Lo que se sabía y lo que no: la cronología paralela del caso que tumbó al DAO de la Policía

La dimisión de José Ángel González Jiménez, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, se produjo en cuestión de horas. Apenas un par después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella por presunta agresión sexual presentada por una agente subordinada, el máximo mando operativo uniformado del cuerpo anunció su salida. Sin embargo, el caso que ha provocado su caída no nació ese martes por la tarde, sino que se había desarrollado durante meses en una doble línea temporal. Por un lado, la judicial, marcada por la discreción absoluta; y por el otro, una más difusa, interna, en la que el asunto existía sin llegar a traducirse en actuaciones formales.

La vía judicial arranca en enero de este año, cuando la denunciante, asistida por su abogado, presenta una querella criminal directamente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. La estrategia fue apostar por la máxima reserva, sin activar canales internos ni comunicar los hechos a mandos policiales o al Ministerio del Interior. El objetivo, según ha explicado la defensa, era blindar el procedimiento frente a cualquier interferencia y permitir que fuera exclusivamente un juez quien evaluara el alcance de los hechos.

Esa querella describe una relación personal previa entre la agente y el DAO, marcada –siempre según el relato judicial– por una fuerte asimetría de poder. Los hechos centrales se sitúan el 23 de abril de 2025, cuando la denunciante asegura que fue presionada para acudir a la vivienda oficial adscrita al cargo de González y allí sufrió una agresión sexual. A partir de ese momento, la querella detalla una sucesión de contactos insistentes, llamadas, mensajes y presuntas presiones destinadas a evitar que denunciara lo ocurrido, así como el uso de recursos públicos para fines privados.

Durante meses, todo ese material permaneció en el ámbito estrictamente judicial, pues no hubo comunicación oficial, ni expediente disciplinario, ni actuación administrativa. El caso avanzaba en silencio, a la espera de que el juzgado decidiera si veía indicios suficientes para abrir diligencias. Ese momento llegó este martes, cuando el magistrado acordó admitir la querella y citó a declarar tanto al querellado como a la denunciante el próximo 17 de marzo.

Es ahí cuando se activa la segunda cronología, la política e institucional. El Ministerio del Interior sostiene que fue entonces, con la querella ya admitida y conocida públicamente, cuando tuvo acceso al contenido completo de la denuncia. Tras ello, tuvo lugar la renuncia del DAO –que se produjo ese mismo día– y la suspensión de funciones a un comisario de su máxima confianza, Óscar San Juan, mencionado en la querella por un presunto intento de mediación laboral para frenar la denuncia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que desconocía los hechos con anterioridad y que, de haber tenido noticia de una circunstancia de tal gravedad, habría actuado antes. En sus declaraciones públicas ha insistido en que el único momento en el que Interior pudo intervenir fue cuando la causa dejó de ser un asunto estrictamente judicial y pasó a tener una dimensión institucional ineludible.

Sin embargo, entre ambos tiempos –el judicial y el político– se abre un espacio intermedio difícil de delimitar. Un terreno en el que el caso, sin estar formalizado ni denunciado internamente, no era completamente inexistente. Durante meses, la denunciante atravesó un progresivo deterioro psicológico que la llevó a ser atendida por servicios especializados, por el equipo psicosocial de la Dirección General de la Policía y, finalmente, a causar baja laboral con retirada de su arma reglamentaria. Todo ello mientras el procedimiento judicial seguía su curso sin publicidad. Ahora, la admisión a trámite de la querella ha roto definitivamente ese equilibrio precario.

En apenas unas horas, el caso pasó del silencio judicial a la máxima exposición pública, provocando la dimisión del número dos de la Policía, la apertura de una crisis interna y un terremoto político que ha llegado al Congreso de los Diputados, donde la oposición política pidió la dimisión de Marlaska. A partir de ahora, será la instrucción judicial la que determine si los hechos constituyen delito y quiénes deben responder por ellos.