El Ejecutivo apeló a la «doctrina flexible» de la Junta Electoral para que aceptara su versión 'fake' de identificación digital

El Gobierno de Pedro Sánchez obtuvo luz verde de la JEC para que lo que el ciudadano enseña ante las urnas sea en realidad una simple imagen en un teléfono móvil. Una versión fake de identificación digital que nada tiene que ver con su aplicación con un sistema de comunicación segura en tiempo real.

El Ministerio del Interior defendió ante la Junta Electoral Central que el nuevo DNI digital pueda utilizarse para votar sin necesidad de verificar su autenticidad tecnológica. La clave de su argumentación no fue técnica, sino doctrinal y resulta verdaderamente rocambolesca: el Gobierno invocó la llamada «interpretación flexible» que la Junta Electoral ha mantenido históricamente sobre los medios de identificación del votante.

En el informe remitido por la directora general de Política Interior, Carmen López García, sostiene que la mesa electoral solo tendría que mirar la pantalla del teléfono, igual que mira una tarjeta física.

El ministerio lo justifica apoyándose en precedentes de la Junta Electoral que permiten interpretar con flexibilidad la acreditación de identidad del elector. El informe introduce un argumento aún más peregrino: según Interior, existe una «tendencia generalizada a exigir de estas herramientas mayores requisitos de control de los que se exigen al uso de documentos físicos» (sic).

Ese razonamiento le sirve para rechazar la principal medida de verificación técnica que planteaba el Partido Popular: dotar a cada mesa electoral de un dispositivo que permitiera leer el QR del DNI digital y comprobar su autenticidad en los servidores del Ministerio del Interior.

Por si fuera poco, el propio informe considera esa solución «desproporcionada» desde el punto de vista logístico y presupuestario, y advierte además de posibles problemas de cobertura en algunas zonas del territorio.

La conclusión práctica roza el absurdo: como su sistema de identidad digital requiere verificación en tiempo real para autentificarse, pero el sistema electoral español carece de la infraestructura necesaria para realizar esa comprobación en las mesas, pedimos que se apruebe sin la infraestructura digital.

Prescindir del mecanismo de verificación tecnológica y apoyarse en la «doctrina flexible» de la Junta Electoral para validar la identificación visual del documento en el móvil es como instalar cámaras de seguridad en un banco y dar órdenes al vigilante de que no las conecte.

El resultado es un modelo inédito: una identidad digital que, en el momento más crítico de su uso –la acreditación del votante–, es más fácil de falsificar que el DNI físico para los expertos en tecnologías de la información.