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El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge AzcónEFE

Esta es la cantidad que puede gastar cada partido en una campaña electoral

Para esta cita electoral, el Gobierno de Aragón ha blindado la competición electoral con topes de gasto diferenciados por provincias

El camino hacia las urnas en Aragón no solo se decide en los mítines y debates, sino también en el estricto cumplimiento de los límites presupuestarios que marca la ley autonómica. Para esta cita electoral de 2026, el Gobierno de Aragón, a través de la Orden HAP/1791/2025 publicada en el BOA, ha blindado la competición electoral con topes de gasto diferenciados por provincias para garantizar la austeridad y la transparencia.

Este sistema impide que los partidos realicen un desembolso ilimitado, fijando un techo máximo que para una formación que se presente en las tres circunscripciones roza los 782.000 euros. Zaragoza, debido a su peso demográfico, concentra el mayor margen con 570.919 euros, mientras que Huesca tiene un límite de 132.730 euros y Teruel, la provincia con menor población de derecho, cierra el cuadro con un máximo de 78.385 euros por candidatura.

El control financiero se complementa con un modelo de subvenciones públicas que busca compensar el esfuerzo de los partidos siempre que consigan representación en el hemiciclo. La normativa establece un sistema de «pago por resultados» donde la administración autonómica abona una cantidad fija por cada diputado electo y por cada voto obtenido.

Además, existe una partida específica y fundamental para el envío directo y personal de sobres, papeletas y propaganda electoral, el denominado mailing. Esta ayuda solo se activa si la candidatura logra obtener al menos un escaño, permitiendo a las formaciones recuperar una parte significativa de la inversión realizada en logística postal.

Una salvaguarda de la pluralidad

Finalmente, la fiscalización de estos fondos corre a cargo de la Sindicatura de Cuentas, que audita cada factura presentada por los partidos tras el escrutinio. Los partidos deben designar un administrador electoral responsable de que el gasto en publicidad exterior o inserciones en medios no supere los porcentajes establecidos por ley.

En un escenario de fragmentación política como el actual, estos límites actúan como una salvaguarda de la pluralidad, evitando que las formaciones con mayor capacidad de financiación externa saturen el espacio público y asegurando que, al menos en términos económicos, el acceso de las diferentes siglas al electorado aragonés se produzca en condiciones de equidad y proporcionalidad.