La Fiscalía apoya reducir a 50 metros la distancia del etarra Arzalluz con sus víctimas tras concederle el tercer grado

Continúan las polémicas en torno a los presos de ETA después de que, en los últimos días, el Gobierno vasco concediera tanto un régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, exjefe militar de la banda terrorista, como un tercer grado a Asier Arzalluz Goñi, alias Santi. Precisamente este último caso ha abierto un nuevo frente, centrado ahora en la ejecución de la pena accesoria de alejamiento impuesta en sus sentencias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Sala de lo Penal que aclare la distancia mínima a la que el condenado puede aproximarse a los familiares de sus víctimas, al considerar que la redacción actual puede generar inseguridad jurídica.

Según ha publicado ABC, el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos García-Berro, se ha adherido a la petición de la defensa del etarra para que se concrete el alcance real de la prohibición de aproximación, fijada inicialmente en 50 kilómetros. En su escrito, el Ministerio Público sostiene que esa distancia podría responder a un error material y que, en realidad, la voluntad del tribunal habría sido establecer un alejamiento de 50 metros.

El planteamiento de la Fiscalía se apoya en la necesidad de que las penas de alejamiento permitan al condenado conocer con certeza cuándo incurre en incumplimiento. A juicio del fiscal, una distancia mal definida o de imposible aplicación práctica podría vulnerar el principio de seguridad jurídica, por lo que corresponde al órgano sentenciador aclarar el modo correcto de ejecución sin que ello suponga una modificación de la pena impuesta.

En un auto dictado en noviembre de 2025, la Audiencia Nacional concretó la pena accesoria de Arzalluz en la prohibición de aproximarse a menos de 50 kilómetros de determinadas localidades vinculadas a las víctimas. Sin embargo, tanto la defensa como la Fiscalía consideran ahora que esa concreción pudo no reflejar correctamente el contenido de la sentencia firme.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo han expresado su inquietud ante esta sucesión de decisiones. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado que la acumulación de progresiones de grado, flexibilizaciones penitenciarias y revisiones de penas accesorias está generando una creciente sensación de desprotección entre las víctimas y sus familias.

Desde el colectivo subrayan que el problema no se limita a la legalidad formal de las decisiones, sino a la interpretación que se está haciendo de los requisitos exigidos en delitos de terrorismo, en particular el arrepentimiento real y la desvinculación efectiva del entorno que legitimó la violencia.