Setenta y dos horas de socialismo en los calabozos, más de cien millones y cinco contratos públicos bajo sospecha

Setenta y dos horas después de que en una operación simultánea y coordinada desde la Audiencia Nacional, la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía accediese a registrar varias empresas públicas e instituciones, tres de los principales detenidos –Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar y el ex presidente de la SEPI, colocado por María Jesús Montero– quedaban en libertad, con medidas cautelares, tras pasar a disposición judicial.

La exmilitante del PSOE, que también está siendo investigada por el juez Arturo Zamarriego en el Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información confidencial sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como el teniente coronel Balas y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, abandonaba los calabozos judiciales a pie, encapuchada, con el paso ligero, sin pasaporte y con la prohibición expresa de salir del país.

No en vano, a sus problemas procesales se ha sumado ahora, además, la sospecha de que participó, activamente, junto con el que fuera su jefe Cerdán, en el amaño de hasta cinco contratos públicos que superaron, en total, los ciento treinta millones de euros.

Cabe recordar que Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez Zamarriego que había mantenido dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista de investigación, pese a que nunca ha publicado nada, y que no tenía ningún vínculo orgánico con el partido, ni había ofrecido jamás favores en su nombre. Sin embargo, Leire trabajó en Enusa, la empresa pública del uranio salmantino, entre 2108 y 2021, de la que salió con una excedencia voluntaria a Correos, como jefa de Relaciones Institucionales, con un sueldo que superaba los 100.000 euros al año, ambas compañías dependientes de la SEPI y ambas registradas en la redada policial de esta semana.

Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.

En esta ocasión, Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del 'caso PSOE' sobre la información tributaria de Servinabar. Unos papeles en los que se refleja cómo el que fuera mano derecha de Montero, pudo recibir más de 65.000 euros en el año 2021, 40.800 que le fueron retenidos en 2022 y 33.250, en 2023.

Por su parte, Alonso, administrador único de Servinabar, de la que Cerdán adquirió el 45%, aunque nunca elevó la operación a escritura pública para dificultar su localización, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del 'caso PSOE' relativa a la presunta trama de amaños de obra pública. De hecho, durante su comparecencia del pasado mes de julio ante el instructor Puente, el empresario siempre defendió que él había sido el administrador y dueño único de Servinabar, que llegó a hacerse con obra pública dependiente del Gobierno foral de Navarra, de María Chivite, por valor de 75 millones de euros.

Ahora, se sabe que los tres participaron, presuntamente, en una trama, perfectamente ensamblada, que ofrecía a los empresarios con los que contactaban, edificios históricos de Correos, con el aval de la SEPI, para obtener ayudas públicas tramitadas a través de la empresa Sepides, para el arranque de sus negocios, a cambio, claro está, de 'mordidas' previas a las adjudicaciones propuestas. Una operativa en la que los tres habrían jugado un papel complementario pero que podría salpicar a otros altos cargos socialistas y desencadenar nuevas detenciones en los próximos días.