La acusación popular presenta una hoja de encargo en la que Villarejo trata a López Madrid como cliente «K»

En la primera sesión del juicio, en el que el ex comisario José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid están acusados por cohecho, se han admitido un total de cinco nuevos documentos presentados por la acusación popular, en el trámite de cuestiones previas. Unos papeles que fueron incautados en los domicilios y oficinas del ex comisario jubilado y de su socio, Rafael Redondo, en Galapagar, por varios agentes de la Guardia Civil que hoy declararán en sede judicial para acreditar la cadena de custodia de dichos elementos y su veracidad.

Según ha podido confirmar El Debate, en el dossier incorporado al procedimiento, una hoja de encargo en la que el comisario Villarejo describía el comportamiento de la víctima, la doctora Elisa Pinto, en relación a Javier López Madrid al que identificaba como «K», la inicial que, de manera recurrente, el ex policía utilizaba para identificar a sus clientes, como quedó acreditado en otra de las causas judiciales en las que se vio envuelto, el 'caso Tándem'. De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, el hecho de que se refleje por escrito esta cuestión y que se deslice la existencia de una posible relación comercial entre dos de los tres acusados, supone un paso importante para acreditar el delito de cohecho para el que debe mediar el pago de precio.

La nota, fechada en agosto de 2013 identifica a la doctora Pinto, recogiendo detalles de su vida más personal, edad, entorno, hábitos, domicilios, sociedades de las que es propietaria, actividad en redes sociales, teléfonos, contenido de dichos terminales... y otra serie de datos que, en algunos casos, no figuraban en bases públicas, ni eran accesibles para cualquier ciudadano común por lo que «acreditan una investigación privada realizada mediante el uso de capacidades propias de una estructura policial», sostiene la acusación popular.

De hecho, este «trabajo de campo», ha sido uno de los asuntos puesto en valor por la abogada Ana Blanco, al frente de la misma, para acreditar que Villarejo utilizó, presuntamente, su posición y contactos profesionales para acceder a información protegida, incluso procedente del censo electoral, de una ciudadana particular. De ahí la justificación de que la letrada continúe personada en esta causa, en «representación del interés general», explicaba ella misma en la Sala de vistas, ante el tribunal.

Por su parte, López Madrid que sorpresivamente pedía declarar en primera lugar, pese a que inicialmente había solicitado hacerlo en último término, negaba en sede judicial y a preguntas de la letrada haber contratado los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo para que amenazase a la doctora Elisa Pinto, como consecuencia de un conflicto personal en el que el conocido empresario aseguró haber recibido «más de 1.500 llamadas» en ocho meses, «más otras tantas» su mujer, hijos y amigos, señalando a la doctora como responsable de dichas acciones, efectuadas a través de tarjetas de prepago y cabinas telefónicas.

Fue después de relatarle esta situación a un amigo, cuando este le recomendó acudir a «un investigador privado». Según el relato del empresario, lo que llevó a acudir a la oficina de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, en Torre Picasso, en 2012, para intentar solucionar esta «dramática situación» en la que ha contado que se encontraba. Un extremo negado por la abogada quien ha preguntado al acusado sobre las «más de 60 llamadas» que se produjeron entre él y Villarejo.

Asimismo, ha precisado que supo que Villarejo seguía formando parte de la Policía en el año 2017 y ha reiterado que el comisario jubilado «nunca» le pidió dinero. «No hablamos de dinero», ha remachado.