Precinto policial para impedir el paso en la pasarela de la senda costera de Cabo Mayor a la playa de La Maruca, en Santander
La jueza pasa a investigar a la gestora del 112 que recogió el aviso de la pasarela mortal en Santander
Entre ellos, ha comparecido la agente de la Policía Local que se encuentra investigada por no haber gestionado ninguna incidencia tras el aviso previo sobre el deterioro de la estructura
La magistrada que instruye la causa por la rotura la pasarela de El Bocal en Santander ha declarado como investigada a la gestora del servicio de emergencias 112 que, el día antes del siniestro en el que murieron seis jóvenes, atendió el aviso de un vecino que alertaba del mal estado de ese paso.
La gestora del 112 ha prestado testimonio este jueves ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, quien ha cambiado la situación procesal de esa trabajadora de testigo a investigada, tras su declaración que se ha prolongado unos 45 minutos.
Fuentes judiciales han señalado que el objetivo de ese cambio ha sido garantizar el derecho de defensa de esa operaria del 112, lo que implica no declarar, no confesarse culpable o ser asistida por letrado.
La empleada del 112 Cantabria, que, según su abogado, lo está pasando «fatal», se suma así a los otros tres investigados que ya hay en esta instrucción: dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la policía local a la que ella pasó el aviso.
La rotura de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, tres del País Vasco, una cántabra, una de la Guadalajara y una de Almería, y fue ingresada en el hospital otra chica de Álava, todos ellos compañeros de estudios. Durante la primera jornada de declaraciones, a puerta cerrada, también ha testificado durante más de 40 minutos la policía local a la que el 112 pasó el aviso del mal estado de la pasarela.
Pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, cuyo derrumbe provocó la muerte de seis personas
Además, la instructora ha escuchado a los dos ciclistas que se encontraron a las víctimas y la pasarela rota y a los agentes de la Policía Científica que realizaron la primera inspección ocular.
También ha declarado el vecino que avisó que la pasarela estaba en mal estado y una vecina, miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, que fue identificada después de que la magistrada pidiera recabar quejas sobre la infraestructura.
Las declaraciones de los testigos han oscilado entre los 20 y 40 minutos y solo la representante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, Marisa Maliaño, ha atendido a los periodistas a la salida del edificio judicial. Según ha dicho, la jueza le ha preguntado si conocía que la pasarela era peligrosa y ella ha respondido que la asociación lleva advirtiéndolo «desde el minuto uno».
En el auto que la magistrada dictó el pasado martes, consideró que la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la pasarela. Por ello, acordó dirigir acción penal contra el jefe de servicio de proyectos y obras de ese organismo y su actual responsable en Cantabria, José Antonio Osorio, que se ha personado en la causa.
La acusación queda compuesta por ocho abogados, siete de ellos de familiares de las seis víctimas y un octavo en representación de la única superviviente, además de la Fiscalía. Por parte de la defensa, se encuentran el Ayuntamiento de Santander, la Demarcación de Costas, la agente de policía local que recibió la llamada, el jefe de la Demarcación de Costas y la gestora del 112.
