El caso PSOE sienta al megaministro de Sánchez en el banquillo dos años después de su estallido

José Luis Ábalos intentó evitar la imagen. Intentó que el Supremo le permitiera asistir por videoconferencia, este jueves, a la vista previa del juicio por el caso de las mascarillas. También Koldo García lo intentó. Ambos alegaron motivos de salud. Pero el tribunal no aceptó su petición; como tampoco su pretensión de recusar a cinco de los siete magistrados que los juzgarán ni, con toda seguridad, la de que el caso sea derivado a la Audiencia Nacional a estas alturas.

Así que Ábalos dejó ayer una imagen para la historia: la del primer ministro de Pedro Sánchez que se sienta en el banquillo de los acusados, acompañado de su exasesor de cabecera, con quien hasta hace menos de un mes compartía celda en Soto del Real, y del empresario Víctor de Aldama. El ideólogo de la campaña de las primarias que aupó a Sánchez a la Secretaría General del PSOE, el muñidor de la moción de censura que le ganó a Mariano Rajoy y del primer Gobierno de coalición con Podemos. El ministro de Transportes, que tenía un poder casi omnímodo y que estaba considerado el vicepresidente en la sombra, hasta que, sin explicación, cayó en desgracia en julio de 2021.

La escena pilló al presidente de retiro informal de líderes en Bilzen (Bélgica), pero su ministro del Interior sí tuvo que responder de ella. Fernando Grande-Marlaska recitó de memoria dos de los salmos que los socialistas llevan dos años repitiendo: «El PSOE actuó desde el primer momento» y «tolerancia cero contra la corrupción». Por el contrario, para la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, la estampa fue «vergonzosa» e «histórica», porque se trata del «núcleo central del sanchismo».

Dos años del caso PSOE

El sábado de la próxima semana, 21 de febrero, se cumplen dos años del estallido de lo que empezó siendo una investigación liderada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, a raíz de que el PP de Madrid denunciara a la Fiscalía Anticorrupción -en abril de 2022- 13 contratos adjudicados por el Gobierno central en plena pandemia, sin concurso público y de forma opaca. Ese día fueron detenidos, entre otros, Koldo García, su hermano Joseba y un por entonces desconocido Víctor de Aldama.

La noticia pilló a Ábalos en el Congreso, que mostró su sorpresa. «Ya me gustaría dar explicaciones (…). Hasta donde yo sé tenía una vida muy normalita, me cuesta creerlo. Yo estoy tranquilo con lo que hice», afirmó. Tan tranquilo que, 24 meses después, tras la Semana Santa se enfrentará a un juicio en el que la Fiscalía pide para él 24 años y 19 y medio para Koldo; en ambos casos por delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

El iceberg empezó a emerger imparable. El PSOE expulsó a Ábalos de su grupo parlamentario y en el Ministerio de Transportes cayó el primer peón: el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por mentir a la Agencia Tributaria y ocultar su relación con Aldama. Fue el caso Koldo durante apenas unos días para después adquirir la magnitud de caso PSOE; cuando empezaron a surgir ramificaciones y derivadas en los ministerios de Transportes, Interior, Hacienda, Industria, Transición Ecológica, empresas públicas, los gobiernos regionales de Canarias y Baleares, la Moncloa y el PSOE, investigadas tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional. Con las grabaciones de Koldo García como mina de oro.

Cuatro imágenes devastadoras

Una de las imágenes más devastadoras para el partido en estos dos años fue la de agentes de la UCO entrando en su sede de la calle Ferraz el pasado 25 de junio para registrar el despacho del que había sido hasta hacía días su secretario de Organización, Santos Cerdán, y clonar sus cuentas de correo electrónico. Otra fue la entrada de este en prisión, el 1 de julio de 2025. Y la de Ábalos, el 27 de noviembre, solo ocho días después de que el juez dejara en libertad condicional a Cerdán. Y la de Sánchez, con grandes gafas, compareciendo en la comisión de investigación del Senado, el 30 de octubre, para dejar un reguero de «no me consta» y «que yo recuerde, no» como respuesta a casi todas las preguntas. Allí defendió la «absoluta trazabilidad» y «limpieza» de la contabilidad del PSOE, y apenas dos meses después el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió abrir una pieza separada para investigarla.

Este jueves, mientras Ábalos asistía a la vista previa de su juicio, el Pleno del Congreso votó una moción del PP para «dar cuenta de la corrupción económica, política e institucional que afecta al Gobierno y del deterioro de la calidad democrática en nuestro país». Nuevamente, y para sorpresa de nadie, los socios de Sánchez sacaron la cara por él y fueron mayoría. Votaron en contra el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, Podemos, el BNG y la diputada Àgueda Micó, de Compromís.