La corrupción del Gobierno monopoliza la actividad de la Justicia: Supremo, Audiencia Nacional y Plaza Castilla

Las últimas horas judiciales no han traído buenas noticias para el Partido Socialista, ni para el Gobierno de Pedro Sánchez que, a medida que avanzan las investigaciones ha ido viendo cómo a su entorno político más cercano se le complica el horizonte procesal, tras más de una veintena de registros y con cinco nuevas detenciones de empresarios, militantes y ex altos cargos de la formación que, además, se tambalea bajo un tsunami, ya imparable, e denuncias por acoso, a lo largo de toda la geografía nacional.

Así las cosas y de manera coordinada y simultánea, varios de los magistrados que se encargan de autorizar las pesquisas sobre las diferentes causas de corrupción que salpican al Ejecutivo, ponían en marcha diferentes actuaciones policiales encaminadas a incautarse de material relevante para la fase de instrucción de los distintos procedimientos y recibían nuevos informes que hacen inevitable la descomposición de la legislatura. Una labor de rastreo y averiguación que monopoliza la actividad de la Justicia madrileña, en tres frentes: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los madrileños juzgados de Plaza de Castilla.

Audiencia Nacional

La primera de las intervenciones, dentro de las más recientes, se encuentra en manos del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que aglutina un total de tres procedimientos, hasta la fecha. Una causa en la que el juez Antonio Piña –que llegaba para reemplazar al histórico Manuel García-Castellón, tras su jubilación– ordenaba la detención de tres personas en el marco de las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos públicos. Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE', el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, promocionado tanto en Andalucía como durante su llegada a Madrid por la vicepresidenta primera María Jesús Montero; y, Antxon Alonso, administrador de Servinabar, empresa de la que es titular al 55% con el ex diputado y secretario de Organización, Santos Cerdán entraron en el calabozo el pasado miércoles y están a la espera de que, a lo largo de esta misma mañana, pasen a disposición judicial para declarar.

Todos ellos están siendo investigados, en una operación coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, por varios presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, articulados a través de varios registros efectuados en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Navarra en cerca de una veintena de sedes de empresas públicas, entre las cuales se encuentra la SEPI pero, también, por ejemplo, Correos o Enusa. En esta última, la salamantina del uranio donde trabajó Leire entre 2018 y 2021 está, ahora, capitaneada por Mariano Moreno Pavón, el exgerente del PSOE que reconoció que no se habían comprobado con rigor los pagos en metálico de los gastos anticipados por los miembros de la cúpula del partido

Y, mientras, los investigadores asignados a la denominada causa de hidrocarburos, entregaban al magistrado Santiago Pedraz, al frente de las actuaciones del Juzgado Central número 5 que complican al comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y a una serie de empresarios, entre ellos Claudio Rivas, Carmen Pano y su hija Leonor por, presuntamente influir, a través de comisiones irregulares y pagos en especie, en un total de hasta cuatro ministerios -Transportes, Hacienda, Transición Ecológica e Industria- para agilizar, sin cumplir los requisitos necesarios, la concesión de licencias de operador en el mercado del combustible.

Al mismo tiempo en el que se producían las referidas actuaciones, vencía el plazo inicial otorgado por el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central número 2, para que Ferraz entregase el detalle de todos los justificantes, recibos y tickets necesarios para justificar el elevado volumen de pagos en efectivo detectados en la formación, entre los años 2017 a 2024, bajo sospecha de presunta financiación irregular. En caso de confirmarse este extremo, ya han sido varios los socios que todavía sostienen al Gobierno quienes han dicho que romperían la legislatura.

Tribunal Supremo

De hecho, esta última derivada, fue recibida por el juez Moreno de manos del instructor inicial asignado al 'caso PSOE' en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente quien, esta misma semana, y tras el aval recibido por la Sala de Apelaciones del mismo Alto Tribunal, acordaba la «apertura de juicio oral contra los acusados José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado», por la derivada de la compraventa irregular de mascarillas, en pandemia, y los enchufes de las señoritas de compañía del ex ministro de Transportes, en empresas públicas en las que cobraban del erario sin ir a trabajar.

Así las cosas, los tres procesados tendrán que sentarse en el banquillo, por «los hechos que se contienen en el auto por el que se acordaba la acomodación de las actuaciones a las normas previstas para el procedimiento penal abreviado, matizados y enriquecidos en aspectos no esenciales en los respectivos escritos de acusación». Es decir, por un total provisional de hasta siete delitos distintos de: integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación». Un proceso en el que serán juzgados por un total de siete magistrados de la Sala Segunda de lo Penal, como ya sucediese en la causa contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En paralelo, Leopoldo Puente seguirá avanzando con el resto de las derivadas de la macro causa socialista, siendo competente para hacerlo por la condición de diputado, y por tanto aforado, que ostenta José Luis Ábalos. La principal, el entramado de 'mordidas' del 2% a cambio de obra pública amañada que Santos Cerdán importó desde Navarra a Ferraz, tras la llegada de Sánchez al Gobierno central. Una «organización criminal» que lideró, impunemente, durante años, repartiendo «cupos» territoriales, como desveló el propio Víctor de Aldama, en su compromiso de cooperación con la Justicia.

Los juzgados de Plaza de Castilla

Además, a las causas en manos del juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que se encarga de los asuntos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno ; y, del magistrado Arturo Zamarriego, al frente de las actuaciones del número 9 en las que se indagan los presuntos sobornos perpetrados por Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, contra mandos de la Guardia Civil, fiscales, magistrados e, incluso, periodistas, previa obtención de información sensible, en el marco del denominado 'caso cloacas'; en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla se ha desencadenado, en las últimas horas, un nuevo procedimiento vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra, por valor de 53 millones de euros

De hecho, ya en su momento, se sospechó que la ayuda inyectada por el Gobierno socialista a Plus Ultra, no respondía a un criterio de soporte puntual, durante pandemia ya que, para los expertos periciales citados por el juzgado, la empresa no era viable antes de la crisis sanitaria.

El asunto, anteriormente archivado, está en manos del juzgado de instrucción número 15 de la capital, del que es titular Esperanza Collazos quien, este jueves, a primera hora de la mañana, ordenaba a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se personasen en la sede de la compañía, ubicada en Alcobendas, para clonar dispositivos. La pieza, declarada secreta, sigue la pista de Anticorrupción un presunto blanqueo de capitales que implicaría directamente al dueño de la empresa, Julio Martínez, y al CEO de la misma, Roberto Roselli, ambos detenidos durante la operación de entrada y registro.

Los vínculos de Plus Ultra con Venezuela y el Gobierno español se remontan a 2021, fecha en la que la SEPI, ahora en cuarentena por varios motivos, autorizó la operación de rescate, pese a que no se cumplían los criterios de solvencia.