La Constitución de 1978 se prepara para superar a la de Cánovas y convertirse en la más duradera de la Historia

España está a punto de cerrar una anomalía histórica. La Constitución de 1978 se convertirá la próxima smana en la ley fundamental más longeva del país, superando a la de 1876 y poniendo fin a más de dos siglos marcados por textos efímeros, interrupciones abruptas y periodos sin constitucionalismo efectivo. Con casi medio siglo de vigencia, el actual marco legal consolida por primera vez una estabilidad institucional desconocida hasta ahora en la historia española.

Hasta la fecha, el récord lo ostentaba la Constitución de 1876, impulsada durante la Restauración por Antonio Cánovas del Castillo, que permaneció en vigor durante 47 años y 73 días. Esa cifra será superada el próximo 17 de febrero de 2026 si se computa desde el referéndum del 6 de diciembre de 1978, aunque la Constitución no entró formalmente en vigor hasta el día 29 de ese mes.

Durante este tiempo, el texto de 1978 solo ha sido reformado en tres ocasiones, todas ellas de alcance limitado: para permitir el voto de ciudadanos comunitarios en elecciones municipales, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria y, más recientemente, para actualizar el lenguaje relativo a las personas con discapacidad. Una escasa intervención que contrasta con la intensidad de los desafíos políticos afrontados en estas décadas.

Por primera vez, una Constitución aprobada directamente por la ciudadanía –con un respaldo del 88,54 %– ha logrado absorber profundas transformaciones sociales, múltiples alternancias en el poder, un intento de golpe de Estado y graves crisis territoriales sin ser reemplazada por un nuevo texto.

Este hito rompe con una tradición de inestabilidad constitucional que se remonta a comienzos del siglo XIX. El primer intento de dotar a España de un texto con apariencia constitucional fue el Estatuto de Bayona de 1808, aprobado durante la ocupación napoleónica. Sin proceso constituyente ni soberanía nacional, se trató de una carta otorgada por José Bonaparte que apenas tuvo aplicación real y careció de legitimidad política.

El verdadero punto de partida del constitucionalismo español llegó con la Constitución de Cádiz de 1812. La conocida como la Pepa introdujo principios revolucionarios para la época, como la soberanía nacional y la división de poderes, pero su vida fue discontinua y fragmentada. La oposición del absolutismo, encarnado en Fernando VII, provocó su derogación y restauración en distintos periodos, sumando apenas unos seis años de vigencia efectiva.

A lo largo del siglo XIX se sucedieron constituciones de signo liberal y moderado, casi siempre vinculadas a cambios de régimen o a crisis políticas. La de 1837 intentó un equilibrio entre monarquía y liberalismo; la de 1845 reforzó el poder de la Corona y restringió derechos; y los intentos progresistas posteriores, como el texto no promulgado de 1856, naufragaron ante contrarrevoluciones o falta de consenso.

La Constitución de 1869 supuso un salto cualitativo al introducir el sufragio universal masculino y un amplio catálogo de libertades, pero tampoco logró consolidarse. La inestabilidad del Sexenio Democrático, el fracaso de la Primera República y la ausencia de una estructura política sólida precipitaron su caída apenas cuatro años después.

La Restauración trajo consigo la Constitución de 1876, sostenida por el sistema de turnos entre liberales y conservadores. Fue un texto flexible, lo que le permitió sobrevivir durante décadas, pero su vigencia terminó de facto con el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Ni siquiera la dictadura logró articular un nuevo marco constitucional plenamente funcional.

La Segunda República aprobó en 1931 una Constitución profundamente reformista, laica y social, que introdujo avances inéditos en derechos civiles, educación e igualdad. Sin embargo, la polarización política y la resistencia de sectores clave del Estado limitaron su recorrido. Su caída llegó con el golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, un largo periodo sin Constitución democrática.

El texto vigente nació del consenso político de la Transición, bajo el reinado de Juan Carlos I, y sentó las bases de una monarquía parlamentaria, un Estado descentralizado y un amplio sistema de derechos fundamentales. A diferencia de sus predecesoras, incorporó mecanismos de reforma que han permitido su adaptación sin necesidad de ruptura.

La conmemoración de este récord histórico será celebrada por el Congreso y el Senado con un acto solemne presidido por el Rey Felipe VI, en el que participarán tanto parlamentarios actuales como protagonistas del proceso constituyente.