El Gobierno pretende aprobar por tercera vez su fallido «escudo social» sin saber cómo

La segunda derrota del llamado escudo social en el Pleno de este jueves en el Congreso ha dejado al Gobierno noqueado. El Ejecutivo ha adelantado que lo intentará por tercera vez, pero aún no sabe cómo. El nudo gordiano es la sexta prórroga de la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional. Junts insiste en que el PSOE ha de sacarla del decreto ley si quiere contar con sus siete votos en el futuro, pero el problema que se les plantea a los socialistas es que ello supondría enfadar a otras fuerzas políticas que Pedro Sánchez también necesita. Especialmente, a Podemos.

Los de Carles Puigdemont presentaron este jueves su propia propuesta al respecto, que pasa por que el Estado asuma «íntegramente» el coste de la morosidad en los alquileres. Según los independentistas, la protección de la vulnerabilidad debe ser asumida «por la Administración y en ningún caso por los particulares«. Su portavoz, Míriam Nogueras, advirtió a Sánchez en una entrevista en Telecinco que no es «un buen mensaje para la gente» acusarles de ser «la derecha o la ultraderecha» por no estar «al 100 % de acuerdo» con el Ejecutivo.

La primera vez que cayó el escudo social fue dentro del llamado decreto ómnibus, en el Pleno del 27 de enero. Entonces, el Gobierno no dejó pasar ni una semana y en el Consejo de Ministros siguiente aprobó dos reales decretos leyes para trocearlo: uno con la subida de las pensiones y otro con las medidas sociales. Medidas que fueron concebidas en la pandemia y que el Ejecutivo ha ido alargando año a año por la vía del decreto ley, ante la falta de Presupuestos. Esta vez no está claro que el nuevo escudo social, o lo que quede de él, vaya al Consejo de Ministros del próximo martes, el primero de marzo.

La vicepresidenta María Jesús Montero estuvo este viernes en la SER y señaló que el Ejecutivo es «inasequible al desaliento» y que, por lo tanto, encontrará la manera de llevar el escudo social por tercera vez. La número dos del Gobierno confió en poder alcanzar un acuerdo con Junts, aunque sin basarse en nada más allá de la fe.

Es más. Montero reconoció que Junts mantiene «una actitud de no comunicación» con el Gobierno, y que esto «dificulta enormemente» la posibilidad de «cerrar acuerdos». En las semanas previas al Pleno de este jueves, el partido de Puigdemont no dio la más mínima señal de querer negociar, lo que tenía al Ejecutivo desesperado. Nada, silencio sepulcral desde que anunciaron que volverían a votar en contra, el pasado 3 de febrero. Es decir, el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el nuevo decreto ley, después de que el PSOE pactara con el PNV que los propietarios de una y dos viviendas fueran excluidos de la norma antidesahucios.

Aunque Junts votó en contra este jueves, los mayores reproches de los socialistas no están siendo contra los independentistas, sino contra el PP. Montero calificó de «extraordinariamente grave» que los populares se opusieran, porque según la vicepresidenta segunda «bloquea el reparto de 25.000 millones de euros» en entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos.