Peramato preside su primer Consejo Fiscal entre críticas por ocultar el expediente de rehabilitación de García Ortiz

En plena polémica por la primera solicitud de indulto planteada a favor de Álvaro García Ortiz, que ya ha comenzado a tramitar el Gobierno, su sucesora en el cargo, la fiscal general Teresa Peramato preside, este viernes, su primer Consejo. Un cónclave que se presume crítico con la nueva titular del Ministerio Público quien, hasta la fecha, y pese a las solicitudes formuladas por las principales asociaciones de la Carrera, no ha proporcionado el contenido del expediente interno con el que la Inspección aprobó rehabilitar profesionalmente a García Ortiz, una vez condenado en firme por el Supremo, como único autor de un delito de revelación de datos reservados de un particular. En este caso, el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, este último, presentaba esta misma semana un recurso contra la rehabilitación del ex fiscal general a su plaza como fiscal de Sala (conservando su categoría profesional) en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde elegía destino tras confirmarse que no perdería su condición profesional en activo. Una decisión que Peramato ha hurtado al resto de miembros de la Institución, al propio perjudicado directo, que no fue informado por ningún conducto oficial de la decisión adoptada, y, por extensión, al conjunto de la opinión pública.

De ahí que, según ha podido saber El Debate, la mayoría de los miembros del Consejo Fiscal acudan a este Pleno con la intención de que se dé cuenta de lo ocurrido, con «transparencia».

Mientras tanto, Álvaro García Ortiz reaparecía este jueves en un acto en el Ateneo de Madrid, donde diversos juristas, encabezados por el ex magistrado Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, presentaron un manifiesto crítico con la sentencia condenatoria de la Sala Segunda del Alto Tribunal. A éste se sumaban el primer alcalde de Fuenlabrada (Madrid) tras la Transición y consejero de Educación bajo la Presidencia de Joaquín Leguina (PSOE), Manuel de la Rocha Rubí, la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Pepa Berdugo García-Maestro calificaban de «bochornoso» e «inquitante» lo ocurrido tanto durante la causa penal como con la sentencia.

Una convocatoria que arrancaba con una ovación cerrada en apoyo del ex fiscal general y que era conducido por la abogada laboralista Paquita Sauquillo, quien ha señalado la «dignidad» con la que ha llevado García Ortiz todo el procedimiento que ha sido calificado como «inquietante», fruto de un «maltrato institucional» que ha concluido con la condena del ex fiscal general.

Por otro lado el exmagistrado del Supremo, Joaquín Giménez, que también ha tildado de «decepcionante» la sentencia, señalaba que los jueces han de ser independientes de su ideología en el momento de hacer su trabajo: «Lo que es evidente es que cuando se pone a la hora de enjuiciar tiene que ser independiente de su propia ideología para ponerse al servicio de la ley democráticamente votada en las Cortes.»

Por último, ha tomado la palabra el abogado, político, periodista y cofundador de CCOO, Nicolás Sartorius, quien ha defendido en todo lo momento la presunción de inocencia de García Ortiz señalado que le parece una «aberración» la resolución del Tribunal Supremo. Además ha enfatizado en la parte de la sentencia en la que la culpa recae sobre el acusado o su «entorno». «No tenían ni idea de quién había sido, nunca he visto nada parecido a esto», ha concluido.

Todos los firmantes consideran el fallo contra García Ortiz un «golpe a la confianza institucional» y un «menoscabo» al secreto profesional periodístico. Además, los autores concluyen que la sentencia debe ser anulada en instancias superiores al no haberse acreditado la culpabilidad más allá de toda duda razonable.