Sánchez busca reforzarse con una regularización masiva de inmigrantes que tensiona los servicios y tendrá efecto llamada

El Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de 500.000 personas extranjeras que se encuentran en España. Solo será necesario haber llegado a España antes del pasado 31 de diciembre, carecer de antecedentes penales y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

A pesar de la relevancia de esta medida, el Ejecutivo ha optado por la fórmula del real decreto para no tener que someter esta regularización masiva a votación en el Congreso de los Diputados. De hecho, esta medida se recogía en una Iniciativa Legislativa Popular que fue admitida a trámite en abril de 2024, pero que llevaba casi dos años bloqueada por la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios. Al verse incapaz de reunir los apoyos suficientes en el Congreso, el Gobierno ha buscado un atajo -el real decreto- para aprobar esta medida sin consultar al Parlamento.

Otra vez, al debate político

El Gobierno de Pedro Sánchez busca desviar la atención del accidente de Adamuz y reforzarse electoralmente con esta medida que ha sido pactada con Podemos, pero introduce de nuevo la inmigración en el debate político. Un debate que podría beneficiar tanto a Vox como al PP en las próximas elecciones autonómicas.

La regularización masiva que se aprobará hoy permitirá trabajar de forma legal y acceder a la asistencia sanitaria y demás servicios públicos desde el momento que se solicite. Por lo tanto, supondrá la incorporación de 500.000 beneficiarios más a un sistema sanitario que ya acumula listas de espera y registra picos de colapsos.

Pero, además, según Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, esta regularización masiva «va a generar un efecto llamada que provocará que miles de personas se jueguen la vida en manos de las mafias».

La mayoría son hispanoamericanos

Se calcula que en España había a principios de 2025 unos 840.000 extranjeros en situación irregular, según una nueva estimación de Funcas. Esta cifra supone un crecimiento notable y sostenido del número de extranjeros en situación irregular, que en 2017 eran unos 107.000.

La mayor parte, unos 760.000 extranjeros irregulares, son americanos: 290.000 colombianos, 110.000 peruanos y 90.000 hondureños. A bastante distancia se sitúan las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000).

El Gobierno aspira a regularizar a 900.000 extranjeros en el trienio 2025-2027. Según Funcas, aunque se cumpliera este objetivo, si las pautas de inmigración y de regularización no vinculadas al arraigo mantuvieran la dinámica actual, el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que tendería a estabilizarse.