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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y los diputados Carlos Hernández Quero y José María Figaredo

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y los diputados Carlos Hernández Quero y José María FigaredoEduardo Parra / Europa Press

Vox denuncia la opacidad del Gobierno y le exige que diga cuántos menores inmigrantes no acompañados hay en España

  • Critica que el Gobierno plantea a través de sus decretos «un mecanismo de normalización estructural de la inmigración masiva» en vez de plantear cómo reducir o evitar esas llegadas

  • Reclama que se hagan pruebas periciales para conocer la edad real de estos inmigrantes

ha pasado un año y medio desde que Vox decidió salir de los gobiernos argumentando que tomaba esa drástica decisión tras aceptar el PP acordar con el Gobierno un reparto de casi 350 menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias. No era el primero que se llevaba a cabo ni iba a ser el último. La formación de Santiago Abascal denuncia la «opacidad institucional» al respecto y exige saber cuántos menores acoge España en estos momentos.

En una iniciativa que el partido lleva este martes a la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso, alude a los tres últimos reales decretos del Gobierno sobre esta materia: el de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, el de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada y el de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas. Unas medidas que, según subraya en el texto, vendrían a constituir un «armazón normativo» levantado por el Gobierno que «bajo la apariencia de protección a la infancia encubre en realidad un mecanismo de normalización estructural de la inmigración masiva».

Así, apunta entre otras cosas que, por ejemplo, en este último decreto «al fijar la capacidad ordinaria de acogida, el Gobierno establece un umbral que, lejos de ser un límite, funciona como peso mínimo de aceptación». Es decir, de alguna manera hay un «reconocimiento implícito» en él de que España debe acoger cada año a X menores inmigrantes, en vez de un planteamiento para que se reduzcan esas llegadas o no se produzcan. Asimismo, alude a las críticas que vienen realizando desde las regiones ante la falta de información por parte del Gobierno central al respecto de los menores que se supone que deben acoger en cada territorio.

Vox también señala en su texto, por otra parte, que la concentración de estos menores «en determinados barrios y municipios provoca y fomenta situaciones de inseguridad y problemas de convivencia» -de hecho el partido viene reclamando el cierre de todos los centros-, y denuncia una «dejación de funciones» por parte de las administraciones.

Así, el partido de Abascal insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a hacer pública la información relativa al número de menores no acompañados que han sido distribuidos entre las comunidades desde el 1 de junio de 2018 y «especificando los datos correspondientes al último reparto efectuado», así como exponer el número de estos menores que actualmente están en España y de los que entraron como menores ahora están en nuestro país tras alcanzar la mayoría de edad, «concretando su distribución por región, edad, país de procedencia y situación administrativa».

Por otra parte, en su iniciativa parlamentaria la formación insiste en una medida que ya han llevado a los parlamentos autonómicos y que es la realización de pruebas periciales para saber la edad real de esos menores tutelados por los gobiernos regionales, para comprobar si verdaderamente lo son o, como ocurrió tras hacer las pruebas en lugares como Aragón, realmente son mayores de 18 años. En cualquier caso, siendo mayores o menores de edad consideran que deben ser devueltos a sus países de origen.

También solicitan que «en tanto que no se produzca la expulsión del menor de edad no acompañado a su país de origen», el Gobierno central modifique el reglamento de extranjería para que el permiso de residencia de los menores no acompañados «no se prolongue una vez alcanzada la mayoría de edad».

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