Vox quiere que toda ayuda social esté vinculada a la residencial legal y poner fin al «fraude» en el padrón

El decreto del Gobierno para regularizan a en torno a medio millón de inmigrantes ha vuelto a poner el foco político en el debate migratorio. El partido de Santiago Abascal, que ya avanzado un recurso en el Tribunal Supremo contra él, ha acusado al Gobierno de pretender con estas regularizaciones masivas una sustitución del censo español y ha alertado nuevo sobre lo que describe como una «invasión» migratoria y sus consecuencias para los servicios públicos, la seguridad y la identidad de España.

Su oposición a la inmigración ilegal y masiva es uno de los ejes principales del discurso y el programa de Vox. Era una de las líneas rojas a la hora de negociar presupuestos, lo es en Extremadura y lo será ahora en Aragón si el PP vuelve a necesitar sus votos. Y en el programa con el que se presenta a las elecciones de este 8 de febrero en esta región, que también tiene como lema de campaña 'Sentido común', como en la extremeña, recoge muchas propuestas y compromisos sobre este tema, que, por otra parte, no son nuevos, puesto que son los que viene defendiendo en todo el territorio nacional.

«A nuestra Nación sólo se puede venir de forma legal, ordenada, acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral, y con una clara voluntad y capacidad de adaptación. Por tanto, es más necesario que nunca que todas las administraciones lancen el mensaje contundente de que quien violente nuestras fronteras y entre de forma ilegal, quien delinca, o quien venga a vivir del esfuerzo de los demás o a imponer su cultura extremista y contraria al respeto de la mujer, será expulsado de forma inmediata», defiende Vox. Y en este sentido, aboga por las repatriaciones, remigraciones y deportaciones, y por presionar desde los gobiernos autonómicos al Gobierno central y a la Comisión Europea.

El partido de Abascal tiene entre sus propuestas clave establecer la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos y a las ayudas sociales, así como en los programas de acceso a la vivienda. «Los españoles siempre primero», remarca Vox. Quiere asimismo que se impulsen las modificaciones legales necesarias para que «cualquier ayuda social esté vinculada a la residencia legal, y no al mero empadronamiento». Y se compromete a ejercer una ofensiva para combatir el «fraude» en el padrón, señalando que actualmente este permite a los inmigrantes ilegales beneficiarse de las ayudas públicas. En este sentido, propone poner al servicio de los ayuntamientos una línea de asesoramiento para modificar las normativas para acabar con ello.

Por otro lado, Vox pretende que se fiscalicen todos los gastos «directos e indirectos» que se destinan a la gestión de la inmigración ilegal en este caso en Aragón, que es una iniciativa que registró en su día en las Cortes y en los parlamentos autonómicos. Incide en el programa en su oposición a que se instalen centros de acogida de inmigrantes ilegales o de menores y se compromete a impedirlo «con todos los medios al alcance» desde el Gobierno aragonés, y a promover el cierre de los que están abiertos; y hasta que se cierren de forma definitiva, plantean reubicarlos en zonas alejadas de los núcleos urbanos. Asimismo, recalca su rechazo al reparto de inmigrantes ilegales, que fue lo que en su día les llevó a salir de los gobiernos regionales. «La inseguridad y los problemas que ello conlleva no se reparten, sino que se solucionan en origen», afirma Vox.

También se compromete a exigir que el «cumplimiento estricto» de la Ley de Extranjería desde el Gobierno regional, a través de reformas legales que impidan «cualquier fraude de ley en expedientes de extranjería o solicitudes de asilo por parte de inmigrantes ilegales», y a promover el «retorno efectivo» de los menores no acompañados a sus países de origen o bajo tutela de sus familias. Vox propone asimismo acabar con las partidas presupuestarias que se destinen a fomentar o financiar a «chiringuitos y/o ONGs que promuevan el tráfico de seres humanos, colaboren con las mafias de tráfico de personas, y la inmigración ilegal».

Además de la inmigración ilegal, Vox también alerta sobre la inmigración incompatible con nuestra cultural y modo de vida occidental. En este sentido, en el programa indica que mostrarán «tolerancia cero con cualquier forma de islamismo» en la región, defendiendo la identidad, las costumbres y la cultura de España y el deber de los inmigrantes de respetarlo. La formación quiere promover el cierre de mezquitas o centros de culto que «propaguen el radicalismo religioso, ideas contrarias a nuestra cultura e identidad, como el islamismo, la yihad o el menosprecio a la mujer». Y, como ya ha propuesto en otras ocasiones, propone suprimir el Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Aragón para «garantizar la cohesión social y preservar nuestra identidad cultural, especialmente importante en el ámbito educativo».

Asimismo, quiere prohibir en espacios y edificios públicos las vestimentas o atuendos islámicos «que atenten contra los derechos fundamentales y la dignidad de las mujeres», porque, subraya Vox, «son incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres, y que además puedan suponer un riesgo añadido a la seguridad al no poder identificar a la persona» tras ellas. E igualmente propone impedir que se celebren festividades o conmemoraciones «ajenas a nuestras tradiciones» en espacios públicos, al tiempo que se compromete a garantizar que se conservan las fiestas nacionales y regionales tradicionales y se impulsa nuestra gastronomía «frente a la expansión de sellos extranjeros como el halal».