Exterior del Parador de Fuenterrabía
Moción en el Senado
Vox exige al Gobierno que garantice la «integridad» de la Red de Paradores y no lo utilice como «moneda de cambio»
Advierte de que su desmantelamiento progresivo supondría «una pérdida irreparable de patrimonio público, una ruptura del principio de igualdad entre españoles y un grave precedente para otras empresas e instituciones estratégicas»
Alerta de que hay antecedentes de «compromisos políticos asumidos por el PSOE» con el PNV que incluían la cesión de paradores concretos, como los de Argómaniz y Fuenterrabía
Vox ha registrado en el Senado una moción para instar al Gobierno central a garantizar la «integridad» de la Red de Paradores de Turismo de España y que no lo utilice como «moneda de cambio» en sus negociaciones políticas, descartando «cualquier proceso de enajenación, cesión, transferencia o fragmentación» de paradores individuales o de la red entera a favor de administraciones regionales.
En el texto, al que ha tenido acceso El Debate, el partido, que capitanea Ángel Pelayo en la Cámara Alta, subraya que la Red de Paradores «constituye una de las instituciones públicas más emblemáticas, no solo por su relevancia económica y turística, sino por su valor estratégico como instrumento de cohesión territorial, vertebración del territorio y preservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la Nación».
Vox remarca la «peligrosa deriva» de cesiones de competencias y de patrimonio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez dada su debilidad parlamentaria y alerta de que existen «antecedentes claros de compromisos políticos» asumidos por el PSOE con el PNV que incluían la cesión de paradores concretos, como los de Argómaniz y Fuenterrabía, y que, de acuerdo con un documento interno de 2024, los nacionalistas vascos siguen teniendo en su agenda los traspasos de esta institución.
Según señala Vox en el texto, el Ejecutivo negó que esto pudiera ocurrir cuando le planteó este tema en su día y defendió que «generan riqueza en los territorios y cohesión territorial», aunque no descarta que los socialistas puedan recurrir llegado al caso a un nuevo «cambio de opinión» como en otras cuestiones que habían negado.
Advierte en este sentido de que su desmantelamiento progresivo supondría «una pérdida irreparable de patrimonio público, una ruptura del principio de igualdad entre españoles y un grave precedente para otras empresas e instituciones estratégicas», y además sería incumplir, por parte del Estado, «el deber de guarda y protección» de acuerdo a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
