanera de Ferraz en esta rueda de prensa. Minutos después, apareció de forma sorpresiva Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Koldo y presunto líder de una trama de fraude de IVA en hidrocarburos. Aldama no dudó en lanzar amenazas y en dirigirse a ella con gritos de «¡mentirosa!».

En la causa abierta contra ella también están siendo investigados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. En la pieza judicial también se incluyen denuncias de intentos de soborno por parte de dos fiscales: el fiscal Anticorrupción José Grinda y el fiscal en Madrid Ignacio Stampa.

¿Qué es lo que se investiga?

El juez Arturo Zamarriego investiga las maniobras realizadas por Leire Díez y por Javier Pérez Dolset con el fin de buscar «información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales». Lo que buscaban, según el juez, era «anular o malbaratar» investigaciones que afectasen a políticos y a empresarios, pero también aquellas que afectan al PSOE o al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Las primeras investigaciones buscaban esclarecer un encuentro de ambos investigados con el empresario Alejandro Hamlyn, que se encuentra fugado de la justicia y que está implicado en un fraude de hidrocarburos. A Hamlyn le pidieron informaciones sobre el mando de la UCO, Antonio Balas. La reunión se produjo el pasado 3 de febrero y en ella estuvo presente Jacobo Teijelo, el abogado que ha llegado a visitar a Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real y a pesar de que fue Benet Salellas el que defendió al exsecretario de Organización del PSOE.

El caso investiga además dos supuestos intentos de soborno. El primero lo denunció el fiscal Anticorrupción José Grinda, que recibió una oferta de traslado y de ascenso a través de Pere Rusiñol, periodista y amigo, a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón, y del archivo de causas judiciales. Este acuerdo contaría con el respaldo de Leire Díez.

El segundo intento de soborno lo denunció fiscal en Madrid Ignacio Stampa, que se reunión con Pérez Dolset y con Díez. Ambos le pidieron información comprometida sobre Luzón, Grinda y el magistrado Manuel García-Castellón. Díez y Pérez Dolset aseguraron además que seguían órdenes expresas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ellos, el dirigente socialista quería «limpiar, sin límite» tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. La mujer de Sánchez se encuentra actualmente imputada por hasta cinco delitos de corrupción.

La Fiscalía archivó en un principio la denuncia del fiscal José Grinda, pero posteriormente la reabrió al ver «determinante» que Leire Díez aparentase hablar «en nombre de altas instituciones del Estado».

Al juez Arturo Zamarriego también le llegó una denuncia por posibles maniobras contra la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. La magistrada Beatriz Biedma fue la jueza de instrucción que investiga al hermano del presidente del Gobierno por las irregularidades que se cometieron para asignar a David Sánchez un puesto a medida y dependiente de la Diputación de Badajoz, institución gobernada por los socialistas.

Leire Díez desde su imputación ha negado que haya podido cometer alguna acción delictiva, alegando que ella es «periodista de investigación» y llegando a denunciar a Grinda ante la Fiscalía por verter «acusaciones falsas» contra ella.

¿Quiénes son los investigados?

La principal investigada del caso es, obviamente, Leire Díez. Ella fue militante del PSOE, concejal del municipio cántabro de Vega de Pas y jefa de Comunicación en la empresa pública Enusa. También es exdirectora de Filatelia y de Relaciones Institucionales en Correos.

Otro que aparece como investigado en la pieza es Javier Pérez Dolset, un empresario involucrado en un caso de fraude de subvenciones en su empresa Zed, que entró en bancarrota en 2016.

El periodista Pere Rusiñol es otro de los imputados dentro de la causa, que le trasladó la oferta a Grinda de parte de Díez y de Pérez Dolset. El informador asegura que nunca leyó tal oferta.

¿Cómo reaccionó el PSOE?

El PSOE primero abrió un expediente a Leire Díez y posteriormente aceptó su solicitud de baja del partido. Los socialistas trasladaron a la Fiscalía un pendrive que anteriormente Díez entregó a Santos Cerdán, el que fuera secretario de Organización del PSOE y que actualmente se encuentra en prisión preventiva por el caso Koldo y la presunta corrupción que afecta a Ferraz. Desde entonces, los miembros del PSOE y del Gobierno han alegado que Leire Díaz «nada tiene que ver» con la formación socialista tras haber formalizado su baja como militante. El contenido del pendrive que Díez entregó a Cerdán está siendo analizado por la UCO.

Una vez que se dio a conocer el caso, Leire Díez pidió la baja como militante del PSOE. Siempre ha negado ser «fontanera» de Ferraz o de haber actuado en nombre de la formación o del Ejecutivo de Sánchez. Sus maniobras se enmarcan, según la exmilitante socialista, dentro de una «investigación periodística».

¿Quiénes son los testigos?

Los principales testigos del caso son los fiscales Grinda y Stamp, que denunciaron intentos de soborno por parte de Díez y de Pérez Dolset.

Otro testigo es el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado por la trama Koldo tras recibir presuntamente pagos de Víctor de Aldama. Villalba se reunió además el pasado mes de marzo con la exmilitante del PSOE. El pasado día 11 de noviembre, cuando Leire Díez declaró ante el juez, también fueron citados como testigos el abogado Jacobo Teijelo y ocho periodistas que publicaron informaciones relacionadas con Díez y de las que el sumario se nutre.

¿Quién es el juez?

Arturo Zamarriego es un experimentado juez que se encuentra al frente del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid. Desde finales del pasado mes de julio dirigente la investigación contra la presunta fontanera de Ferraz. También ha incorporado a la causa las diligencias abiertas por la Fiscalía, pese a las reticencias iniciales.

Este magistrado ha estado implicado en causas mediáticas como la del pederasta de Ciudad Lineal, que acabó condenado a 70 años y medio de prisión. También ha dirigido las investigaciones a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolas, que acabó siendo condenado a dos años de prisión por un delito continuado de falsedad documental. También mandó retirar en menos de 24 horas la lona que desplegó Hazte Oír delante del Congreso de los Diputados en la que se llamaba «corrupto» a Pedro Sánchez. El magistrado apreció un «exceso» de libertad de expresión.

¿Quiénes son las acusaciones populares?

Este caso cuenta con varias acusaciones populares: Hazte Oír, Iustitia Europa y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC). A esto hay que sumar Vox, PP e Iustitia Europa.

Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox también están personados como acusaciones en la causa judicial contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, o el caso Koldo.