El Constitucional fiscalizará el incumplimiento del Gobierno con los Presupuestos prorrogados durante tres años

por primera vez en España, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) entrará a fiscalizar un conflicto institucional, planteado entre órganos –en esta ocasión el Senado frente al Gobierno–por una omisión del segundo, en su obligación de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos, anual, previsto en nuestro ordenamiento.

El Pleno del TC ha admitido a trámite, a propuesta de la magistrada Laura Díez, tal y como avanzó El Debate en exclusiva, el mecanismo activado por la Cámara Alta contra el Ejecutivo, en relación con su incumplimiento del deber constitucional de plantear cuentas públicas en los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que viene haciéndose de las prórrogas presupuestarias durante estos mismos ejercicios y, en su caso, en el actual 2026.

El pasado 17 de octubre, el Senado planteó ante la Corte de Garantías que dicha omisión podría ser contraria al artículo 1.3 de la Constitución (CE), que establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, y al artículo 66.2 CE, que atribuye a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Un escenario que, según lo populares ha distorsionado «por completo» la figura de la prórroga y ha llevado a nuestro país a incurrir en una «anomalía absoluta en el funcionamiento de los Poderes Públicos», inédita hasta la fecha.

También se añadía, como argumento, la posible vulneración del artículo 134 CE sobre los Presupuestos Generales del Estado, del artículo 99.2 y el artículo 23 CE.