Sánchez, ante la reforma del suplicatorio del PP: las causas en las que podría llegar a ser imputado

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció el domingo en La Coruña, en el transcurso de la 28ª Interparlamentaria del PP, su intención de modificar la normativa que regula el suplicatorio con el objetivo de impedir que su denegación suponga el archivo de una causa judicial y posibilite que un diputado pueda «esquivar la Justicia». «Esto no puede ser. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la Justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad. La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco», aseguró Feijóo en referencia directa a los numerosos casos que asolan a Pedro Sánchez.

La Constitución dictamina que los diputados y senadores «no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva». Este permiso –cuyo procedimiento se regula en el Reglamento del Congreso– es imprescindible para que un diputado pueda ser sometido a un proceso penal, y para que hoy en día salga adelante tiene que ser aprobado en el Pleno de la Cámara.

Más allá de las querellas que continúan activas contra el presidente del Gobierno –como la presentada por Vox por falso testimonio tras afirmar en el Senado que no conocía a Antxon Alonso, o la impulsada por Manos Limpias por revelación de secretos–, existen distintos procedimientos y judiciales que afectan al entorno más próximo de Pedro Sánchez. Entre ellos figuran el caso de Begoña Gómez, el denominado caso del hermanísimo, la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Socialista, o el caso PSOE, en la que su antiguo colaborador más estrecho, José Luis Ábalos, se encuentra actualmente en prisión.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido, explicó a El Debate que «el presidente del Gobierno puede ser investigado, puede ser procesado y puede ser condenado, pero es complicado». A su juicio, «además, a este no le pillarán: si mañana se descubriera que ha cometido un delito como una catedral y hubiera que imputarlo, lo tendría que imputar el Tribunal Supremo, y luego se instruiría el procedimiento, y tras ello se celebraría el juicio».

Por su parte, la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo y abogada, Gemma Martínez Galindo, indicó que el escenario en el que veía más cercana una posible imputación era el que afectaba a la esposa del presidente. «El tema en el que veo yo más cerca de una imputación es el de su mujer, por el caso de AirEuropa», afirmó. También se refirió a las otras investigaciones relacionadas con presuntas malversaciones, aunque matizó que solo prosperarían si aparecía una prueba directa: «Siempre y cuando se encontrara un WhatsApp, un audio, un papel, un correo, una documentación... Algo que le implicara directamente a él. Pero lo veo muy difícil».

En relación con la investigación por una posible financiación irregular del PSOE que instruye la Audiencia Nacional, Martínez Galindo señaló que «para que él, como secretario general pueda estar como investigado –y no la persona jurídica (PSOE)– tendría que haber unos indicios muy relevantes de que él ha sido el que ha dado esas instrucciones y esas órdenes para llevar a cabo la la financiación irregular».

En cuanto a la querella por falso testimonio, la profesora del CEU explicó que, en principio, no implicaría inhabilitación, dado que «el artículo 502 del Código Penal, el que regula este delito, no prevé la inhabilitación porque no depende de una autoridad o funcionario público, sino simplemente faltar a la verdad».