La Justicia europea pone el foco en los negocios de Begoña Gómez a punto de enfrentarse a un jurado popular

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, ha vuelto a dar un paso al frente en la investigación que mantiene a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, bajo sospecha, desde abril de 2024. En un auto de 47 páginas fechado el pasado 20 de marzo, el magistrado insistía en acumular las piezas separadas de la causa y remitir el procedimiento al denominado tribunal del jurado si, finalmente, Gómez se sienta en el banquillo. La cita para explorar dicha posibilidad y escuchar a las partes quedaba fijada para el próximo día 1 de abril cuando tanto los investigados y la Fiscalía, como las acusaciones personadas deberán comparecer para precisar las imputaciones formales.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se enfrenta a un horizonte penal complejo. El instructor le atribuye indicios racionales de hasta cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios. apropiación indebida (de marca o software relacionado con su actividad docente), intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. No se trata, en definitiva, de imputaciones menores. Y es que, el juez Peinado ha venido argumentado, desde el arranque de la causa, que existe una «estructura institucionalizada de poder» que habría permitido a Gómez desviar recursos públicos en beneficio de intereses privados particulares.

Por su parte, la defensa de la principal imputada en el procedimiento, no ha tardado en reaccionar. Hace apenas dos días presentaba un recurso contra el auto judicial en el que calificaba los razonamientos del juez de «meras conjeturas» sin respaldo en evidencias consistentes. Y, una vez más, el abogado Antonio Camacho, ex ministro de Interior socialista, solicitaba que se anulase la decisión de orientar la causa hacia un jurado popular y cargaba contra la motivación del magistrado. En su opinión, «falaz» y llena de «olvidos». Para los letrados de la investigada, los hechos que sustentaron la apertura de la causa —especialmente los contratos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés— ya no se investigan en el juzgado de Peinado, sino que fueron reclamados por la Fiscalía Europea, en junio de 2024, por su posible conexión con fondos comunitarios.

Precisamente en dicha rama europea, Begoña Gómez no figura como investigada, sino que ha sido citada en calidad de testigo. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó irregularidades en contratos por valor de 8,4 millones de euros adjudicados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) ligada a Barrabés, gracias a las cartas de apoyo firmadas por Gómez desde su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así las cosas, el posible final de Begoña Gómez en un banquillo, frente a un jurado de ciudadanos legos en derecho, no está siendo lineal. No en vano, la Audiencia Provincial de Madrid (APM) anulaba, en febrero, una decisión anterior de Peinado por falta de motivación suficiente, reprochándole no haber realizado «un mínimo esfuerzo argumentativo» para justificar que dos de los delitos (malversación y tráfico de influencias) correspondieran al tribunal popular. Por ello, Peinado ha rehecho los deberes en este nuevo auto, ampliando la fundamentación y unificando las pesquisas: la malversación ligada a la contratación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, como supuesto ejemplo de desvío de medios públicos para tareas privadas; y, el resto de conductas relacionadas con su dudosa actividad académica y las supuestas influencias de ésta en diferentes adjudicaciones públicas, prevaliéndose para ello de su posición como mujer del presidente del Gobierno.

De hecho, y a pesar de algunas limitaciones concretas, la APM ha venido avalando, en otras resoluciones, la imputación por malversación que se dirige contra Begoña. al describir el papel de su asistentes Álvarez como «más propio de una amiga más interesada en los asuntos lucrativos que en los protocolarios». Sin embargo, la Fiscalía Provincial ha mostrado en ocasiones posiciones más defensivas, llegando incluso a pedir el sobreseimiento de algunos delitos como el de tráfico de influencias, al considerar que las cartas de recomendación firmadas por la esposa de Pedro Sánchez no constituían un ejercicio indebido de influencia.

Mientras tanto, la investigación se ha prorrogado hasta abril de 2026, ante la «numerosas diligencias pendientes» de practicarse. Una penitencia que se alarga en el tiempo para Begoña Gómez quien declaró por primera vez en diciembre de 2024, negando cualquier irregularidad y denunciando un «objetivo político evidente». Desde entonces, la causa ha acumulado más de una decena de varapalos de la Audiencia a resoluciones de Peinado, aunque el núcleo duro de las imputaciones se mantiene intacto.

El próximo día 1 de abril será un día clave. En esa comparecencia se concretarán las posturas de las acusaciones populares y particulares, y se perfilará si el procedimiento avanza hacia el escrito de acusación o si las defensas logran desinflar la causa antes de que llegue al jurado. Un jurado popular que, paradójicamente, juzgaría a la esposa del presidente por delitos que incluyen el posible uso indebido de recursos pagados por todos los contribuyentes.

En los pasillos de los tribunales madrileños se respira cautela. Éste no es un caso cualquiera: combina trazas de poder político, compromete el buen nombre de una universidad pública, salpica a contratos con fondos europeos y se dirige, nada menos, que hacia la figura de la «mujer de». Peinado, un magistrado que ya ha afrontado múltiples recursos y críticas por su gestión pero que insiste en que los indicios sobre los que trabaja son «fundados y sólidos». La defensa, resignada, replica que todo se sostiene sobre hipótesis débiles y que la verdadera investigación sobre los contratos millonarios está en manos de la Fiscalía Europea.

Quedan pocas semanas, decisivas, para conocer el desenlace. Si el caso llega a juicio con jurado, doce ciudadanos deberán valorar si Begoña Gómez cruzó la línea que separa la legítima actividad profesional y el aprovechamiento de la posición institucional de su marido para lucrarse. Por el momento, la causa sigue su curso en el Juzgado 41, con la sombra de Europa planeando sobre parte de las pesquisas y un recurso pendiente que podría retrasar, aún más, el final de la penitencia de la que se ha quejado la 'primera dama'.